El sector privado en Cuba y sus nuevos retos

Introducción

La política económica del Gobierno del Partido Comunista de Cuba, lo que se conoce como “la revolución cubana”, ha sido encaminada desde la década de los 60 hacia la estatalización, en detrimento del sector privado. Al mutar el naciente proceso revolucionario de nacionalista-democrático a marxista-leninista, se encaminó a la eliminación manifiesta de todo vestigio de iniciativa económica individual. En esa década inicial hubo estatalizaciones masivas en todos los sectores de la sociedad.

Ser “negociante” se volvió un estigma y solo la reticencia a incorporarse a empresas estatales de algunos trabajadores manuales y de oficios peculiares, así como muchos campesinos a entregar la propiedad de sus tierras y asociarse a cooperativas estatales, mantuvo un pequeño sector ejerciendo el “trabajo por cuenta propia” e incluso algunos con “propiedad privada sobre sus medios de producción, como en el caso agrícola.

Aunque con un peso minoritario dentro de la economía se mencionaba el fenómeno casi como un defecto, como algo que “la práctica social socialista” y su inminente éxito debían corregir con el tiempo. En el caso de los campesinos propietarios, para que no estuvieran demasiado independientes, se les “colectivizó” igualmente, pero de forma indirecta, a través de una modalidad de cooperativa menos estatalizada formalmente, donde mantenían su propiedad, pero dependían cada vez más del control del estado.

Fuera del agro solo quedaron los remanentes de “patentes” para ejercer oficios más allá del ámbito estatal socializado. Fueron los taxis de la “ANCHAR” con los vehículos particulares anteriores de la Revolución, (los que ya ejercían esta actividad desde antes); algunos relojeros, barberos, cerrajeros y oficios similares. Se dieron casos muy puntuales de médicos, (así como de otros profesionales), graduados antes de 1964, que siguieron ejerciendo en sus consultas privadas. Pero a los noveles desde entonces se les obliga a hacer un juramento, junto al de Hipócrates, de no ejercer la medicina privada.

Cabe señalar que estos oficios y profesiones no tuvieron posibilidades de crecimiento ni desarrollo dentro del sector privado, sino que constituyeron un remanente del viejo modelo capitalista que debía disolverse en el tiempo. El Estado creó empresas de producción y servicios que pretendían cubrir todo el universo de necesidades sociales.

Sin embargo, aún con la inmensa ayuda de la Unión Soviética y el Campo Socialista, el modelo estatal-socializado nunca alcanzó el grado de eficacia necesario para cubrir las necesidades del pueblo y no solo fue incapaz de superar al modelo capitalista previo como vaticinaban, ni siquiera pudieron igualarlo de manera global, a pesar de os éxitos puntuales y esporádicos a base de voluntarismo político.

Solo en la parte social hubo un gran salto, más cuantitativo que cualitativo, pero muy notorio y meritorio por su impacto positivo. Aunque no estuvo carente de efectos negativos por su imbricación y dependencia obligadas al desenvolvimiento económico, que ha llegado a ser precario. Ya que en la producción y los servicios el modelo estatal-socializado cubano fue, es y al parecer será siempre un fracaso.

Fue en este escenario que dejó de existir en nuestro país un “sector privado” como tal, solo quedando vestigios remanentes que pretendían borrar paulatinamente mientras purificaban el socialismo hasta legar, hipotéticamente, a la sociedad comunista. Esa era la meta.

Reforma fidelista tras el derrumbe de la Unión Soviética

Al derrumbarse la URSS y los regímenes homólogos en Europa del Este se derrumbaron muchos sueños en la isla, uno de ellos el de eliminar completamente los vestigios del sector privado. Cuba como parte sobreviviente del Campo Socialista recibió un duro golpe, casi mortal.

Nuestro país entró en una crisis muy profunda porque en 1990 era mucho más dependiente del azúcar (monocultivo-monoexportación) y de un solo socio comercial (la URSS), que lo que fue en 1959 del propio azúcar y de los EUA. Aunque esos aspectos económicos y estratégicos fueron señalados entre los males del capitalismo por los que se hizo la revolución y para solucionarlos se tomó el camino socialista radical.

La crisis fue bautizada por Fidel Castro como “Periodo Especial”. Realmente no se ajusta muy bien a su extraño o al menos ambiguo nombre, porque más que especial fue un “Periodo Terrible”. Aunque en la actualidad es discutible que el país haya salido de esa etapa como anunció el propio Fidel Castro a mitad de la primera década de los 2000, máxime si aún no se ha igualado la situación económica de 1989. No obstante, es cierto que su etapa más aguda e insoportable ha pasado.

En aras de palear sus efectos el Gobierno tuvo que ceder en sus concepciones ideológicas y, como un mal necesario, coyuntural y provisional, permitir ciertos cambios económicos. Entre ellos los que involucran al sector privado. Nuevamente se permitieron los permisos, licencias o “patentes”, como popularmente se le conoce, a más “Trabajadores por Cuenta Propia”, en un número determinado de oficios y actividades económicas. Ara ello se emitió el Decreto-Ley No 141 de 1993, estableciendo las disposiciones generales sobre el Trabajo por Cuenta Propia (TCP). (1)

Junto con esta medida, que fue de orden segundario, se tomaron otras más relevantes en ese momento: la apertura a la inversión extranjera, despenalización del dólar, entrada de remesas familiares desde el exterior, apertura al turismo, se creó el mercado agropecuario no estatal y las tiendas recolectoras de divisas.

Pero transcurridos algunos años la fe en las inversiones extranjeras, el turismo y luego los pingues negocios con Venezuela tras la victoria de Hugo Chávez, crearon expectativas triunfalistas en el plano económico estatal y como consecuencia se dejaron de aprobar nuevas licencias.

Por su carácter limitado estos cambios no generaron el salto económico necesario y aunque produjeron algún crecimiento en la década de los 90 y comienzos de la primera de este siglo, fue demasiado discreto y no se sostuvo. Debido principalmente a los obstáculos del “bloqueo interno” que ofrece la política comunista y por los efectos negativos del bloqueo externo (embargo norteamericano).

Un embargo desde entonces sostenido por la tozudez ideológica de la Habana y su política discriminatoria y de distención con su propia emigración. Más que por la afectación de los intereses económicos y geopolíticos norteamericanos, que motivaron su implementación en los años 60.

