Cuando no ya la política y la ideología, sino el sentido común indica a gritos que el pueblo cubano necesita urgentemente libertad económica para no hundirse más en la pobreza y poder iniciar la reconstrucción del devastado país, el nuevo “gobierno” decide hacer exactamente lo contrario: impone más restricciones al incipiente sector privado, que es el motor que mueve toda economía en el mundo moderno.
Ello revela el divorcio que existe en Cuba entre los generales, coroneles, comandantes, la alta nomenklatura civil del Partido Comunista y el Estado, y el resto de los 11.2 millones de sus habitantes, o sea, el pueblo que ellos dicen representar como gobernantes. Esos dirigentes “revolucionarios” viven en una burbuja capitalista de Estado para ellos solos, disfrutan de la vida como gente muy rica, o hasta millonarios. Al resto de sus connacionales que los parta un rayo. Eso es, a fin de cuentas, el socialismo.
En esta ocasión las nuevas zancadillas a los cuentapropistas rayan en la criminalidad, dada la profunda crisis económica como consecuencia de la inviabilidad de un modelo absurdo, y el cataclismo socioeconómico ocurrido en Venezuela.
Las nuevas trabas al quehacer económico del país entrarán en vigor en diciembre de 2018, y agravarán la crisis nacional. La dictadura prohibirá que un cuentapropista pueda operar más de un negocio. Un ejemplo sencillo: si alguien alquila parte de su casa a un turista extranjero y a la vez le ofrece desayuno y almuerzo, o cena, yo no lo podrá hacer, irá a la cárcel. Y quien tiene hoy un “paladar” en El Vedado y otro en La Habana Vieja tendrá que cerrar uno de las dos.
¿Resultado? Esos emprendedores tendrán menos clientes, y como obtendrán menores ingresos en vez de pagar más al Estado en impuestos pagarán menos. Todo el mundo perderá y la pobreza social aumentará.
El colmo es que entre las nuevas trabas está la de prohibir que haya personas que aparezcan en papeles como dueñas de un negocio pero que realmente solo representan al verdadero propietario, para que no haya “concentración de riquezas”. También les exigirán que muestren documentadamente de dónde provienen los fondos para abrir el negocio.
Se trata de una burla. Los jerarcas del régimen tienen en el extranjero millones de dólares y boyantes negocios a nombre de testaferros, que incluyen en muchos casos a sus propios hijos, nietos y sobrinos, incluso dentro de Cuba. Todos son ricos, pero con la diferencia de que hicieron sus inversiones con divisas robadas al Estado.
Y esto lleva a otra gran burla. Se argumenta que con las nuevas medidas se evitará que se usen productos y “materiales de procedencia ilícita”. Si no hay un mercado mayorista, y el mercado minorista tampoco tiene esos insumos y materiales, la gente los consigue como puede: soborna a directores, administradores, jefes de almacenes y policías, o los sustrae directamente de los almacenes.
Lejos de hostigar al sector privado el gobierno debe apoyarlo y facilitar que se expanda. Solo así se puede disminuir la pobreza que agobia a la sociedad cubana. Actualmente, según cifras oficiales de mayo último, hay en el país 591,456 cuentapropistas, que emplean a unos 700,000 trabajadores. En conjunto, en ese asediado mundo privado ya labora el 12% de la fuerza de trabajo de la nación.
Por razones político-ideológicas la dictadura se niega a informar qué proporción del Producto Interno Bruto (PIB) genera ese 12% de los trabajadores cubanos, que lamentablemente, también por razones ideológicas, no pueden producir bienes industriales ni tecnológicos, sino solo prestar ciertos servicios primarios, y no profesionales.
Solo un dato: en China, gobernada por el mismo Partido Comunista de Mao Tse Tung, el sector privado genera casi el 70% del PIB mayor del mundo luego del de EE.UU.
Por otro lado, ¿qué significa la propuesta de reconocer “el papel del mercado y las nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada” en la reforma constitucional? ¿El camino a las piñatas de la nomenklatura o entregar el país a la inversión extranjera antes que a los cubanos? ¿O ambas cosas?
Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC)
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