La agricultura en Cuba

Introducción. Etapa revolucionario-fidelista. Reforma raulista. Principales causas del fracaso. Nuevas regulaciones. Decreto-Ley 358, sobre los usufructos (4). Nuevas regulaciones impositivas (9). Consideraciones generales. Recomendaciones

Introducción

Tradicionalmente Cuba ha sido un país eminentemente agrícola. Con un clima cálido tropical estacionalmente húmedo, altos valores de radiación solar y poco potencial para la minería de oro y plata, desde la etapa colonial prevaleció la actividad agropecuaria.

Primero de subsistencia. Luego comercial aprovechando en Occidente el auge que propició la preponderancia del Puerto de la Habana en el “sistema de flotas” entre España y América. Y en el resto de la isla alejado de las oportunidades legales primó el comercio “de rescate” o contrabando. Pero finalmente la caña de azúcar, perfectamente adaptada a nuestras condiciones agroclimatológicas, fue ganando protagonismo hasta que la industria azucarera se convirtió en el renglón principal de nuestra economía.

Hubo progresos paulatinos a base de la explotación del trabajo esclavo en el sistema de plantación y las oportunidades de mercado abiertas tras la debacle producida por la revolución de Haití. Ya en la segunda mitad del siglo XIX comienza un vertiginoso desarrollo potenciado por el capital norteamericano, acrecentado en la naciente república vinculada a los EUA. Llegamos a ser una potencia azucarera durante casi todo el siglo XX y en las décadas de los 70 y 80 se alcanzaron zafras entre 7 y 8 millones de toneladas de azúcar.

Otros cultivos también se han destacado históricamente por su calidad e importancia, como el tabaco, el café, el arroz, plátanos, cítricos, maíz, distintas viandas, cacao, hortalizas y la ganadería, que en la época del sistema de flotas llegó a ser un renglón relevante.

Nuestro clima y la calidad de nuestros suelos son apropiados para una agricultura eficiente, sostenible y competitiva. No solo para autoabastecernos de la mayoría de los alimentos que consume o necesita el país, sino también para la exportación en diversos renglones.

 

Etapa revolucionario-fidelista

El gobierno revolucionario (devenido comunista) llegó al poder en 1959 con muchas promesas, entre ellas desarrollar aún más la ya importante agricultura cubana. Diversificarla, modernizarla y hacerla más rentable. Llevaron a cabo dos reformas agrarias muy radicales, que otorgaron propiedad de las tierras a los campesinos que las trabajaban en calidad de arrendatarios, precaristas y aparceros.

Un acto de “justicia” que se hizo en detrimentos de los dueños terratenientes que no fueron compensados y convirtió al Estado en propietario del 80% de las tierras de cultivo, el mayor terrateniente de Cuba (1). A este tipo de propiedad se le llama eufemísticamente “propiedad de todo el pueblo”.

Otra consecuencia fue la destrucción súbita de un modelo agropecuario que funcionaba con aceptable eficiencia. En su lugar se estatalizó el agro cubano como el resto de la economía y se inició un proceso de colectivización presionada de diversas maneras. Los 120 mil campesinos beneficiados se agruparon en cooperativas bajo diferentes modalidades: Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), entregando sus propiedades a la cooperativa como persona jurídica; y Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), manteniendo la propiedad de la tierra como persona natural. (1)

Grandiosos planes agrícolas potenciados desde la política y el voluntarismo dilapidaron enormes recursos financieros y materiales, pues terminaron siendo abandonados e inviables. En poco más de dos décadas redujeron casi a la mitad la masa ganadera y millones de hectáreas de tierra quedaron improductivas o subexplotadas, dando espacio al marabú y otras malezas.

El modelo planificado de la economía, estatal-asalariado, voluntarista y politizado, impidió la efectividad de las mejoras tecnológicas y la modernización que, además, no fueron sostenibles. La centralización burocrática e inoperante desestimuló a los trabajadores agrícolas y violó en el campo las técnicas agrarias que los propios especialistas formados recomiendan, teniendo en cuenta las experiencias exitosas en todo el mundo. Las consecuencias lógicas son los bajos rendimientos agrícolas e industriales, especialmente en la industria azucarera que era el corazón económico del país.

En la década de los 90 tras la extinción de la URSS se perdieron los subsidios, importación de fertilizantes, mercado seguro y precios preferenciales para el azúcar cubano. La producción sustentada principalmente en esas ventajas cayó en más de un 50%, con los mismos centrales y la misma área sembrada de caña (2). Igualmente sucedió con otros rubros como el café, la ganadería intensiva, los cítricos y el arroz.

Salieron a relucir los efectos de la poca eficacia administrativa dirigista centralizada, el atraso agroindustrial, los malos manejos agrotécnicos, el exceso de planificación, la burocracia, la ausencia de competitividad mercantil y la falta de interés en la producción por parte de los asalariados agrícolas. A ello se sumó un periodo de inestabilidad y predominio de bajos precios en el mercado azucarero.

De poco o nada sirvió que se convirtieran 78 mil granjas estatales en cooperativas UBPC (Unidades Básicas de Producción Cooperativa), acudiendo a la iniciativa económica no estatal en un simulacro de cooperativización que mantuvo el control estatal de la propiedad, la gestión, el estímulo y el mercado. Un ensayo de pseudo-colectivización monitoreado en lo económico por las mismas empresas estatales que hundieron el sector con su ineficiencia. (1)

A la vez que, políticamente, el Partido Comunista mantenía su control a través de la ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños). Los mismos que contribuyeron a la debacle con la politización de la economía, estableciendo compromisos emulativos internos o de deudas internacionales que obligaban a violar normas técnicas de gran costo a mediano y largo plazo.