En ese marco, al detenerse el otorgamiento de nuevas “patentes” para el trabajo por cuenta propia, y por tener un carácter demasiado limitado, este no llegó a representar una importante fuente de empleo ni significó un sector dinamizador de la economía. Ni siquiera hubo reacción ciudadana o del propio sector cuando se detuvo, pues como “sector privado” no llegó a robustecerse, a sobresalir, ni a jugar un rol notable en la sociedad.

Reforma raulista tras la agudización de la crisis

En 2006 Raúl Castro asume interinamente la dirección del Gobierno y en 2008 recibe el nombramiento oficial. Con un estilo más pragmático, aunque igualmente comprometido con la ideología marxista-leninista, promueve “cambios” dentro del propio sistema socialista estatal-asalariado con vistas a “perfeccionar” el modelo económico.

Y como una arista fundamental, ya no relegado a un segundo plano como en la reforma fidelista, promovió el desarrollo del sector cuentapropista, permitiendo licencias para 178 actividades. Con la novedosa posibilidad de contratar empleados, de crear cooperativas no agropecuarias más adelante (2012), de arrendar locales estatales a cuentapropistas. (1)

Ello, unido a la entrega de tierras en usufructo a particulares, y algunas licencias de TCP vinculadas al trabajo agrícola, constituyó un salto mucho mayor en el papel del sector privado en la economía nacional.

Con la nueva reforma quedó claro que se trataba esta vez de un escenario diferente al anterior, porque el Gobierno de Raúl Castro tenía gran interés en eliminar lo que llamó las “plantillas infladas”. Calculando la existencia de un millón de empleados sobrantes en la empleomanía estatal.

El plan era diagnosticar los “no imprescindibles” y que fueran reubicándose automáticamente, de manera espontánea, entre el sector cuentapropista y los usufructuarios de tierras. Así como en los nuevos empleos productivos del sector estatal, que hipotéticamente crecería de manera paulatina.

Aunque el plan no resultó exactamente así, por los mismos factores intrínsecos del propio sistema, y fue imposible la eliminación de las plantillas infladas, el sector privado sí aprovechó su oportunidad. El esperado crecimiento del PIB nunca llegó, pero el TCP creció exponencialmente por ocho años y atrajo una parte significativa de la población económicamente activa, llegando a ocupar el 13% de los trabajadores cubanos. (2)

Aun lleno de obstáculos, trabas y elementos disfuncionales, endémicos del sistema político-económico del modelo socialista radical cubano, que se extrapolan al naciente sector privado e inevitablemente repercuten de forma negativa; aun así, se produjo un gran crecimiento. Las dormidas fuerzas productivas cubanas se vieron por vez primera, en más de medio siglo, frente a un escenario más favorable que generaba oportunidades legales y muchas veces cuasi-legales. Y reaccionaron de manera extraordinaria.

Fue tan fuerte la reacción que sobrepasó los límites pensados y calculados por el propio Gobierno, a veces ambiguos. Como consecuencia y bajo el amparo “cuasi-legal” del cuentapropismo y el cooperativismo no agropecuario surgieron numerosas pequeñas y medianas empresas privadas (PIMES), que aun estando en el limbo legal y expuestas a la futura aceptación o eliminación, mostraron eficiencia y han cumplido con un rol económico importante y aleccionador.

¿Para atrás o para adelante?

La más elemental lógica nos haría pensar que la legislación debía adecuarse a las exigencias de un desenvolvimiento exitoso y aprovecharse en beneficio de nuestra economía las fortalezas organizativas creadas espontáneamente. Cambiar hacia la creación de un marco apropiado para el crecimiento y desarrollo del sector privado.

Sin embargo, no fue así porque es otra la “lógica” del sistema político cubano. Es por ello que el “boom” cuentapropista fue incorrectamente interpretado por el Gobierno tras más de un lustro de práctica y detuvo parcialmente su crecimiento para someterlo a reevaluación y “perfeccionamiento”.

También la comunidad internacional y muchos cubanos del exilio creyeron que el Gobierno cubano estaba cambiando su postura hacia el sector privado y sería un proceso sin retroceso. Creyeron que poco a poco sería reforzado legalmente en sus nuevas formas evolutivas, hacia el crecimiento cada vez más robusto y eficiente, jugando cada vez más un papel dinamizador de la economía. Lo cual reforzó en buena medida, por un determinado periodo, la “confianza” de inversionistas y entidades financieras. La cual actualmente se está viendo mermada ante la evidencia de un retroceso.

En 2017 se detuvo el otorgamiento de nuevas licencias, en aquellas principales que generaban más situaciones de enriquecimiento y que más que formas de trabajo por cuenta propia propiciaban el desarrollo de pequeños y medianos negocios privados. En un extendido proceso de reordenamiento legal que llegó julio de 2018, cuando se publicó en una Gaceta Oficial Extraordinaria el nuevo documento rector del Trabajo por Cuenta Propia en Cuba. (3)

Previamente, en los debates de la Asamblea Nacional algunos Diputados resaltaban la eficiencia y calidad de los cuentapropistas y cooperativas no agropecuarias (CNA) en sus contratos de trabajo con empresas del Estado, y su impacto en el empleo (13%). Otros Diputados “fundamentalistas” abogaron por frenar ese crecimiento y en efecto ese fue el espíritu que primó en lo que, como excusa, se le llamó solamente “reordenamiento”.

El documento publicado el 10 de julio del 2018 en la Gaceta Oficial Extraordinaria No 35, es un compendio de decretos-leyes, resoluciones ministeriales y disposiciones que regulan las diferentes actividades del Trabajo por Cuenta Propia. De manera general se denota un mayor nivel de organización y aprovechamiento de la experiencia adquirida en ocho años de práctica. Es cierto. Pero por su espíritu y contenido evidencia el interés por evitar el crecimiento del sector privado.

Por ello la nueva legislación representa mayormente un retroceso. Más por lo que no hizo, por lo que no aporta, que por lo que finalmente incrementó en materia de limitantes. En vez de propiciar el crecimiento que la “realidad objetiva” pide a gritos, estableció cotos más claros. Además oficialmente de forma manifiesta se presentaron los cambios con dos objetivos: mejorar la recaudación fiscal y poner freno a la concentración de la riqueza.

