Los senadores federales cubanoamericanos Bob Menéndez, demócrata, y Marco Rubio, republicano, volvieron a presentar la semana pasada al Senado de EE,UU. un proyecto de ley para luchar contra la trata de médicos cubanos por parte del gobierno de la Isla y el esquema represivo equivalente a trabajo forzoso que regula sus condiciones de trabajo, remuneración y vida durante sus misiones en el exterior.
Un borrador similar a este había sido presentado a la cámara alta en septiembre de 2020. Incluía como ahora una propuesta de restablecimiento del Programa Parole para Profesionales Médicos Cubanos que otorgó desde la Administración de George W. Bush un pasaje a la libertad desde terceros países a más de 6.000 trabajadores de la salud de la isla. El privilegio fue clausurado de un plumazo por el ex presidente Barack Obama durante sus últimos días en la Casa Blanca en enero de 2017.
Sin embargo, desde que se presentó el proyecto legislativo original de Rubio y Menéndez los argumentos sobre la esclavitud moderna de los colaboradores médicos cubanos se han fortalecido sustancialmente. El año pasado cerró con acuciosas investigaciones sobre el tema, emprendidas por organizaciones no lucrativas como Prisoners Defenders, Archivo Cuba, Foundation for Human Rights in Cuba y el medio Diario de Cuba. Cientos de entrevistas con exmiembros de los contingentes cubanos confirmaron, entre otros rasgos coincidentes con indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el despojo salarial, la retención de documentos de identidad, las restricciones de movimiento, la vigilancia constante y las presiones, amenazas y castigos.
Igualmente, pese a las afirmaciones de funcionarios oficiales respecto a que el dinero arrebatado a los médicos ($6.800 millones en 2018) se invierte en el sistema de salud de la isla, fuentes internas confirman el deterioro progresivo de este, incluyendo serias afectaciones causadas a la atención primaria y la de especialidades por la exportación indiscriminada de profesionales.
Aunque La Habana siguió intentando apuntalar su argumento de que la esencia de estas misiones es la solidaridad voluntaria de los galenos, enviando al extranjero a miles de doctores más a cooperar contra el COVID-19 mientras la pandemia ha ido de mal en peor en Cuba, fuertes argumentos que lo desmienten han salido a la palestra en las últimas semanas.
El 10 de junio una resolución aprobada por amplia mayoría en el Parlamento Europeo, que describe minuciosamente la lóbrega situación de los Derechos Humanos en Cuba, condenó «las violaciones sistémicas de los derechos humanos y laborales cometidas por el Estado cubano contra su personal sanitario enviado a prestar servicios en el extranjero en misiones médicas, vulnerando los convenios fundamentales de la OIT ratificados por Cuba”.
Los europarlamentarios citaron la Resolución No. 168 de 2010 del Ministerio de Comercio Exterior de Cuba, la cual, señalaron, «impone a todos los empleados civiles en el extranjero deberes y obligaciones injustificados que violan la dignidad humana y los derechos humanos más básicos y fundamentales”.
Luego, el 15 de junio, hablando en la cámara alta estadounidense de la mediación de la Organización Panamericana de la Salud para el envío no fiscalizado de galenos cubanos a Brasil, el presidente del influyente Comité de Relaciones Exteriores, Bob Menéndez, recordó en ese foro comunicaciones emitidas en septiembre de 2019 por la Relatora de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud y la Relatora sobre la trata de personas acerca de que el tráfico de profesionales médicos cubanos puede considerarse trabajo forzoso y esclavitud moderna.
La semana pasada un un portavoz del Departamento de Estado recordó a Radio Televisión Martí que “todos los años desde 2010, el Departamento de Estado ha documentado indicadores de trabajo forzoso en las misiones médicas de Cuba en el extranjero”
Es hora de que una mayor conciencia de esta cruda realidad que subyace para los cooperantes médicos cubanos bajo la idílica leyenda que azuza la propaganda oficial, pueda reunir en el Congreso estadounidense los votos necesarios para que, como propone el borrador de Menéndez y Rubio, se investigue cada año en los distintos países de destino la situación de estos trabajadores esclavos cubanos, y se restaure para ellos el programa Parole a fin de ofrecerles un ferrocarril subterráneo hacia la libertad.