En 2002 el gobierno cubano decidió destruir más del 50% de la industria azucarera en vez de cuestionarse la funcionabilidad del modelo económico que propiciaba el fracaso. Políticamente fue una decisión personal de Fidel Castro que sorprendió con la idea a los técnicos y científicos del sector mientras en una reunión le planteaban un plan para reformular la industria azucarera. La idea era no destruir ningún central, solo ceder las tierras menos aptas para el cultivo a la agricultura no cañera, alrededor de un 20%. (*)

Por otro lado Fidel Castro había iniciado una batalla internacional contra la producción de biocombustibles que impulsaba en EUA y ganaba ecos en todo el mundo. Que era defendida por su antagonista ideológico George W. Bush. En esos momentos se abrió un importante mercado de etanol (la caña de azúcar tiene el mayor potencial), lo cual ofrecía una gran oportunidad. Pero prevaleció la decisión política personal frente a la económica y se desechó la oportunidad de readaptarse y producir una cuota de biocombustible como alternativa.

Finalmente se estabilizó el mercado azucarero y mejoraron sustancialmente los precios gracias al creciente mercado de biocombustibles, pero ya los centrales azucareros cubanos habían sido destruidos. Por otro lado la tarea “Álvaro Reynoso, encaminada a redimensionar las tierras e infraestructuras en otras actividades productivas, fue otro fracaso voluntarista que se sumó a la gruesa lista de ideas megalómanas de nuestros líderes “comunistas”.

Las nuevas tierras abandonadas, ¡decenas de miles de hectáreas!, se sumaron a las ya cubiertas por el marabú, antes expropiadas principalmente a los ganaderos por la Reforma Agraria, en un proceso homólogo anterior de destrucción de la ganadería cubana.

El Estado cubano se reafirmó como un gran terrateniente con un porcentaje altísimo de tierras ociosas (se estima en 3 millones de hectáreas, alrededor del 50%). Y reacio a cederlas al pueblo para su explotación individual, pues Fidel Castro se resistía a aceptar que la economía que ellos llaman “socializada” no funcionara y cediera a la iniciativa privada.

Mientras tanto el país importaba más del 80% de los alimentos y cientos de miles de cubanos deseaban un pedazo de tierra para cultivar. (3)

Reforma raulista

Con 6.2 millones de hectáreas de superficie agrícola, (en 1959 eran 6.6 millones, disminuyó en un 6.1%), es un hecho que nuestro país tiene un potencial agrícola muy elevado. Raúl Castro, más pragmático que su hermano pero igualmente comprometido con concentración de la propiedad y la ineficaz economía estatal planificada centralmente, una vez en el poder catalogó el sector agropecuario como “un asunto de seguridad nacional”.

Apenas tomó posesión como Presidente del país en 2008 (desde 2006 fungió como Presidente interino), promulgó el Decreto-Ley 259 que permitió la entrega de tierras en usufructo. La necesidad de esta nueva reforma agraria, (que es en efecto es lo que se está haciendo desde entonces), lo demuestra el hecho de que una vez entrado en vigor el decreto en septiembre, en poco más de tres meses al finalizar el año 2008 se habían entregado casi un millón de hectáreas de tierras ociosas (4). Evidencia gráfica de la avidez del campesinado cubano por tener más tierras donde cultivar.

Ya en 2013, cinco años después, se habían entregado 1,5 millones de hectáreas. Y hasta la actualidad (2018) la cifra alcanza 1.9 millones de hectáreas a 222 mil campesinos. Sin embargo en un proceso normal de decantación, agravado por errores asociados a la entrega, solo se hayan en explotación 1.22 millones de hectáreas de tierra en manos de 151 mil usufructuarios (4). Lo cual es una cifra considerable (20% del total de las tierras). Es de destacar que todos los usufructuarios están obligados a asociarse a una cooperativa agropecuaria y al régimen de pago de la seguridad social.

Además de esta medida el “Plan de Raúl” incluyó prioridad en el financiamiento del sector agrícola, en la producción de frijol, maíz, arroz, tabaco, café, plantas forestales y otros. Se han invertido también cuantiosos recursos en maquinarias, infraestructura agroindustrial, almacenes, insumos, frigoríficos, silos, logística de acopio, embalses de agua, canales y sistemas de riego. Y los precios de los productos del agro se ajustaron a la realidad del mercado cubano, constituyendo un incentivo productivo.

Igualmente en la actividad pecuaria y porcina se han hecho grandes inversiones. Se incrementó el precio de la leche comprada a los campesinos (luego subsidiada a la población a un precio acorde con el salario). Igualmente una parte significativa de las tierras entregadas en usufructo tienen como objeto social la cría de ganado mayor, de carne y leche, insertándose en planes de desarrollo.

En 2008 Raúl Castro prometió públicamente que “cada cubano podrá tomarse un vasito de leche” y que el país dejaría de importar la mayoría de los alimentos que consume porque seríamos capaces de producirlos con eficiencia.

Situación actual

Tras una década de su implementación la nueva estrategia agropecuaria del país no ha mostrado el resultado esperado. Tan solo discretos e insuficientes crecimientos. Ni el país ha dejado de importar el 80% de los alimentos ni el agro cubano produce con eficiencia ni ha alcanzado significativos volúmenes y crecimientos. Tampoco ha sido posible el vasito de leche prometido.

La causa principal es que se mantuvo en esencia la misma estructura improductiva e ineficaz que destruyó por más de cinco décadas la economía cubana y como parte de ella la agricultura. Al mismo tiempo que dilapidaron cuantiosos recursos financieros, naturales y humanos que no tienen un resultado económico factible, como vuelve a suceder con el plan raulista de desarrollar la producción nacional de alimentos.