Una fórmula que niega incluso su propia doctrina, el marxismo, donde se prevé que en el Periodo de Tránsito hacia el socialismo la economía socializada va ganando espacio económico frente a la empresa privada por ser “superior”. No por gozar de un monopolio impuesto desde las leyes y normas que las preserven y protejan a pesar de su ineficacia demostrada por seis décadas.

Inmediatamente fue muy criticado por la opinión pública nacional, especialmente por el sector privado o cuentapropista que cada vez es más franco y sincero a la hora de manifestar opiniones y quejas. Y que no se expresa de manera más contundentes y exige más por no poseer la posibilidad de agruparse en gremios propios y porque están compelidos a depender del Estado, con pocas garantías, lo que los vuelve extremadamente vulnerables.

En los seminarios de capacitación al sector sobre las nuevas normas hubo muchas críticas. Por la limitación al crecimiento, la prohibición a tener más de una licencia por persona, la obligación de usar una cuenta bancaria de operaciones y el incremento de las multas. Según la Ministra del Trabajo y la Seguridad Social, asistieron alrededor de 150 mil, lo que representa más del 35% de los autorizados. (2)

En el mismo sentido el decreto 349, que regula las expresiones artísticas y forma parte del compendio de regulaciones, fue muy rechazado de inmediato por un grupo de artistas independientes. A los que se fueron sumando más personas inconformes, incluso artistas vinculados a instituciones estatales que consideran que les afecta. En una batalla tenaz que aún no concluye y ha sido enfrentado por el gobierno de Díaz Canel-Raúl Castro con mucha represión.

Es en medio de este ambiente de resistencia cívica y de oposición a la política oficial contra el sector privado que se está llevando a cabo un proceso constituyente controlado por el propio Partido Comunista. Que paradójicamente acepta la “propiedad privada” en la propuesta constitucional que se debate actualmente, junto a las formas “cooperativa” y la “social socialista de todo el pueblo”.

En este sentido el escenario que se presenta es aún más paradójico, ya que el país está sumergido en una crisis general muy aguda donde el sistema estatal-socialista-radical, aun siendo priorizado, ha fracasado rotundamente. Mientras que el incipiente sector privado, con menos recursos y ninguna prioridad, ha mostrado ser más eficiente y va ganando terreno e impacto en la economía y en el funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, desde la política en vez de potenciarse lo que más funciona se persigue lo contrario, limitarlo.

Este ha sido el estreno de Miguel Díaz Canel en la presidencia del país, con Raúl Castro aún al frente del Partido Comunista. Una organización política que monopoliza la política en Cuba y está situada por encima del propio estado y del gobierno desde la propia constitución. Tanto en la vigente como en la nueva que se proyecta actualmente. Es parte de un modelo fracasado que sigue repercutiendo de manera negativa en nuestra sociedad. Cada vez más. En su movilidad, en su aptitud ante la vida y el trabajo, y en sus valores.

¿Cómo fue la apertura del 2010?

El cuentapropismo, embrión forzado del incipiente sector privado.

Desde fines de octubre de 2010 el gobierno cubano, bajo la presidencia de Raúl Castro, comenzó la ampliación del Trabajo por Cuenta Propia en 178 económicas. Ha sido tal la acogida por el sector emprendedor de nuestro pueblo, que de 157 mil ese mismo año, ocho años después y tras más de un año sin permitirse nuevas licencias en las más solicitadas, la cifra alcanza los 593 mil. Lo cual representa el 13% de los trabajadores cubanos y un crecimiento del 301%, a razón de un 37,6% anual como promedio.

Es importante recalcar una y otra vez que el nombre “cuentapropismo” es un eufemismo para evitar reconocer en el país la existencia a partir de entonces de un emergente sector privado. Máxime si era y es previsible que muchas de estas actividades han de funcionar obligatoriamente como micro-empresas y otro tanto crecerían a pesar de los frenos legales, sobrepasándolos y entrando en el terreno de las ilegalidades.

Igualmente, mediante el Decreto-Ley 305 del 2012 se abrió la posibilidad, como un experimento, de crear Cooperativas No Agropecuarias (CNA). El nombre, que se origina como negación de lo que no hacen en vez de especificar su función social, se debe a que hasta ese momento bajo el modelo socialista radical de la revolución cubana solo estaban permitidas las cooperativas en el sector agrícola. (4)

Las Cooperativas No Agropecuarias, donde también se anida el sector privado.

Las cooperativas no pertenecen al sector privado, sino al asociado o socializado. Sin embargo, por su carácter “no estatal” y por las circunstancias nacionales, se ve ubicado en la práctica más cerca del sector privado que de la economía estatal socialista. Que en teoría es socializada igual que las cooperativas, pero en la práctica es “capitalista y monopolista de estado” y en ese sentido antagonista de ambas formas en el escenario cubano.

El estado cubano los regula desde la legalidad y normativas para que tengan dependencia estatal en todos los sentidos, no compitan lealmente con las empresas estatales y poder controlarlos. Pero se ve forzado a aceptar las nuevas formas y por eso divide los actores económicos en dos grandes grupos: estatales y no estatales.

Incluso los estudios oficiales arrojan que “el propio gobierno local identifica las CNA como cuentapropista”, porque principalmente en las CNA inducidas, donde el antiguo administrador es el Presidente, “usted llega y el presidente es el dueño y los supuestos socios son empleados”.

Es una realidad que muchas de las CNA funcionan como empresas privadas, amparadas por esta legislación que abrió un espacio de iniciativa no estatal, y ha sido aprovechada también por la iniciativa privada que carece de la posibilidad legal propia de crear empresas de su tipo, ni siquiera una PIME. Lo cual además de fomentar ilegalidades, junto a la inducción estatal, en unidades de servicios quebradas, conspira letalmente contra la legitimidad y efectividad de este modo de producción que tiene una naturaleza diferente y muy particular.

A pesar de las limitaciones y los procedimientos burocráticos al cierre de 2016, cuatro años después, el país contaba ya con 397 CNA, de ellas 219 (55,2%) pertenecían al sector de servicios gastronómicos, personales y técnicos. Su predominio se debe a que hubo una política estatal dirigida a que el Ministerio de Comercio Interior entregara una parte significativa de sus unidades gastronómicas y de servicios técnicos a esta nueva modalidad, y a la gestión privada o cuentapropista.

