Sigue desvaneciéndose leyenda rosa sobre las misiones médicas cubanas
La semana pasada un juez federal en Washington D.C. decidió que cuatro médicos cubanos residentes en Estados Unidos podrán continuar con su demanda contra la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por su intermediación entre los Gobiernos de Cuba y Brasil para incorporar a miles de profesionales cubanos al programa brasileño Mais Médicos en condiciones de trabajo forzoso.
Ramona Matos, Tatiana Carballo, Russela Rivero y Fidel Cruz son los cuatro facultativos que iniciaron en noviembre de 2018 la batalla legal en la corte del Distrito Sur de Florida. La demanda se ampara en la Ley estadounidense de Protección a Víctimas de la Trata.
El juez James E. Boasberg rechazó los argumentos de la OPS respecto a que esa entidad regional goza de protecciones especiales bajo la Carta de la ONU o la Constitución de la Organización Mundial de la Salud que impiden su enjuiciamiento en tribunales estadounidenses.
Citando documentos que apoyan el reclamo presentado, Boasberg indicó que la OPS habría permitido la transferencia de Brasil a Cuba de unos 1.500 millones de dólares ─apropiados por La Habana de los pagos por los servicios de los médicos─ a través de su cuenta de Citibank en Washington, DC.
Por su mediación, la OPS habría obtenido como comisión el 5% de esos fondos, unos 75 millones de dólares. Esa actividad comercial, según el magistrado, refuerza las denuncias de los galenos cubanos.
Cuando se radicó la demanda, la Doctora Matos relataba: «Antes de viajar preguntamos cuánto nos iban a pagar y nunca nos lo dijeron, hasta un día antes de irnos a Brasil. (Supimos entonces que) nos iban a dar mil dólares, de los cuales 400 nos los iban a dar al cambio, y 600 iban para una cuenta en un banco de Cuba». A los participantes no cubanos les pagaban en Mais Médicos 10.000 reales mensuales, unos 4.300 dólares.
El gobierno de Cuba suele adornar con melodramático lirismo sus alegaciones de que sus colaboradores médicos son una expresión “del humanismo y la solidaridad de la revolución”.
La realidad es que el envío de estos contingentes, originalmente articulados como una forma de “diplomacia de batas blancas” para ganar votos tercermundistas, se convirtió desde principios del nuevo milenio en un ingreso de moneda convertible que todavía es el más importante para el país caribeño, con $6.400 millones en 2018.
Lo vergonzoso es que Cuba consigue ese dinero aplicando a sus cooperantes en el exterior onerosas condiciones de remuneración, vida y trabajo
En 38 entrevistas con ex miembros de las misiones médicas cubanas la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba pudo verificar aspectos de esta explotación que coinciden con los indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo.
Así lo consideraron también el año pasado, en una comunicación al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, dos relatoras temáticas de Naciones Unidas: la que se ocupaba de las Formas Contemporáneas de Esclavitud y la que se encargaba de la Trata de Personas. Vea estas citas de la carta a Díaz-Canel y entre paréntesis los indicadores de la OIT:
“Se les descuenta entre el 75% y el 90% de lo que pagan los países anfitriones o deben remesarlo a las autoridades cubanas; una parte de lo que les paga se congela en Cuba hasta su regreso, y lo que reciben no les alcanza para vivir dignamente”. (Retención de salarios).
“Desconocen su contrato de trabajo o no se les entrega una copia del mismo” (Engaño)
“A los integrantes de las misiones) se les presiona para participar, temen represalias si no participan, y muchos han reportado recibir amenazas por parte de funcionarios cubanos en los países de destino. A los desertores se les prohíbe regresar a Cuba durante ocho años y sus familiares pueden ser señalados y represaliados” (Intimidación y amenazas)
“Su libertad de movimiento en el país de destino está restringida y vigilada; se controlan y vigilan su comunicación y relaciones con lugareños” (Aislamiento y restricción de movimiento).
Las señoras Urmila Bhoola y Maria Grazia Giammarinaro advirtieron al Sr. Díaz-Canel que las condiciones reportadas podrían elevarse a trabajo forzoso, según lo previsto por la OIT, y señalaron que este constituye una forma contemporánea de esclavitud.
Médicos cubanos que fueron enviados a riesgo de sus vidas a Africa Occidental en 2016, durante la epidemia de ébola, relataron a FHRC que mientras que los doctores de otros países daban a los moribundos “un acompañamiento digno”, a ellos los obligaban a permanecer en contacto con los enfermos hasta el final. “Querían convertirnos en mártires”, testificó uno de ellos.
La decisión del juez Boasberg en Washington a favor de cuatro médicos cubanos indica que la leyenda rosa divulgada por La Habana acerca de sus esclavos de bata blanca se está desvaneciendo. En los últimos cinco años el lado oscuro de las misiones médicas cubanas ha sido expuesto por prestigiosos medios internacionales como los diarios The New York Times, The Wall Street Journal, The Miami Herald, The Guardian, la revista Time y la BBC.
De la triangulación entre los gobiernos de Raúl Castro y Dilma Rouseff y la OPS ya conocemos la tajada que sacó esa entidad regional, a la que ahora se pedirán cuentas. Sin embargo, el resto de los $1.500 millones que el organismo envió a Cuba parece haberse perdido en un agujero negro, sin nadie que pueda fiscalizarlo.
Los funcionarios cubanos alegan que ese dinero se usa para sustentar el sistema de salud pública de la isla, pero cualquier cubano de a pie le podrá contar sobre el estado desastroso de los hospitales, la rampante escasez de medicinas, el cierre de decenas de consultorios del médico de la familia y los demorados turnos con especialistas que a veces llegan cuando el paciente ya falleció.
La pregunta lícita que podrían hacerse entonces decenas de miles de cooperantes cubanos en el exterior despojados arteramente de sus honorarios es: “¿Dónde está mi dinero?”.