El Gobierno esperaba una disminución paulatina de la importación de alimentos, cuyo ahorro en divisas unido a supuestos crecimientos exportables en varios ramos serían la fuente del capital de pago a las deudas contraídas para la recuperación del sector. Si embargo en 2014, seis años después, el país importó alimentos por una suma superior a los 2 mil millones, según declaró Machado Ventura en el X Pleno de la UJC, cifra que presumiblemente se mantiene.(5)

Un monto superior a lo que se importaba antes, 1500 millones anualmente entre 2008 y 2010 cuando se inició la nueva reforma con sus inversiones. Lejos de disminuir los gastos crecen. Y aunque puede haber incrementos relacionados con alzas de precios en el mercado, según el mismo alto dirigente el porcentaje se mantiene en el 80% del consumo nacional, lo cual evidencia que no hubo cambios significativos hacia la autosuficiencia alimentaria.

Las estructuras estatales que controlan el mercado de divisas prefieren comprar en el extranjero en lugar de establecer contratos viables con los campesinos y sus agrupaciones. Mientras las trabas y regulaciones estatales para evitar que los campesinos se enriquezcan produciendo y vendiendo sus productos siguen impidiendo el desarrollo agropecuario.

Las importaciones de alimentos continúan representando alrededor del 20% del total y la producción interna no ha representado el ahorro de divisas esperado. Además el sector, que ocupa a un millón de cubanos, (el 20% de la población económicamente activa), tan solo representa un 3.6% del producto interno bruto (PIB), muestra de su baja productividad. (1)

“La leche prometida” sigue siendo una quimera por todas las impedimentas a la producción de ganado vacuno. Su distribución no se ha incrementado, sigue asignada solo a niños de 0 a 7 años de edad, algunos ancianos y pacientes de determinadas enfermedades. No ha sido posible pues el crecimiento discreto de 2.6% en la producción no lo permite y aún no se cubre la demanda con ese nivel de abastecimiento reducido, siendo necesario todavía importar grandes volúmenes de leche en polvo. El “vasito de leche” ofrecido por Raúl Castro seguirá pendiente. (6)

Con respecto a la ociosidad de las tierras, aunque se partió de una situación crítica con alrededor del 50% en 2008 y dos años después todavía el 40% continuaban improductivas, sigue siendo un lastre que 900 mil hectáreas continúen ociosas en todo el país (14.5%) mientras se siga importando el 80% de los alimentos y gastando alrededor de 2 mil millones de dólares que podrían dedicarse a otras ramas de la economía. (7)

Una parte de esas tierras ociosas están en manos de usufructuarios que aún no las han puesto en explotación totalmente, algunos retrasados y otros dentro del plazo convenido. Y otra parte en manos de empresas estatales incapaces de utilizarlas o insuficientemente explotadas.

Se encuentran principalmente en áreas estatales menos atractivas logísticamente, cubiertas de marabú o con poca calidad de los suelos, que no han sido puestas en explotación y otras ya “liberadas” pero no solicitadas aún en usufructo. En poder de los campesinos propietarios las tierras ociosas son casi inexistentes.

Una consecuencia de la reforma raulista que puede considerarse potencialmente positiva, si se crean los estímulos adecuados, es que actualmente el 80% del área destinada a las actividades económicas agropecuarias en el país están en manos no estatales, casi completamente en el sector cooperativo. Es decir que la estructura de la propiedad en el modelo agrícola actual ha cambiado, pues asigna el papel central en la producción de alimentos del país al sector no estatal. Una situación inversa a lo que ocurría hasta 1990 y muy diferente a la de 2008 heredada por Raúl de su hermano.

Los productores no estatales se asocian en diversas formas cooperativas: Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC). Solo permanece una minoría insignificante de campesinos propietarios no asociados en cooperativas, generalmente con pequeñas parcelas, cuyas producciones normalmente no se contabilizan pues raramente son comercializadas a través de empresas estatales.

Con semejante predominio en 2016 el sector agrícola no estatal aportó el 95.4% de los frijoles, 93.2% de las frutas, 92.8% de las viandas, 82.7% de las hortalizas y 78% del arroz. A pesar de ello su nivel de eficiencia es todavía ligeramente inferior al del sector agrícola estatal, que tiene privilegios en la asignación de recursos y sufren una carga burocrática menor. Pero en ambos están muy distantes de los rendimientos potenciales de cada cultivo por hectárea. (6)

El sector no estatal en igual superficie cultivada y con la misma fuerza de trabajo involucrada que en 2011, hasta 2017 solo ha logrado un discreto incremento de la productividad por hectárea del 2.79%. Crecimiento ínfimo si los rendimientos por hectárea están muy distantes de ser competitivos y justificar las inversiones, en muchos cultivos por debajo del 50% del potencial. (6)

Naturalmente el elevado peso de la producción no estatal implica que sean los resultados de ese sector los que juegan un papel determinante en la autosuficiencia alimentaria del país, que pasa por el logro de una agricultura moderna y exitosa. Ello implica que el centro de la política agrícola debe estar dirigido hacia ese sector, a liberar sus fuerzas productivas y permitir que desarrolle todo su potencial.

La agricultura cañera por su parte se ha visto golpeada por prolongadas sequías, huracanes y etapas de intensas lluvias; pero la causa fundamental de su desastre radica en el arrastre de los mismos problemas de ineficacia del sistema empresarial estatal asalariado y planificado que llevó al sector a la ruina y evita que la producción se revitalice.

Con una capacidad agrícola e industrial de al menos 3 millones de toneladas de azúcar en la actualidad, la producción apenas rebasa el millón de toneladas (1.1 en la zafra 2017-18) y los rendimientos agrícolas no alcanzan las 40 mil arrobas por caballería, que es el mínimo rentable.

El país tiene un potencial productivo discreto de promediar 60 mil arrobas por caballería con el 20% de las áreas bajo riego, perfectamente posible actualmente. Solo con un buen manejo varietal, cumplimiento riguroso del periodo de rotación de las cepas, adecuado cuidado de las normas técnicas durante la cosecha mecanizada y buenas atenciones culturales. Por supuesto que acompañado de salarios y estímulos adecuados.