En las CNA se han reproducido dinámicas heredadas del modelo estatal. Según explica el sociólogo Francisco Damián Morilla de lo que pudo investigar como parte de un estudio realizado en la Capital, citado por Cubadebate, “aunque la asamblea (de asociados) sigue siendo la principal instancia de participación, estas se caracterizaron por ser espacios silenciosos, donde las decisiones ya venían tomadas”. Esto principalmente en las cooperativas inducidas. (4)

Sin embargo, el propio modelo de implementación de ese tipo de cooperativismo vinculado a los servicios fue también limitado, inducido estatalmente en la mayoría de los casos y altamente burocrático Lo que lo convirtió en un proceso engorroso y en determinadas circunstancias realmente inaccesible para las iniciativas espontáneas principalmente. Colmado de muchas irregularidades. En el cual se anidó el sector privado en no pocos casos, escondido tras un pseudo-cooperativismo.

Solo un pequeño grupo consiguió crear sus cooperativas, más allá de las promovidas estatalmente a partir de unidades de servicios transferidas. Y desde hace más de dos años no es aprobada una nueva solicitud, mientras centenas de solicitudes se encuentran desde hace años pendientes de aprobación al nivel nacional, en un proceso que fue paralizado. Y más bien el número de CNA ha disminuido como consecuencia de una evaluación estatal rigurosa.

El proceso de constitución de una CNA parte de una solicitud de los interesados que debe ser valorada por las autoridades locales del Poder Popular (Consejo de la Administración). Si es aprobada pasa por igual proceso en la entidad homóloga de la Provincia. Y si es aprobada también a esa instancia se presenta a nivel nacional, primeramente en la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo (CPID); y si fuere aprobado nuevamente, entonces esta Comisión es quién lo presenta como proyecto al Consejo de Ministros.

Es a ese nivel y con ese recorrido que se decide la factibilidad o no de una simple cooperativa para cumplir el sueño y las expectativas económicas de un grupo de personas que desean asociarse en un municipio y cubrir un nicho de mercado en el que tienen fe. Un proceso de legalización que debía ser sencillo a nivel municipal corre por todos esos trámites que demoran hasta varios años y desde hace más de dos no se aprueba ninguno.

Un análisis comparativo elemental revela que la inmensa mayoría se concentran en occidente con un total en las cinco provincias de Pinar del Río, Artemisa, Habana, Mayabeque y Matanzas de 335 (84,3%). Pero concentradas principalmente en la Habana, con 221, que representan el 55,6% de todas las del país. En el resto, que suman 10 provincias, solo el 15,7%. Evidenciándose una gran asimetría o disparidad en la medida en que se alejan de los centros burocráticos decisorios. (4)

Según la Ministra Mari Blanca Ortega, publicado por medios oficiales y citado por el Nuevo Herald, “el 32% de las unidades han pasado a formas de gestión no estatal”. (5). A este grupo mayoritario se le conoce como “cooperativas inducidas”, que por no partir de un principio básico y elemental del concepto mismo de “cooperativismo”, que es la espontaneidad, arrancó con serios problemas.

Las CNA de la construcción merecen algunas reflexiones. Aunque constituye la modalidad más solicitada en todo el país, muchas solicitudes duermen en el sueño eterno en espera de ser aprobadas y por eso no son todavía predominantes, ni están todas las que se necesitan.

En 2016 eran 60 y a pesar del impase en la aprobación de nuevas CNA, datos del MICONST de marzo del 2018 indicaban que “70 cooperativas de la construcción han sido aprobadas en todo el país”., de estas “69 fueron constituidas y solo 62 están funcionando, después que 2 fueron disueltas y cinco están en proceso de disolución”. También se mantiene la tendencia del resto porque “el 60% están en la Habana”. (6)

Aunque en menor grado que en las CNA inducidas en el sector gastronómico y de servicios técnicos, en las CNA de la construcción también se han producido distorsiones. Muy pocas funcionaban como verdaderas cooperativas, donde todos los socios son iguales, sino como empresas privadas donde un pequeño grupo de socios (que más parecen accionistas) tomaban las decisiones e incluso tuvieron privilegios en la apropiación de las utilidades. Pero lo más significativo fue relacionado con la contratación de fuerza de trabajo extra.

La estrategia de funcionamiento se encaminaba más a contratar empleados temporales que a sumar socios, mostrándose así más interés por funcionar como una empresa capitalista que como una cooperativa, usando el modelo de CNA porque es el que existe, el que es posible, no por una vocación cooperativista, por creer en la economía solidaria. Por ello el estado, que no desea el fomento de la empresa capitalista, limita la contratación por solo tres meses.

Igualmente, las CNA de la construcción fueron las que mostraron interés y vieron posibilidades de mercado para traspasar sus límites geográficos. Establecieron filiales en las provincias y polos de desarrollo estratégicos del estado. Por las distorsiones realmente parecían empresas privadas cobijadas de cooperativas.

La solución estatal fue prohibir. En el verano de 2017 el MICONST emitió las “Orientaciones sobre el perfeccionamiento del funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias”. Disponiendo que: “no contratarán empleados para realizar actividades que se correspondan con el objeto social”, “solo podrán realizar las actividades propias de su objeto social en la provincia donde radique, dando un plazo de tres meses para liquidar los que estuvieran en ejecución”; y al mismo tiempo les prohibía “crecer en socios, ni contratar servicios en actividades comprendidas en su objeto social”.

Sin duda fueron estranguladas en su crecimiento. Y no fue una medida contra el crecimiento del cooperativismo, que prácticamente no existe en realidad como tal, sino contra el crecimiento que tienen como sector privado escondido en las cooperativas. Porque como afirma Ovidio D Ángelo “no hay un movimiento cooperativo, tenemos cooperativas, y aisladas” (4). Y lo detienen en vez de separarlos con legislaciones para ambos modos de organizar las actividades económicas, mientras los propios especialistas oficiales recomiendan que “el mensaje no puede ser quitar las cooperativas. Hay que promover las cooperativas y crear condiciones para que funcionen” (4).

Para que realmente funcionen como lo que son, lo cual primero pasa de manera imprescindible por crear condiciones para que existan al menos las PIMES. Y así cada variante de organización económica pueda cumplir su rol social sin distorsiones provocadas por la legislación deficiente que promueve la ilegalidad.

En opinión del mismo investigador Ovidio D Ángelo, derivada de lo antes expuesto, “en el momento actual confluyen la falta de apropiación de experiencias cooperativas internacionales, un vacío conceptual y una práctica marcada por urgencias”. Otro investigador del mismo estudio, Ricardo Jorge Machado, señaló que “hace falta una conceptualización de qué cosa es una cooperativa y analizarla desde el punto de vista de la teoría de las organizaciones y de las organizaciones.

