La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, alerta sobre las tácticas represivas del gobierno cubano, que en el transcurso de 2021 han alcanzado una escala directamente proporcional al propio terror que invade al régimen ante el impacto de las acciones de la emergente sociedad civil.

A partir del impulso que generó en el pueblo el accionar de los Movimientos San Isidro 27 N y 27 E, la dictadura reorganiza y combina las herramientas de su metodología represiva de la siguiente forma:

ASESINATOS DE REPUTACIÓN: A través de sus medios de comunicación, el gobierno reforzó su campaña de desmoralización, enfocada en activistas, opositores y movimientos que exigen cambios concretos en la realidad que martiriza a la sociedad cubana. Los activistas miembros del movimiento San Isidro, periodistas independientes y opositores, han sido expuestos públicamente como mercenarios y personas de cuestionable reputación. El régimen utiliza perfiles falsos en las redes sociales para atacarlos.

ACTOS DE REPUDIO: Grupos de respuesta rápida se han reactivado, para protagonizar actos de repudio, amenazantes y tumultuarios, en medio de una grave crisis sanitaria. Opositores, activistas, periodistas independientes y miembros de la sociedad civil que reclaman el respeto a sus derechos, son constantemente repudiados por turbas al servicio de agentes de la policía secreta de la dictadura.

CONTROL DIRECTO Y ACOSO FÍSICO: Agentes al servicio de la policía política, se apostan 24/7 frente a las viviendas de activistas o miembros de la sociedad civil que no simpatizan con el gobierno. Estos represores en la gran mayoría de los casos les impiden la libertad de movimiento, incluso para trasladarse a buscar productos de primera necesidad. En muchos casos tocan a sus puertas e irrumpen en sus hogares con discursos amenazantes, en presencia de sus familiares.

CÁMARAS DE VIGILANCIA: En medio de un océano de miseria y necesidades la dictadura emplea miles de dólares y recursos humanos en instalar potentes y costosas cámaras de vigilancia frente a las viviendas de numerosos activistas y opositores.

MULTAS ARBITRARIAS: Oficiales de la dictadura citan a miembros de la oposición, artistas, activistas y pueblo en general, y les imponen costosas multas basándose en sanciones arbitrarias, sin fundamento legal. Así abusan de una sociedad que vive una situación económica crítica, acentuada aún más por los efectos de la pandemia.

LLAMADAS TELEFÓNICAS AMENAZANTES: Opositores y miembros de la sociedad civil, como campesinos, religiosos, periodistas independientes, opositores e intelectuales, denuncian acoso telefónico y amenazas constantes contra ellos y sus familiares, así como amenazas directas de enviarlos a prisión.

PINTURA DE FACHADAS: Familias cubanas que se han sumado a la campaña Patria y Vida, pintando esa consigna en las paredes de sus hogares, son asaltados por agentes al servicio del régimen, que, con latas de pinturas y ofensas, borran los letreros que ellos escriben.

VIOLENCIA POLICIAL: Oficiales de la policía política agreden brutalmente a activistas, artistas, intelectuales, opositores y ciudadanos en general, que realizan protestas pacíficas públicas contra el sistema y la crisis imperante.

USO DE ALTOS FUNCIONARIOS EN ACCIONES VIOLENTAS: El ministro cubano de cultura Alpidio Alonso atacó físicamente a activistas del 27 N frente al ministerio de cultura y al periodista de Diario de Cuba MaurIcio Mendoza. Los viceministros Fernando León y Guillermo Solenzal apoyaron, con actos violentos, la conducta del ministro. El gobierno espera que sus funcionarios establezcan con su ejemplo la norma de obediencia y violencia que esperan sigan sus subordinados.