Principales causas del fracaso

• Los campesinos más exitosos están en condiciones y necesitan ampliar su superficie agropecuaria en explotación, para extender su negocio y en ocasiones poder así hacerlas más rentables, pero la Ley los limita a 5 caballerías (67.10 ha). Por eso en el caso de usufructuarios se ven compelidos a prescindirlas o al fraude, lo cual es contraproducente.
• La propiedad particular de la tierra es intransferible, no se permite la compra-venta. Ello limita su adquisición por aquellos campesinos más exitosos o con interés y mantiene en manos ineficaces, muchas veces desinteresadas en la actividad agrícola, la propiedad de la tierra heredada.
• Nuestras cooperativas no son espontáneas, ni tan voluntarias, ni democráticas, ni trazan su propio reglamento. Se rigen por normas nacionales centralizadas, mediatizadas por las empresas agrícolas municipales y por la ANAP, que ejercen el control y tutelaje sobre su funcionamiento interno.
• Dependencia de las cooperativas a las empresas agrícolas de su territorio en cuanto a la asignación de recursos, servicios imprescindibles y paquetes tecnológicos. Dependen se su eficiencia que generalmente es baja.
• El acceso al crédito bancario es dificultoso, moroso y mediatizado por la cooperativa. Las empresas estatales que convenian un paquete tecnológico al campesino a través de la cooperativa, que implica un crédito, deciden cuando y cómo le entregan cuotas del monto prestado, casi siempre con morosidad. Ello afecta el éxito productivo y luego es el campesino el único responsable por el endeudamiento y pago de intereses cuando por esas y otras causas fracasa.
• No existe un mecanismo de contratación serio y garante de los intereses de ambas partes. El contrato es una formalidad sin valor. Se puede apelar a la justicia ante el incumplimiento de un contrato pero en la práctica no se hace porque resulta inviable. El contrato es un documento que carece de compromiso firme y claro en lo jurídico, siempre en detrimento de los intereses del campesino.
• Prevalece una burocracia enfermiza en la gestión del crédito bancario y en las relaciones contractuales con las empresas agrícolas, en lugar de los estímulos adecuados a su gestión prestamista.
• Los servicios que ofrecen las empresas estatales no se efectúan con la puntualidad y estabilidad conveniados, como son la roturación mecanizada o el beneficio de granos, afectándose la calidad, la siembra óptima y los rendimientos.
• La única empresa de seguro no ofrece un servicio que por sí solo sea atractivo y satisfactorio para los productores. Solo por imposición bancaria para acceder al crédito se vende el seguro en la mayoría de los casos.
• El campesino depende del buen funcionamiento de su cooperativa, que muchas veces tiene dificultades, pues no puede él por su cuenta establecer contratos directos con las empresas agropecuarias, ni solicitar préstamos bancarios, ni contratar paquetes tecnológicos para cultivos priorizados, salvo casos excepcionales de grandes usufructuarios que en las últimas modificaciones del Decreto-Ley 300 se permite, pero limitado a pagos de servicios directos.
• Existen muchas trabas legales que frenan el aumento de la superficie agrícola privada, que en muchos casos imposibilitan alcanzar las escalas que harían rentables las inversiones necesarias para incrementar los rendimientos. El promedio de los usufructuarios es de 7.94 hectáreas, poco más de media caballería.
• Carencia de financiamiento fácilmente accesible y del soporte técnico material para garantizar los aseguramientos de los insumos necesarios para una producción agrícola intensiva y exitosa.
• Exceso de planificación, de trabas, esquematismo y falta de adaptabilidad y capacidad para movilizar recursos, prestar servicios y comercializar producciones de manera efectiva.
• Ausencia de competitividad y variedad de opciones entre empresas de servicios agrícolas, comercializadoras de insumos, de producciones agrícolas, de créditos y seguros. Estos servicios son monopolizados por empresas exclusivas en los territorios, generalmente con mal desempeño económico y además deformadas por la corrupción. No existe un mercado alternativo para adquirir insumos agrícolas, semillas o tecnologías. Los campesinos están obligados a cooperativizarse y depender de las empresas estatales.
• El Estado tiene el derecho de comprar (requisar) el 80% de las cosechas, cifra que en determinados renglones como el café, el arroz y el tabaco puede ser mayor, en dependencia del volumen producido. También impone el precio y las normas de calidad.
• Acopio, la empresa comercializadora por excelencia, no solo sufre de la ineficacia endémica del sistema económico planificado de bajos salarios, sino que además carece de suficiente transporte, condiciones óptimas de almacenamiento y movilidad financiera. Son habituales las pérdidas de cosechas que no son compradas aún estando contratadas y de los retrasos en los pagos a los campesinos por meses y hasta años en ocasiones.(8)
• Los cuentapropistas dedicados a la comercialización de productos del agro son mucho más eficientes, pagan al contado y recogen la mercancía con celeridad, aún estando relegado a abastecerse solo de la parte de la de las cosechas que excede al compromiso con Acopio o que se produjo sin estar contratada y Acopio no le interesa comprar. Pero en la práctica, de manera furtiva, comercializan un porcentaje varias veces mayor que su nicho de mercado asignado, debido a la incompetencia de Acopio y a la burocracia de las cooperativas y las empresas estatales vinculadas. Por falta de regulación debido al carácter semi-legal de su actividad, es frecuente la especulación y alza de precios.

Nuevas regulaciones

El Gobierno realmente desea que la economía avance y la agricultura alcance los niveles productivos y de eficiencia que el país necesita. O en correspondencia con sus intereses estatales y populistas. Pero quiere conseguirlo sin renunciar a su ineficaz modelo estatalista-planificado-asalariado, que una y otra vez ha fracasado en lo económico pero ayuda a preservar el control político de la élite partidista.