Finalmente, Valdez Paz puntualiza desde su óptica oficialista que, si las cooperativas “son formas de autogestión, y el socialismo es autogobierno y autogestión al final de la historia, ¿cuál será la contribución del cooperativismo al desarrollo democrático de la revolución cubana? (4). Lo que más que una interrogante es de un clamor histórico de los “tanques pensantes” del sistema, desoídos tradicionalmente por una clase política testaruda por su naturaleza militar e inepta.

¿Cuáles son exactamente las nuevas regulaciones al TCP?

El pasado 10 de julio del 2018 fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No 35 con las normas que implementan la política de “perfeccionamiento” del Trabajo por Cuenta Propia (TCP). Las 178 licencias iniciales llegaron a incrementarse hasta más de 200, pero con el proceso de reordenamiento, que incluyó unificaciones y eliminación de licencias, el número total bajó a 123.

El documento anunció la reapertura de un grupo de licencias que llevaban más de un año paralizadas para nuevos otorgamientos, en total 27; el reordenamiento de algunas actividades relacionadas con los servicios gastronómicos y de belleza; un grupo de limitaciones y nuevas exigencias normativas, financieras y fiscales; modificaciones tributarias y organizativas; y nuevas políticas para el transporte. A entrar en vigor 150 días después, el pasado 7 de diciembre.

Limitaciones (7)

Se derogaba la posibilidad de poseer varias licencias por una sola persona. Con esta medida se pretendía limitar al máximo al sector privado y fue catalogada como la más extremista y asfixiante de todas. Se pretendía poner freno a la proliferación de varios negocios en manos de un solo dueño, en este caso más que cuentapropista actúa como un capitalista, cuando el negocio crece, tiene empleados y se delega en un ayudante o responsable.

Pero la medida no solo limitaba a los negocios más grandes sino también a muchos pequeños, verdaderos trabajadores por cuenta propia que se verían afectados. Los vendedores de bisuterías y útiles del hogar, por ejemplo, poseen varias licencias porque no se unificaron sus actividades. Y la nueva prohibición casi anulaba el negocio porque solo podían mantener una, limitando la oferta. Si se quedaban con las bisuterías no podían vender objetos de metal o de plástico, o talabartería, y así por el estilo.

Los grandes emprendedores y los prestanombres de familiares en el exterior que invertían sus capitales en varios negocios de los más lucrativos y que podían crecer con empleados y delegar, serían los más perjudicados. En una batalla manifiesta contra la concentración de la riqueza y por una política fiscal estricta, casi draconiana.

El estado cubano prefiere detener el crecimiento de las fuerzas productivas cubanas y desmovilizar la afluencia e inversión de capital cubano, aunque sea indirecto, para evitar el empoderamiento de una clase capitalista emergente. Por dos grandes razones, la primera que se asustaron con el crecimiento y eficacia que desplegaron prácticamente sin condiciones y con muchos factores en contra. Poniendo competencia significativa en algunas ramas al sector estatal, al cual podría amenazar en el futuro. Y la predominancia de la empresa estatal socialista es una política de estado.

Y la segunda por el temor a que el empoderamiento económico reclame con el tiempo empoderamiento político. Además de una mayor imbricación con el estado y que ello fomente mucho más la corrupción, que es un flagelo que corroe el sistema desde las estructuras de base hasta los niveles centrales de la administración del estado.

Se podría ejercer en un mismo domicilio solo una licencia de las tres que involucran los servicios gastronómicos, que autorizan 50 capacidades cada uno: restaurante, cafetería o bar y recreación. El objetivo era evitar el crecimiento, que sumaran capacidades y se convirtiera en un negocio más grande, con prestanombres o una especie de cooperativa familiar escondiendo un negocio mayor. Precisamente lo que pretendían poner freno.

Solo se exceptuaban los restaurantes del barrio chino, por ser un sitio emblemático atractivo para el turismo internacional y con vínculos con la Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana, Eusebio Leal.

No se otorgarían licencias en cinco actividades. Comprador vendedor de discos; operador de equipos de recreación; vendedor mayorista de productos agropecuarios; vendedor minorista de productos agropecuarios; y carretillero o vendedor de productos agrícolas de forma ambulatoria. Sin embargo, se mantiene activas las mismas a los que ya la poseen, pudiendo mantenerse en la actividad.

El por qué es diferente en cada una de ellas, aunque hay tres relacionadas, sobre la comercialización de productos agropecuarios.

La de comprador vendedor de discos es la que se usa realmente para vender y difundir el “paquete de la semana” a la población, mediante la grabación de productos audiovisuales en memorias USB, teléfonos y discos. La cual en primer lugar es una actividad con visos de ilegalidad pues se basa en la difusión sin permisos de contenidos con “copy righ” de productores diversos, principalmente extranjeros.

Pero tiene otras connotaciones, precisamente porque burla el monopolio mediático del estado y el partido comunista, a través de los medios oficiales. El paquete semanal se ha ganado al público cubano en detrimento de los programas de la televisión oficialista, teniendo la primacía en proveer a la población de contenidos audiovisuales para su consumo. Algo que se escapa de las manos y repercute negativamente en la difusión clara o subliminar de la propaganda del sistema.

La de operador de equipos de recreación debe estar relacionada su cesantía para nuevas licencias en la existencia actual de gran número de estos “empresarios” que van de carnaval en carnaval y al parecer se aglomeran demasiado en las calles habilitadas para estos fines. Además de las cuestiones técnicas que se argumentan, pero eso ya es cuestión de los inspectores que deben exigirlas, más que de una prohibición.

Las relacionadas con la venta de productos agropecuarios, mayorista, minorista y carretillero, está motivada por varias causas. Primeramente representan una competencia muy fuerte para Acopio, la empresa estatal encargada de la comercialización agrícola, así como las empresas que comercializan el ganado porcino y ovino-caprino.

Estas gozan del monopolio con derechos sobre el 80% y en algunos casos más, de las producciones, imponen precios, son ineficientes en la recogida a tiempo, muy burocráticos y tardíos en el pago. Los “particulares” pagan en efectivo, oscilan precios según el mercado y son rápidos comercializando pues alquilan transportes igualmente particulares.

