En apenas seis meses de intervalo han salido dos documentos lapidarios que narran, respectivamente, la naturaleza sanguinaria del régimen venezolano y la participación de oficiales del Ministerio del Interior de Cuba en la organización y ejecución de torturas en aquel país.

A guisa de ejemplo reproducimos párrafos de cada uno de ellos.

Fragmentos del Informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, septiembre 2020, de la Misión Internacional de Verificación de Hechos de dicho organismo  sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela:

  • Entre el 1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020, la ONG Foro Penal registró 3.479 casos de detenciones por motivos políticos.
  • La Misión (de Naciones Unidas) encontró motivos razonables para creer que los agentes del SEBIN torturaban o sometían a las personas detenidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
  • Entre las técnicas de tortura que la Misión documentó se encontraban las posiciones de estrés; la asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o agua; las palizas; las descargas eléctricas; las amenazas de muerte; las amenazas de violación contra la víctima y/o sus familiares; la tortura psicológica, incluida la privación sensorial, la iluminación constante y el frío extremo; y la desnudez forzada.
  • En siete casos investigados, agentes del SEBIN perpetraron actos de violencia sexual o de género contra las personas detenidas en un intento de obtener confesiones o información que implicara a otros, o de degradarlos, humillarlos o castigarlos.

 Fragmentos del Informe del Instituto Casla, febrero 2020, presentado a la Organización de Estados Americanos:

  • Milicianos del G2 cubano y Grupo Gruce, estarían implicados directamente en la comisión del crimen de la tortura en Venezuela. Son conocidos por el apodo dado por los propios militares y funcionarios venezolanos como “los isleños” y tendrían su propia sala de operaciones en Fuerte Militar denominado “Fuerte Tiuna”, en Caracas, desde donde se organizan, conjuntamente con el titular de la Defensa y el CEOFANB, la planificación de acciones a tomar en todo el territorio nacional.
  • El 28 de diciembre del 2018, el Instituto CASLA denunció ante la CPI, la participación de funcionarios cubanos y oficiales de inteligencia, en la planificación y comisión del crimen de la tortura, luego de haber obtenido por lo menos 12 testimonios directos de víctimas que señalaron su presencia, cuando estaban siendo torturados en distintos centros donde permanecían detenidos, bien sea oficiales o clandestinos.
  • El Instituto CASLA obtuvo como primicia, el testimonio del Teniente Ronald Dugarte Silva, adscrito a la DGCIM, quien desertó en marzo de este año. Dugarte nos entregó videos sobre las salas de tortura ubicadas en los sótanos de dicho organismo de inteligencia en Caracas, y además narró, tanto para la CPI como para la rueda de prensa que el Instituto CASLA realizó conjuntamente con la SG de la OEA ese mes, como los cubanos están involucrados directamente en el entrenamiento y formación, y en la represión y torturas a los venezolanos.
  • La perforación de uñas en manos y pies para pasar los cables de las descargas eléctricas, el uso sistemático de bolsas plásticas para asfixiar a los torturados, el colgamiento con grúas sin tocar el suelo durante los interrogatorios, las lesiones en los genitales al ejercer violencia sexual o la intoxicación con sustancias psicotrópicas desconocidas son algunos de los ejemplos del ensañamiento que ha introducido la presencia de los llamados «isleños» en la cúpula del aparato represor.
  • El Instituto CASLA ha obtenido testimonios de exfuncionarios de inteligencia y desertores de estos cuerpos, así como de militares y civiles venezolanos que nos han indicado cómo participa el régimen cubano en la inducción de la represión. La cabeza que organiza, controla y conoce todo sobre quiénes son, cuantos llegan, qué hacen y cómo participan, es el Embajador de ese país ( Dagoberto Rodríguez Barrera). Nada sucede, sin su conocimiento. Los cubanos instruyen constantemente en técnicas de represión, intimidación y seguimiento, a miembros de la FANB e inteligencia, para que ellos realicen labores de investigación y espíen a sus propios compañeros y sus familias, a líderes políticos y sociales y hacerle seguimiento directo al malestar social.  

 Lo cierto es que más allá de la presencia directa de oficiales del MININT en las mazmorras de torturas de los verdugos de Maduro lo relevante es que Raúl Castro –sabiendo perfectamente lo que ocurre en esos centros de tortura–, ha comprometido la participación directa de decenas de miles cubanos de las FAR, MININT, Salud Pública y otras instituciones cubanas, a mantener ese régimen de horror. A todos los ha embarrado de sangre e ignominia.

En un tiempo futuro pero cada vez más cercano hijos y nietos de esos aguerridos “internacionalistas” les preguntarán a sus familiares si ellos nunca supieron nada. “Dime abuelo, ¿tú asesorabas en Venezuela a los aplicaban la picana eléctrica? ¿Les diste instrucciones de cómo usar francotiradores para asesinar manifestantes civiles que discrepaban de su gobierno?”

No es tampoco demasiado imaginativo suponer que venezolanos y cubanos exigirán cuentas, en un tiempo no lejano, a esta nueva especie de esbirros que la mafia cubano-venezolana ha parido. Que eso es imposible que suceda es lo mismo que supusieron los ejecutores del horror nazi, rumano, o de las dictaduras latinoamericanas. Su destino fue el cadalso o morir en prisión.

Los crímenes de lesa humanidad –y la tortura es uno de ellos– como los que describen estos informes no caducan. Cuando los victimarios estén a punto de cumplir cien años pueden ser llevados a un tribunal si aún están vivos.

Los que apuestan a que Cuba lleva ya más de seis décadas bajo un régimen totalitario no deben olvidar que la URSS –la segunda potencia nuclear del planeta– se derrumbó después de más de siete décadas. Y sus burócratas y militares nunca imaginaron que fuera posible.