Ante la adversa realidad de ver sus planes e inversiones sin tener un resultado satisfactorio continúa tomando medidas. El inicial Decreto-Ley 259 del 2018 que permitió otorgar tierras en usufructo fue modificado en 2012 por el Decreto-Ley 300. A este se le hicieron algunos cambios para continuar facilitando el desarrollo de la iniciativa. Y ya este año fue aprobado el Decreto-Ley 358, para actualizar aún más las normas jurídicas a las necesidades que se han presentado. En breve se publicará en la gaceta oficial y entrará en vigor.

Decreto-Ley 358, sobre los usufructos (4)

El nuevo instrumento jurídico aborda lo siguiente:

1. Se extiende el plazo de duración del usufructo para personas naturales de 10 a 20 años. Con ello se resolvería el inconveniente de tener un periodo de tiempo muy limitado para hacer inversiones. Igualmente los usufructuarios que toman tierras infestadas de marabú, luego de ponerlas poco a poco en explotación en una tarea larga y costosa, tendrán mayor tiempo de explotarlas y obtener retribución por el esfuerzo e inversiones.
2. El usufructo es prorrogable por otro plazo igual de 20 años a las personas naturales, si la tierra estuviese siendo explotada óptimamente. Con las personas jurídicas la prórroga es perpetua, ya no de 25 años, si se cumple igualmente lo pactado en el objeto social.
3. Se continúa la entrega de tierras en usufructo, pero con un mayor rigor en el proceso de entrega y la definición de su objeto social, evitando que permanezcan ociosas o que en un uso indebido sufran pérdidas en su agroproductividad.
4. Las tierras estatales ociosas reservadas para planes agrícolas futuros podrán ser entregadas a personas naturales. Hasta ahora solo se permitía a personas jurídicas. Serán solo las destinadas a la cría y ceba de ganado y hasta que se demande su utilización según el programa de desarrollo ganadero. No sucederá así con las destinadas a planes para la producción de leche.
5. Se amplía el área mínima de entrega de una caballería (13.42 ha) a dos caballerías (26.84 ha). Con ello se permite potenciar desde un inicio el desarrollo de planes productivos a un nivel mayor en productores que tienen capacidad y recursos para comenzar más activamente.
6. El área máxima de entrega de tierras se mantiene en 5 caballerías (67.10 ha). Ello limita a los productores más exitosos, que requieren y reclaman más superficie agrícola para justificar sus inversiones y ampliar un negocio que ya les funciona. Tanto de cultivos varios como de de ganado.
7. Se incrementa el área autorizada para el levantamiento de bienhechurías, hasta un 3% del área total entregada en usufructo. Ello elimina las trabas al fomento de infraestructuras necesarias para determinados proyectos productivos.
8. Tendrá carácter obligatorio la siembra de alimento animal en tierras entregadas para la cría de ganado mayor, para que se pueda cubrir el balance alimentario de la masa que posea el usufructuario. Anteriormente era una orientación técnica, una obligación en convenios productivos con las empresas, pero se viola comúnmente y repercute negativamente en la producción. En lo adelante será una obligación contractual desde el mismo arrendamiento de las tierras.
9. Será obligatorio que los beneficiarios de tierras en usufructo la trabajen y administren directamente. Aclara que son de propiedad intransferible del Estado y que las ceden en usufructo a quienes desean trabajarlas directamente. Actualmente miles de fincas están contratadas por prestanombres de cubanos con capital residentes en el extranjero o en el país, que delegan en administradores. Aunque generalmente son las fincas más prósperas el Estado no desea esta forma de explotación capitalista de la tierra y la veda en este Decreto-Ley.
10. El empleo de financiamientos ilícitos será una nueva causa de extinción del contrato de usufructo. Se han detectado inversiones de capitales en la agricultura y en negocios privados (cuentapropistas) provenientes de actividades ilícitas en el extranjero y dentro del país, usando estas actividades económicas para el lavado de dinero. Con esta medida se prevé un instrumento jurídico para resolver los casos futuros, pero también puede prestarse para la expropiación de fincas productivas impulsadas con capital de los emigrados cubanos.

El nuevo decreto no modifica el control estatal sobre las cosechas ni las trabas para la comercialización libre, a la vez que hace más difícil la inversión en la agricultura de cubanos residentes fuera del país.

Excepto los puntos 6 y 9, el resto se pueden catalogar de positivos. Responden a reclamos de los productores y a la solución de problemas que facilitan un mejor funcionamiento del sector agropecuario.

El punto 6, que mantiene el área usufructuaria en 5 caballerías de tierra (67.10 ha) tiene como único propósito evitar la acumulación de medios de producción (en este caso la tierra y las bienhechurías) en pocas manos. Es la misma política que tiene el Gobierno cubano con el sector cuentapropista. Es decir, una política generalizada a tronchar el crecimiento del sector privado, que sigue siendo visto y tratado como un mal necesario.

Ello trae consigo ilegalidades pues las trabas deben ser sorteadas con subterfugios que luego traen problemas y más ilegalidades. Los productores exitosos acuden a familiares como prestanombres o socios, para obtener más tierras en usufructo y poder extender su negocio. Siempre en complicidad con funcionarios que apoyan el crecimiento de los más exitosos porque propician buenos resultados económicos que abalan su propio desempeño medible, aunque en su trabajo político se vean obligados a simular un acatamiento de las normas anti-crecimiento del sector privado.

Este fenómeno afecta en primer orden la legalidad. El productor se ve envuelto en dificultades que no tienen que ver con el proceso de producción y le roban tiempo, esfuerzos y recursos, al asumir una ilegalidad para poder crecer. Está expuesto a que los prestanombres cumplan sus compromisos verbales porque no hay un marco jurídico que proteja sus inversiones. Legalmente no pertenecen al que las explota y debe permanecer oculto. Comúnmente son objeto de chantajes y se ven involucrados en problemas que les ocasionan pérdidas.