Aunque es muy difícil cuantificarlo, actualmente se estima que más del 50% de las producciones de viandas, hortalizas y carnes son comercializadas por el sector privado, cuando el nicho de mercado que les ha reservado el estado es tan solo el excedente del 20% que deja en manos del campesino para su autoconsumo.

También está el problema de las limitaciones urbanísticas. El estado desea concentrar esta actividad minorista en mercados, para evitar la proliferación exponencial de “timbiriches” que afecten el ornato público más de lo que está por los problemas del crítico estado habitacional. Y en el caso de los carretilleros, que deambulan por las calles. Sin embargo, en la mayoría de los casos es interés de los cuentapropistas acercarse al cliente y tener su negocio en su propia casa y barrio. Y en el caso de los mayoristas, son los más competitivos con Acopio.

La obligatoriedad de funcionar con una cuenta de operaciones en el sistema bancario. En la legislación anterior era una posibilidad abierta al sector privado, pero en la actual es una obligación, inicialmente solo para seis licencias: las tres gastronómicas (restaurante, cafetería y bar-recreación), la de servicios constructivos, la de arrendador de viviendas y espacios, y la de transportista en la capital.

Aunque las seis licencias solo representan el 4,87% del total (123), con respecto a la cantidad de contribuyentes o cuentapropistas sí es significativo, 13% (80 mil). Y aún más en lo referente a la contribución fiscal, que debe ser mucho mayor pues involucra las más lucrativas. Presumiblemente más de un tercio de la recaudación.

La cuenta bancaria es un mecanismo para el control fiscal, según se reconoce públicamente. Igualando solo en este sentido a los cuentapropistas con las empresas, en la obligación del uso de la cuenta de operaciones. Sin embargo, no les reconocen como tal ni le atribuyen personalidad jurídica.

El saldo mínimo para abrir a cuenta y obligatorio para mantenerla activa sería de tres cuotas tributarias mensuales. Y el cuentapropista tendría la obligación de depositar el 80% de sus ingresos brutos mensuales y solo retener en sus manos el 20% para gastos imprevistos. Con la posibilidad, claro está, de disponer de su capital para el funcionamiento de su negocio, pero obligado a extraerlo del banco y declarar su uso.

Se elimina la exoneración de impuestos por la contratación de hasta 5 trabajadores. Y se modificó en lo referente a la escala progresiva, adecuándolo al salario mínimo y modificando la cuantía. Se mantiene el 5%, ahora en los primeros 5 con respecto al salario medio, una característica peculiar del modelo cubano que toma como referencia ese valor y no el salario mínimo, que es más exacto. De 6 a 10 empleados sería sobre la base de dos salarios medios. De 11 a 20 sobre la base de tres salarios medios. Y de 21 en adelante sobre la base de seis salarios medios.

Evidentemente es una política de desestímulo al crecimiento de los negocios privados sobre la base del empleo de mano de obra ajena. Lo que reamente desean es el cuentapropismo, que el dueño sea el único que trabaje, pero lo aceptan como un mal necesario. Y entonces acuden al impuesto progresivo sobre el empleo de trabajadores contratados, para que no les sea factible económicamente el crecimiento.

Algo que es contradictorio también desde el punto de vista de la política de generación de empleos. Mientras el sector estatal es incapaz de generar nuevos empleos y menos aún empleos más atractivos para la población económicamente activa, que elige emigrar por falta de opciones, el sector privado podría ser una opción aquí mismo de prosperar. Sin embargo lo desestimulan y gravan draconianamente la utilización de más de cinco empleados.

Otro cambio se da en el incremento de los montos de las multas y adecuaciones de medidas contra las contravenciones en el trabajo por cuenta propia. Es necesario que exista un cuerpo de inspectores que vele por la legalidad y por las normas, pero estas deben tener un carácter no solo represivo sino también educativo y que no cierre las puertas a la propia inclusión.

Desaparecen las multas menores de mil pesos cubanos (1000 CUP), siendo esta cuantía la menor. Es importante destacar que equivale a cuatro (4) salarios mínimos y a 1,25 del salario medio que utilizan como norma de cálculo. Y es el equivalente, como promedio, de un salario mensual de los trabajadores contratados por el sector privado, y el que predomina fuera de la Habana y los polos turísticos.

Puede ser multado con mil pesos el cuentapropista que simplemente no tenga los documentos a mano para entregarlos a revisión del inspector, no informe rápido un cambio de su domicilio legal o comercialice algún producto importado por él u otra persona.

La multa es el doble, 2 mil pesos (CUC) y puede ser cesado por dos años de ejercer el TCP, por ejemplo, si se extralimita en las actividades descritas en su licencia. Si un vendedor en una feria tiene una licencia de bisutería y o sorprenden vendiendo un estuche de metal para guardar las bisuterías, sería multado. O si vende una cartera. Si un grabador del paquete de la semana le vende a un potencial cliente una memoria USB a plazos para que pueda comprar su producto habitualmente, como estrategia de marketing, incluso sin valor agregado, puede ser mutado.

Incluso si varios miembros de una vivienda poseen varias licencias y estos se complementan unos a otros, funcionando como una cooperativa, serían multados. Por ejemplo, un organizador de fiestas, un centro de belleza, un fotógrafo de quinces y bodas y un bar-recreación, se pueden complementar en un solo servicio completo y dividir utilidades y ofrecer un servicio completo. Eso está prohibido y se multa con dos mil pesos más el castigo por dos años.

Igual los restaurantes tienen una barra como bar asociado al servicio gastronómico, pero solo a las licencias de bar-recreación se autoriza a ofrecer cócteles. Si un cliente lo solicita al bar-man del restaurante y este accede, y es sorprendido, sería multado con los 2 mil pesos y castigado los dos años sin trabajar.

Por trabajar o ejercer una actividad económica sin licencia autorizada también es multada la persona y no podría solicitar una licencia de cualquier TCP por el término de dos años. En cualquier país del mundo normal, si un comerciante o manufacturero es sorprendido fuera de la ley podría ser multado, pero sería de interés de las autoridades que enseguida se legalice y fuese productivo dentro de la ley y pagando impuestos. Y si genera empleos mejor. En Cuba no.

El transporte privado de carga y pasajeros también ha sufrido adecuaciones que generan insatisfacciones. Para ello se dictó el Reglamento del Decreto Ley 168 sobre la Licencia de Operación del Transporte (LOT). La licencia de cuentapropista es la misma para todos los transportistas, pero la LOT especificará el tipo de actividad autorizada por la Oficina de Transito Territorial.

