La identificación pública de dos represores de la dictadura cubana por parte de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), fue difundida ampliamente por algunos de los principales medios de comunicación hispanos como Infobae y agencias de noticias internacionales, además de los medios locales de la
Florida.
El mensaje es muy claro: cometer violaciones de derechos humanos tiene una responsabilidad que no expira aunque se participe desde los escalones más bajos del régimen represivo.
La FDHC, en conferencia de prensa en Miami, dio a conocer que desde hace algún tiempo está sirviendo de canal oficioso entre las autoridades federales pertinentes y las víctimas que creen reconocer a sus victimarios en las calles de Estados Unidos. Adicionalmente está colaborando muy estrechamente en este empeño con periodistas de diversos medios entre los cuales se destaca el apoyo ofrecido por los de radio y TV Martí.
A guisa de ejemplo y para explicar la metodología que deben seguir quienes formulen una denuncia, la FDHC seleccionó de su base de datos y para esta ocasión, los casos de dos ex policías Makbel Grau Rodríguez y Julio Francisco Orta Mateo. En lo adelante FHRC no necesariamente va a continuar con nuevas denuncias públicas a fin de que las autoridades puedan disponer de un tiempo razonable para realizar sus investigaciones sin alertar a estos sujetos.
Sus acusadores los responsabilizan con haber abusado de su autoridad como policías para cometer delitos de violencia física innecesaria, acosos sexuales, extorsiones, uso innecesario del arma de reglamento contra un ciudadano indefenso y otras fechorías.
Fueron las propias víctimas de estos dos represores quienes los identificaron y quienes cumplieron con el requisito inexcusable que les exige la FDHC de poner por escrito sus descargos y notarizarlos de manera que se hagan legalmente responsables por sus afirmaciones. La FDHC, luego revisa si los documentos cumplen las normas legales.
Cuando se trata de acusaciones graves y validadas por varias personas –como ocurre en los dos casos citados- procede a hacerlas llegar a una unidad especial (integrada por varias agencias federales como Homeland Security, ICE y el FBI). De ahí en adelante el proceso queda en manos del gobierno federal. A este no le es dado juzgar en territorio de EEUU los abusos cometidos en Cuba pero sí pueden revisar el expediente migratorio de los acusados y cerciorarse de si confesaron u ocultaron esos hechos en los procesos migratorios. Mentir en esas circunstancias –cuando se está bajo juramento- es un delito federal (felonía) que nunca caduca y puede ocasionar, según la gravedad del hecho, perdida de visa, residencia y ciudadanía o incluso cárcel, multas y deportación.
Como precisó la FDHC en la conferencia de prensa, ésta no es una cacería de brujas motivada por afiliaciones ideológicas pasadas, sino por violaciones violentas de derechos humanos de las que han dado testimonio jurado sus víctimas. Son ellas las que asumen la responsabilidad legal por la fidelidad de sus acusaciones.
Sin embargo, el propósito principal de esta iniciativa es enviar un mensaje disuasorio a los represores cubanos en la isla, para que comprendan a tiempo que sus acciones, -cualquiera que sea su rango en la cadena de mando-, van a tener consecuencias y que en lo adelante ya no van a encontrar escondites cómodos en el “país enemigo”. Sin embargo, el objetivo de la FDHC no es tener que localizarlos en el futuro en este país, sino persuadirlos hoy de que abandonen, ahora mismo, sus abusivas actuaciones en Cuba.
En imágenes y audios que han sido mostradas por la FDHC, las víctimas dan detalles y muestran fotografías que revelan la ralea fascistoide de los dos represores seleccionados como muestra de este trabajo. Las víctimas de Orta Mateo afirman que “era incluso temido por la propia policía”, porque era el “clásico agente abusador, corrupto y acosador sexual” que “actuaba con total impunidad”. En el caso de Grau Rodríguez, sus víctimas aseguran que golpeaba a presos esposados en los calabozos y ordenaba operativos en los que se golpeaba y arrastraba por el suelo a personas e incluso a miembros de una familia durante sus arrestos policiales.
DENUNCIE A UN REPRESOR CUBANO
Cualquier residente o ciudadano de Estados Unidos que haya sufrido en Cuba similares violaciones violentas de derechos humanos por personas que ahora radican en este país y tenga datos para su localización puede hacer una denuncia concreta en que explique, en la mayor medida posible: qué ocurrió, cómo conoció de los hechos, que evidencias o testigos pueden avalar su denuncia, cómo se llama el abusador, cuál es su rango e institución de pertenencia, lugar actual de residencia o empleo y, si la conoce, su fecha de nacimiento, así como otros detalles
Envíelos a deporterepresores@gmail.com
Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC)
Junio 30, 2018
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