El punto 9, relacionado con la obligatoriedad del trabajo y administración del usufructuario de las tierras, tiene igual propósito. Podría considerarse positivo al más elemental sentido común que una persona con capital se interese en invertir en el sector agrícola y pida tierras en usufructo aunque no permanezca en la finca. Si tiene habilidades para fomentar la producción, delegar y controlar sería hasta más rápido un resultado productivo, que en muchos casos libraría al sistema financiero estatal de préstamos a largo plazo.

Se produciría más en menos tiempo y con menos recursos. Pero como al mismo tiempo se fomentaría la ganancia capitalista y la riqueza, algo que nuestro Gobierno no desea fomentar, ahora se prohíbe. Sin embargo es un fenómeno que se viene dando desde el principio en un gran número de fincas, que (¿será casual?), son las más exitosas y con menor endeudamiento. Otra vez, por cuestiones políticas e ideológicas de la élite partidista dominante, se limita la economía con normas antiproductivas.

Este ejemplo y muchos otros de semejante raíz anticapitalista en nuestro país, signan los cambios económicos promovidos por el Gobierno cubano. Nos recuerdan la expulsión de judíos y moriscos en la España de finales del siglo XV y principios del XVI respectivamente, igualmente motivados en esencia por motivos ideológicos (la fe cristiana para ellos, la fe comunista para nuestros gobernantes), ambos con nefastas consecuencias económicas.

Por esta razón el Decreto-Ley 358, del que ya se ha divulgado su letra y contenido, está siendo esperado por los campesinos usufructuarios con una mezcla de alegría y recelo. Si bien favorece la actividad agro-productiva en algunos aspectos, al mismo tiempo limita el desarrollo de un modelo de gestión agrícola que ya es mayoritariamente no estatal, pero al que se le pone un férreo coto a la explotación capitalista de la tierra.

Nuevas regulaciones impositivas (9)

Desde 2008 cuando se trazó la nueva política agropecuaria del país se decidió establecer una política especial de estímulo fiscal al sector con vistas a estimular su crecimiento. Lo cual es sin duda una buena estrategia. Nuestro sistema tributario, que graba a los cuentapropistas con el 10% de sus ingresos brutos sin importar si ha generado o no ganancias, estableció para los campesinos una bonificación del 50%. Es decir que solo se paga el 5%.

La ley 113/2012 del Sistema Tributario, en su libro quinto artículo 359 estableció las nuevas obligaciones tributarias a las cuales están obligados tanto las personas naturales como jurídicas dedicadas a la actividad agropecuaria. Estos sin embargo no se aplicaron de manera inmediata, presumiblemente en espera de que, aprovechando el estímulo tributario y los planes de desarrollo estatal, la agricultura cubana tuviese un despunte productivo.

Pero este año en que se cumple una década de implementado el “plan raulista”, la Ley del Presupuesto del Estado aprobada en diciembre del pasado prevé ya la aplicación del Impuesto sobre los ingresos personales mediante presentación de Declaración Jurada en 2019 sobre los ingresos obtenidos en 2018. Oscilarán entre el 10% y el 45%, pero aún no se han hecho públicas las escalas. Con un mínimo exento de 10 500 pesos.

Al parecer se creyó que una década era suficiente para lograr un salto productivo y estaba planificado que en 2018 entrara en vigor la nueva política impositiva, que no es más que someter a los trabajadores de agro a un régimen similar al de los cuentapropistas. Por supuesto que con sus especificidades. Solo ello justificaría que sin haberse logrado el despegue productivo ni el desarrollo ni la eficiencia necesaria, se elimine ahora el estímulo impositivo por excepciones.

Solo la insensatez de la planificación mecánica o una totalmente burda política antieconómica puede concebir el aumento de impuestos como un estímulo al esfuerzo por obtener mayores rendimientos. Las causas del estancamiento productivo no están relacionadas con falta de incentivo de los impuestos con sus excepciones, tienen que ver con la dependencia a empresas estatales que mediatizan y dificultan con su mal funcionamiento el correcto desempeño y fluidez en la gestión productiva. El incremento tributario solo vendría a agravar la crítica situación, creando un desestímulo adicional.

Políticamente se podría interpretar que el gobierno ha perdido las esperanzas de que en un corto plazo se revierta la situación y el sector agropecuario despunte con éxito. Que lo ha descartado al aplicar más impuestos en este momento en que no se ha consolidado económicamente, ni ha logrado alcanzar las cifras productivas necesarias ni los rendimientos económicamente factibles. Como si prefiriera los “centavos” que recaudará la ONAT a los “pesos” que ganarían al librar al país de los dos mil millones de dólares por concepto de importación de alimentos.

Los nuevos impuestos afectan principalmente a aquellos que más producen y que mayor éxito han conseguido en su gestión económica. Las cuotas de ganancia que sobrepasen determinados niveles serán grabadas al 45%, una cifra astronómica en un país sin una cultura de la población en pagar tributos ni del Estado en utilizarlos eficientemente en los servicios públicos.

La reacción del campesinado es disminuir las inversiones en aquellas actividades exclusivamente comercializadas con el Estado, como la ganadería y el tabaco. El interés no es ahora ser más productivo para compartir mayor suma con el fisco, es producir menos para no trabajar para el Estado. La Declaración Jurada por su parte los obliga a un trámite engorroso o a contratar servicios de contadores.

Está por verse el efecto a mediano plazo de estas medidas y por lo pronto el gobierno apela a la “conciencia del campesinado, a que piensen primero en el bienestar colectivo que en sus bolsillos”. Así dijo el Presidente nacional de la ANAP en un video que se les proyecta a todos los campesinos del país para que “abandonen sus posturas individualistas y no se dejen subvertir por el enemigo”.