Para el servicio de taxis habrá tres modalidades: taxi en ruta fija, taxi de ruta libre y taxi especial de alto confort o clásico. El objetivo es que unos no invadan significativamente el espacio o mercado de las otras modalidades y al mismo tiempo garantizar que las tres estén cubiertas. Pero esto deja poca libertad a los taxistas frente a las oportunidades del mercado, que se dan en el momento.

Por ejemplo, un taxista de ruta fija lleva un pasajero que le ofrece alquilarlo para que o lleve hasta su casa cuando se bajen los demás pasajeros y sería lógico que aceptara. Sin embargo, sería una contravención y sería multado. Igualmente, si le piden una carrera hasta el aeropuerto, o un extranjero se le acerca en la piquera y le ofrece dar una vuelta por la ciudad en su “almendrón”, porque lo considera clásico. Os propios clientes serían perjudicados ni entenderían por qué un taxi solo puede realizar determinada ruta o actividad. Es demasiado control y regulaciones.

El estado ve el servicio de trasporte privado como un complemento al estatal, no como un fin, ni como la modalidad a generalizarse. Por eso lo somete constantemente a cambios y experimentos que al final solo perjudican a la población y a los transportistas. Como protesta se han producido en distintos momentos “huelgas silenciosas”, debido a que están prohibidas las manifestaciones de protesta. Salen a la calle, pero circulan vacíos para crear crisis en las calles y llamar la atención con su inconformidad ante las regulaciones extremistas.

Igualmente, con el transporte por tracción animal se presentan numerosas situaciones de abuso estatal hacia los cuentapropistas. Los necesitan, principalmente en los municipios donde el transporte público por ómnibus es escaso o nulo. Les imponen rutas, el precio del pasaje, a veces absurdamente bajo, les prohíben circular por determinadas calles, y los multan con montos ajenos completamente al costo-beneficio de la actividad que ejercen.

Por ejemplo, la multa para un botero en la capital que gana 3 mil pesos en el día o un arrendador de divisa que gana similar, si no tiene los papeles a mano, es igual de mil pesos (CUP), que un cochero con igual falta. Sin embargo, hay muchos municipios donde el pasaje cuesta solo un peso, por reglamentación de la oficina de transporte, y deben transportar mil pasajeros para pagar la multa. Lo cual les tomaría una semana trabajando íntegramente para ello, sin gastos personales ni en el coche, ni en herrar el caballo ni comprarle alimentos.

Según dijo en una Mesa Redonda la Vice-Ministra del Ministerio del Transporte, Martha Oramas, “los porteadores privados brindan un servicio alternativo, complementario y necesario al servicio público, y representan el 90% de todas las licencias de Trabajo por Cuenta Propia” en el país. (8)

Solo el último es un cambio enteramente positivo para los cuentapropistas involucrados.

Los arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios podrán arrendar a personas jurídicas. Es una medida que amplía el mercado al sector privado y también le brinda una nueva opción al sector estatal de hospedaje en rentas particulares, ante las restricciones que tienen en instalaciones del MINTUR y del turismo internacional en temporada alta.

La retractación de algunas limitaciones

En la Gaceta Oficial No 77 del 2018, publicada el 5 de diciembre pasado, se establecieron significativas modificaciones de algunas de las limitaciones más importantes y otras fueron derogadas. Ocurrió dos días antes de la fecha de entrada en vigor de las nuevas normativas para el Trabajo por Cuenta Propia (el día 7, 150 días después de su publicación en la Gaceta Oficial el 10 de julio).

-Fue derogaba la prohibición de tener más de una licencia, aunque quedó sujeto a análisis puntuales, condicionándose solo a la capacidad de poder desempeñarlos.

-Igualmente la prohibición de tener más de una licencia, incluso a nombre de diferentes personas en un mismo domicilio, si se trataba de las tres licencias gastronómicas (restaurante, cafetería y bar-cafetería). Y con ello el límite de 50 capacidades, quedando condicionado a a capacidad del local.

-Con respecto a la cuenta de operaciones en el sistema bancario que llevarán las seis licencias a las que inicialmente se les exige, se redujo el saldo obligatorio a depositar inicialmente. Tanto para abrirla como para mantenerla. De tres cuotas tributarias mensuales se bajó a solo dos. Y e porcentaje a mantener sin obligación de depositar, del ingreso bruto, fue elevado de un 20% inicial a un 35%.

-En la licencia de panadero-dulcero se esclarece que puede vender bebidas no alcohólicas, incluida cerveza.

-El Decreto-ley 349 que es parte de las normativas del TCP por su vínculo con los artistas en la prestación de servicios, y que generó además de los estados de opinión negativos junto con las limitaciones finalmente derogadas, también actos de protesta cívica por los afectados, no fue derogado.  Pero su implementación quedó pendiente, fuera del ámbito estatal, a la publicación del reglamento, donde se prevé que “se suavice” el espíritu inicial, que se considera autoritario y limitante de la libertad creativa.

Repercusión

Sin lugar a dudas la retractación de las medidas más asfixiantes al sector privado ha sido una victoria del pueblo contra la burocracia autoritaria del Partido-Gobierno. No fue consecuencia de una reevaluación casual, de una rectificación endógena o de rutina, fue el resultado victorioso de una lucha social contra las medidas absurdas que afectan al pueblo en general y a sectores sociales muy determinantes en particular. Como son el artístico y el privado (o cuentapropista).

Jugaron un papel determinante las quejas valientes y sinceras de los propios cuentapropistas en los talleres de capacitación y en las redes sociales. Igualmente tuvo su impacto la repercusión que tuvo en la prensa independiente (no oficial). E incluso en la opinión pública internacional, que interpretó las regulaciones justo como lo que son, un retroceso.

Ha ocurrido todo en un escenario especial de cambio de Gobierno, donde la generación histórica del sistema socialista radical (la revolución, como le llaman), entrega el mando paulatinamente a una generación más joven, que no llegó al poder por las armas sino por captación política dentro del Partido Comunista y por lealtad al régimen. Miguel Díaz Canel, el nuevo presidente del país, co-gobierna con Raúl Castro, quien detenta el verdadero poder al frente del Partido Comunista.

