La actual Tarea de Ordenamiento vio la luz porque Raúl Castro se espantó ante la posibilidad de que los emprendedores se independizaran económica y políticamente del régimen y compitiesen con GAESA.

Raúl Castro echó abajo el “contrato social”, impuesto por más de sesenta años, entre el estado comunista y la población: “te quito tus libertades y derechos pero te doy empleo, salud y educación”.  En lo adelante se refirió de manera peyorativa a ese arreglo como el  “papá-Estado” y anuncio que había que liquidarlo (pero sin reconocer derechos ni libertades). Acto seguido acabó con “subsidios” y “gratuidades” y  abandonó a la ciudadanía a su suerte, sin beneficios sociales suficientes para sobrevivir. Con el advenimiento del llamado “Ordenamiento” se impuso de manera brutal la lógica de  “sálvese quien pueda”. Y todo eso ha ocurrido en medio de una devastadora crisis económica y una letal pandemia. ¿La respuesta del partido a las quejas ciudadanas? Muy sencilla. La culpa la tiene Trump y Estados Unidos.

Los resultados de esta  paradójica terapia de choque son desastrosos. Pero el régimen, en cambio, habla de su “éxito”.

Es falso que el “Ordenamiento” genera más empleos

Los resultados de esta  paradójica terapia de choque son desastrosos. Pero el régimen, en cambio, habla de su “éxito”.  El presidente Miguel Díaz-Canel y el funcionario de más jerarquía encargado de implementar estas medidas, Marino Murillo,  dicen que más de 100,000 personas que no tenían vinculación laboral alguna se han incorporado al trabajo desde que se suprimieron subsidios y gratuidades.

Falso. Periodistas independientes reportan que dicha cifra no puede ser posible porque de cada dos personas que van en busca de empleo, una regresa a su casa sin lograrlo. O bien porque no hay suficientes empleos disponibles, o porque les ofrecen salarios muy bajos. Por algo Alejandro Gil, ministro de Economía, ahora dice que la previsión de dar empleo en  2021 es de 20.000 puestos de trabajo. Por supuesto que no explican demasiado el motivo de la corrección. Saben que para comenzar nadie cree sus cifras y promesas, así que ¿para qué rectificar lo que nadie creyó desde el inicio?

Sin “desvíos” de almacenes estatales en Cuba no se sobrevive

Según cifras oficiales  en la isla hay 2.5 millones de personas en edad laboral que no trabajan y otras  600,000  trabajadores que perdieron el empleo por la crisis económica y la pandemia.

No hay que hacer mucho esfuerzo mental para advertir que en Cuba solo se puede dar empleo a tres millones de desocupados si se restablece la libre empresa. Por cierto, la mayoría de esos nuevos empleados estatales son cuentapropistas que tuvieron que cerrar sus negocios en contra de su voluntad  porque se volvieron irrentables a causa de la Tarea de Ordenamiento. La receta del caos: limites bajos de los precios de los productos a vender y altísimos para adquirir los insumos necesarios para producirlos, amén de las multas exorbitantes, confiscaciones y encarcelamientos por cualquier motivo. Lejos de levantar el bloqueo a la producción no estatal lo han incrementado.

Así y todo, es obvio que los cubanos ya  prefieren trabajar por su cuenta y no depender  de un sueldo estatal miserable yen empleos donde además   son utilizados política y sindicalmente como  si fueran robots del gobierno. Los economistas cubanos estiman que el sector  informal de la economía genera el 35% del Producto Interno Bruto. El Estado no satisface las necesidades de la población  y ésta se sumerge en  la economía clandestina,  que se nutre básicamente del robo de productos en almacenes y fabricas del Estado. En el lenguaje oficial que esconde cualquier problema esa realidad se conoce como “desvíos de recursos” estatales.

Cuando Lenin  fundó el primer Estado comunista del mundo impuso la consigna “El que no trabaja, no come”.  En Cuba comunista hasta hace muy poco si los trabajadores no recibían remesas, o se apropiaban de productos estatales en las fábricas y almacenes no comían. Hoy se hace difícil incluso sobrevivir de ese modo.

El mercado negro y las tiendas oficiales están desbastecidas y sus precios se ven arrastrados por el proceso inflacionario. Por otro lado, en los almacenes del estado cada vez hay menos productos que puedan sustraerse.

En abril de 2020 la Federación de Mujeres Rurales (FLAMUR) y la Liga de Campesinos Independientes alertaron de la proximidad de una hambruna si no se liberaban las fuerzas productivas agropecuarias. El gobierno no hizo nada y la hambruna ya toca las puertas de las zonas urbanas.