Además la forma en que se cuantifican los ingresos y graba la ganancia es engorrosa e injusta, pues se considera el impuesto del 5% sobre los ingresos periódicos brutos como una cuota sumada a los gastos, no como un adelanto del impuesto a la ganancia. Bajo esta consideración tampoco se devolvería el 5% ya descontado en los casos en que los ingresos brutos no sobrepasen el mínimo exento de 10 500 pesos al año.

El otro impuesto al sector agropecuario es sobre la tenencia de tierras ociosas, tanto a personas naturales como jurídicas. Este gravamen no tiene en verdad un fin recaudatorio sino regulatorio, con el objetivo de que las tierras sean puestas en producción. Se prevé que la recaudación se revierta en el sector agropecuario, como financiamiento para su propio crecimiento y desarrollo.

Los artículos 177 y 178 de la Ley 113/2012, del Sistema Tributario de Cuba refieren que estaría comprendido entre los 45 y 180 pesos por hectárea, según la clasificación de la calidad de la tierra dada por el Ministerio de la Agricultura en el balance anual de uso y tenencia de la tierra. Se debe pagar directamente en las sucursales bancarias anualmente, en los primeros cinco meses, excepto este año que comienza pues la notificación de los certificados  de explotación de la tierra se hizo en julio y por ello se pagarán solo el equivalente a cinco meses, de agosto a diciembre.

Es una medida que ha sido bien recibida por los campesinos, incluso por los usufructuarios que poseen determinadas áreas ociosas por marabú ya que se respetarán los plazos contractuales de puesta en explotación y de rotación de cultivos. Se considera necesaria para presionar hacia una explotación total de las tierras que el país posee disponibles para la actividad agropecuaria.

Consideraciones generales

La agricultura cubana cuenta realmente con un gran potencial pero el gobierno cubano no ha logrado desatar sus fuerzas productivas. El sistema estatista planificado, burocrático e ineficiente, continúa lastrando la economía nacional y como parte de ella al sector agropecuario.

El plan fidelista se centraba principalmente en la gestión estatal con la no estatal socializada como complemento y fue un fracaso. El plan raulista invirtió el prisma centrando la gestión agrícola en el sector no estatal y el estatal como complemento, pero también ha fracasado porque conservó demasiada dependencia del sistema empresarial estatal y de la planificación, que mediatizan la gestión privada.

El campesinado cubano, asociado en cooperativas casi al 100% no por la fuerza bruta sino por la imposibilidad de trabajar o conseguir tierras en usufructo de otra forma, no considera una ventaja pertenecer a una cooperativa sino una carga obligatoria. Las considera un parásito que le quita entre 3 y 5% de sus ingresos brutos y en la mayoría de las ocasiones dificulta su trabajo y la comercialización ventajosa de sus producciones.

Una cooperativa cubana no es un ente colectivo que responde a los intereses del campesino y lo protege, es en primer lugar un agente estatal, gubernamental y partidista. Vela por los intereses de las ineficientes empresas estatales. Garantiza que los campesinos no desvíen sus producciones al mercado alternativo por mejores precios y esperen a que llegue Acopio con su derecho al 80% o más de sus cosechas, con sus demoras, exigencias, precios más bajos y tardanza en los pagos. Y los cooperativistas representan el 80% de la producción agrícola no cañera en Cuba, es decir tienen predominio en el sector.

Aunque con el plan raulista los recursos que el Estado destina a la agricultura llegan al sector no estatal, (cosa muy limitada en el plan fidelista), cabe destacar que todavía se prioriza muchísimo a los planes productivos estatales y a las formas cooperativas más monitoreadas por el Estado (CPA y UBPC, donde los campesinos no son dueños directos de las tierras como en la CCS).

Hacia allí se dirigen las mejores semillas, la más estable asignación de recursos y los pies de cría de mejores potenciales genéticos. Los campesinos propietarios terminan comprando esos recursos que se desvían al mercado negro, pagando elevados costos. Especialmente cuando no tienen acceso a paquetes tecnológicos de cultivos priorizados o cuando estos se atrasan por la burocracia. Ello encarece los costos y obliga a la comercialización con el sector cuentapropista, a precios más elevados para el pueblo.

El sector cuentapropista, que participa en la comercialización concebido como un complemento y con un nicho legal de mercado reducido al excedente de autoconsumo que no es contratado por Acopio, en la práctica comercializa más. Sin embargo es tratado con desprecio por el gobierno. Se les llama despectivamente “intermediarios” y se desconoce y desprecia su papel en el mercado.

Su actividad incluso es criminalizada, considerada “por la izquierda”, con expresiones como “se nos fugan las producciones” o simplemente se les atribuye completamente la culpa de los altos precios. Sin embargo juegan un papel importantísimo en la comercialización y distribución de los productos del agro que al final son consumidos por la población y de no ser por su rol oportuno se perderían o no se producirían.

La comercialización cuentapropista o privada estimula la producción al establecer compromisos de compra de determinadas producciones que de no contar con un mercado seguro a un precio factible no se sembrarían. Realizadas generalmente con insumos a precios elevados del mercado negro.

Insumos que salen de los almacenes estatales “robados”, en vez de llegar puntualmente a un precio justo a las manos de los productores. La ausencia de un contrato legal, imposible por los privilegios de Acopio, dificulta en muchas ocasiones el cumplimiento del compromiso verbal cuando hay cambios en el mercado.

Los comercializadores privados mayoristas realizan sus negocios ilegalmente, amparados en permisos de trabajo por cuenta propia que realmente autorizan la comercialización minorista a pequeña escala. Por eso, aunque normalmente el Estado finge ignorarlo porque juegan un papel importante, frecuentemente son víctimas de decomisos y no pueden crear infraestructuras para el almacenamiento.