Y sus primeros pasos al mando fueron torpes y obligados a la retractación por presión social. Lo cual es un buen augurio de que nuestro pueblo está despertando cívicamente y de que el nuevo gobierno tiene que contar cada vez más con un pueblo que no será tan dócil como de costumbre en estas seis décadas.

Conclusiones

El sistema cubano, basado en las ideas radicales del marxismo-leninismo y el estalinismo, defiende la economía planificada y centralizada, con un sistema empresarial basado en bajos salarios y el predominio de la empresa estatal llamada socialista, pero que en realidad es capitalista de estado, de tipo monopólico. Ahora en el nuevo escenario asociadas con el capital trasnacional. En un proceso que viene dándose desde los 90, pero es desde el 2010 que se convirtió una política de estado y que en 2018 está siendo incluida en la constitución.

Aunque el partido-gobierno reconoce el valor del sector privado como inversionista extranjero y abre espacios a esa iniciativa privada externa, no reconoce siquiera igual derecho ni da posibilidades al sector privado nacional. Ni dentro ni fuera de la isla. Solo admite la figura eufemística de “cuentapropismo”, para los residentes en el país solamente.

Y tras ese marco estrecho y limitado ha abierto posibilidades a los emprendedores cubanos como un mal necesario, algo aceptado solo por las coyunturas económicas adversas y de crisis general que enfrenta el sistema por su fracasado modelo. Porque el gobierno teme al empoderamiento del sector privado nacional porque lo considera una amenaza competitiva con su ineficaz modelo de empresa estatal socialista centralizado y planificado. Así como contra su poder político despótico y totalitario.

En ese sentido en 1993 el Gobierno de Fidel Castro hizo una primera apertura al Trabajo por Cuenta propia, la cual significó un paso importante para el sector privado, pero tuvo alcances limitados y fue detenida tras unos primeros años de auge. Especialmente por la confianza ciega e ilusoria del gobierno en una pronta recuperación económica ayudada por el turismo y la inversión extranjera, que nunca llegó.

Tras el fracaso y la aguda crisis de la primera década de este siglo, Raúl Castro ya en la presidencia impulsa nuevas medidas que ampliaron las anteriores y crearon nuevas aperturas y flexibilidades, aun dentro del mismo modelo estatista centralizado.

Entre ellas impulsó lo que continuó amando Trabajo por Cuenta Propia, esta vez con mayor alcance y con una función social más relevante. Aunque sometido a un régimen fiscal demasiado fuerte y desestimulante. Que junto a las Cooperativas No Agropecuarias y la entrega de tierras ociosas en usufructo representaron un viraje en cuanto al rol de los sectores no estatales en la economía cubana.

Tras siete años de experiencia la nueva apertura, que se dio en un escenario menos controlado que el anterior, los emprendedores cubanos aprovecharon la oportunidad y no solo se redujeron al limitado papel reservado al cuentapropista, sino que se desplegaron en muchos casos como verdaderos capitalistas, sobrepasando sus límites legales y permitidos, presionando a flexibilizaciones y creando dependencia social sobre sus bienes y servicios. Incluso dentro de las cooperativas no agropecuarias proliferó el sector privado escondido, por falta de una legislación que permitiera al menos las PIMEs.

Cuando todo el mundo y la más elemental lógica auguraba una nueva legislación que permitiera el crecimiento del sector privado cubano, para que desplegara a plenitud las potencialidades probadas y ayudara en mejores condiciones al desarrollo de nuestras fuerzas productivas, sucedió todo lo contrario. El gobierno reconoció su eficacia y su impacto social positivo, pero detuvo la aprobación de nuevas licencias en las más importantes en espera de una nueva regulación.

Más de un año tomó elaborar el nuevo compendio de decretos-leyes, resoluciones ministeriales y reglamentos. Y finalmente cuando sale a la luz el 10 de julio del 2018 reveló un espíritu “restrictivo”, encaminado a cuartar el crecimiento y desarrollo del sector privado, y limitarlo dentro del estrecho marco del cuentapropismo.

Tras una reacción popular y del propio sector que incluyó muchas quejas, estados de opinión negativos, desmotivación, incremento de la emigración y hasta la lucha social como protesta, el nuevo gobierno de Díaz Canel-Raúl Castro se vio forzado a rectificar en las más drásticas limitaciones y retractarse. En lo que se considera una derrota de los sectores más radicales que promovieron el retroceso y un triunfo de nuestro pueblo contra el despotismo que impone un modelo económico disfuncional.

Pero a pesar de la retractación de las limitaciones, aún el espíritu de la política oficial cubana hacia el sector privado o cuentapropista es negativo. Pretende poner coto a la riqueza en vez de promoverla. Y ponen límites al crecimiento de los negocios privados con disímiles normas y con una política fiscal desestimuladora.

Lo que cierra toda expectativa de que el sistema cubano sea capaz de auto-reformarse y superar sus trabas ideológicas, siquiera en el terreno económico, como ha sucedido con el socialismo asiático. Quedando claro que mucho menos lo hará en el terreno político. Lo cual reafirma que es un sistema fracasado y que no representa los intereses ni las expectativas del pueblo cubano.

Referencias bibliográficas

• “Amplían en Cuba trabajo por cuenta propia”. Septiembre 24, 2010. Cubadebate, Internet.
• “¿Qué desea conocer del trabajo por cuenta propia en Cuba?”. Figueredo Reynaldo, Oscar; Izquierdo Ferrer, Lissett; Carmona Tamayo, Edilberto. Octubre 3, 2018. Cubadebate, Internet.
• “Gaceta Oficial de la República de Cuba No 35”. Julio 10, 2018. Ministerio de Justicia, Cuba.
• “Cooperativas no agropecuarias: qué dicen los expertos”. Sosin Martínez, Eileen. Mayo 17, 2018. Cubadebate, Internet.
• “Cooperativas no agropecuarias en Cuba se concentran en el sector servicios”. (tomado de agencia EFE). Marzo 2, 2017. Nuevo Herald, Internet.
• “Cooperativas de la construcción en Cuba, cinco años después”.
• “Trabajo por cuenta propia: se ratifican norman y se aprueban importantes modificaciones”. Figueredo Reynaldo, Oscar; Izquierdo Ferrer, Lissett; Carmona Tamayo, Edilberto. Diciembre 6, 2018. Cubadebate, Internet.
• “Mesa redonda informativa”. Diciembre 5, 2018. Cubavisión Internacional. YouTube, Internet.