Todo ello junto a la baja productividad influye en que los precios del agro estén tan elevados y nuestro pueblo invierta una parte demasiado desproporcionada de sus ingresos en comprar los alimentos.

Si se desea desarrollar y hacer rentable nuestra agricultura el camino a seguir es facilitar el desenvolvimiento del sector no estatal, que ya juega un papel determinante en la producción actual y ocupa un importante rol en la comercialización. Para ello es imprescindible abrirles el mercado y eliminar todas las restricciones.

Recomendaciones

1. Eliminar el tutelaje político y económico a las cooperativas. Permitir que sean espontáneas, autónomas, democráticas y respondan en primer lugar a los intereses de sus socios.
2. Eliminar el control y monopolio de las empresas agrícolas estatales. Que existan diversas opciones que obliguen a la eficiencia. Que nadie esté atado a ninguna empresa que no sea eficiente y no cumpla con sus compromisos, teniendo alternativas.
3. Crear un mercado directo y competitivo para los insumos, semillas y medios de trabajo. Así como diversificar las fuentes legales de financiamiento, dando posibilidades de participación al capital privado nacional, dentro y fuera del país. Este último sería una buena forma de encontrar capital rápido, abundante y estratégicamente asegurado por los vínculos familiares, cercanía, idioma, etc.
4. Fortalecer el contrato como documento jurídico viable y sencillo, que permita reclamar compensación en caso de ser violado.
5. Eliminar el monopolio de Acopio en la comercialización y permitir que el sector privado fomente pequeñas empresas, apoyadas por el Estado con créditos y acceso a infraestructuras y soportes técnicos, dedicadas a la comercialización, en igualdad de condiciones para competir con Acopio, que también debe apoyarse como una empresa estatal sin privilegios. El compromiso de los campesinos sería con lo pactado en contratos, sea con Acopio o con una empresa privada.
6. Permitir que los campesinos o al menos las cooperativas accedan a un mercado donde adquieran tractores y medios de roturación y cosecha sin subsidios. Que el sector privado y cooperativo pueda crear empresas de servicios agropecuarios que compitan con las empresas estatales actuales y las obliguen a la excelencia o a ceder su técnica a gestores más eficientes.
7. Permitir el sacrificio de ganado mayor a sus dueños, siempre que no esté contratado y pueda venderse la carne al mercado cuentapropista igual que la de cerdo. Se podrían exigir ciertas condiciones de tenencia de número de cabezas o causas razonables. Previo permiso y pago de un pequeño impuesto.
8. Extender el área máxima de tenencia de tierra hasta 20 caballerías (134.2 ha) en la agricultura no cañera. Y a 50 caballerías (671 ha) en la cañera y la ganadería. Siempre y cuando se justifique con un uso eficiente.
9. Permitir que los usufructuarios puedan delegar funciones administrativas en sus fincas, permanecer en ellas el tiempo que estimen necesario y utilizar empleados, siempre y cuando mantengan un uso óptimo de las tierras, se cumpla el objeto social y las leyes laborales.
10. Los impuestos deberían ser justos para no desestimular la producción ni tampoco afectar la recaudación fiscal. El 5% de las ventas brutas aportado a la ONAT (Oficina Nacional de Administración Tributaria) debe considerarse un adelanto del impuesto anual a las utilidades. En la Declaración Jurada, una vez calculado el impuesto real a pagar en al año fiscal concluido, debe descontarse el pago adelantado y de no llegar al mínimo exento, devolverse. Luego con el resultado económico se evaluaría si la tierra está ociosa o subutilizada y se aplicaría en los casos tales el impuesto por ociosidad o se retiraría el usufructo en tal caso. Las tasas impositivas no deberían exceder el 30%. El impuesto de propiedad de la tierra solo deberían pagarlo los propietarios (no usufructuarios), sean personas naturales o jurídicas, en un monto que pueda modificarse pero que ahora lo justo sería 10 pesos por hectárea al año. Los usufructuarios deberían pagar una renta al menos de 1% de sus ventas brutas al Ministerio de la Agricultura u otra entidad estatal propietaria de sus tierras, con un mínimo equivalente al impuesto de propiedad que paga a la ONAT el propietario legal.

Referencias

(1) “La agricultura cubana y sus cinco formas de producción”. Cabrera Peinado, José. Agosto 22, 2018. Radio Rebelde, internet.

(2) “Produce Cuba más de un millón de toneladas de azúcar”. Febrero 28, 2017. Cubadebate. Internet.

(3) “Cuba cobrará impuestos a partir de 2018 sobre la posesión y el uso de las tierras”. Septiembre 26, 2018. EFE Habana. Internet.

(4) “Implementación de nuevos tributos para el sector agropecuario”. Pérez Mollinedo, Diana. Abril 23, 2018. Redpinar, Internet.

(5) Agricultura de sí o sí”, Labacena Romero, Yuniel. Mayo 17, 2018. Cubahora, revista digital. Internet.

(6) “Anuario estadístico de Cuba 2016”. Tablas 9.14 y 9.15.

(7) “El 40% de la superficie cultivable de Cuba está ociosa, pero la situación tiende a mejorar”. Enero 25, 2011. Cubadebate. Internet.

(8) “¿Fiar a Acopio?, el otro problema de la comercialización agrícola en Cuba”. Rodríguez Castro, Yaidel. Cubadebate. Internet.

(9) “Impuesto gradual sobre las tierras ociosas en Cuba, más allá de lo tributario”. Rendón Matienzo, Fidel. Marzo 2, 20118. Cubadebate, Internet.

(*) Periodista de Diario de Cuba, Havana Times y ocasionalmente en Cubaencuentro.

(*) El autor trabajó como investigador en el Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA), entre los años 1999 y 2003. Centro encargado de estudio de factibilidad de los suelos al cultivo de la caña de azúcar y las propuestas.