El robo del siglo

Las cuentas no le cuadran al cubano de a pie.

Si creyese al gobierno, el 75% del salario que el régimen arrebata a los médicos que envía al exterior están destinados a ser reinvertidos en el sistema de salud nacional. Pero eso no es lo que ha visto a su alrededor en los últimos diez años.

Las cifras oficiales aportadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) y funcionarios de alto nivel relatan que los ingresos de las brigadas médicas son superiores a los reportados por cualquier otra actividad incluyendo el turismo. La ganancia por esa vía promediaba, entre 2011 y 2015 más de 11,000 millones anuales. Aun después de cesar sus contratos en Brasil, Ecuador y Bolivia todavía en 2019 esas brigadas reportaban ganancias netas de más de 6,400 millones de dólares.

Los médicos ubicados en los Consultorios de la Familia a lo largo de la isla en 2010 eran 36.478. Pero para enviar a esos galenos al exterior los redujeron en esos consultorios a 13.131 en 2017. Por eso no es asombroso que hayan cerrado  más del 64% de los Consultorios Médicos de Familia. En 1997 eran 18,090, en 2001 quedaban 14.671 y en 2017 apenas 10.869. Los otros centros de atención primaria conocidos como “Policlínicos” pasaron de 499 en 2008 a 450 en 2017.

A lo anterior hay que sumar otros destrozos.

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) recientemente concluyó una investigación en todas las provincias sobre la percepción ciudadana sobre la evolución de la calidad y cantidad de los servicios de salud entre 2015 y 2020 así como la disponibilidad de fármacos básicos. El 85.6% de quienes respondieron el cuestionario de diez preguntas describieron los servicios de salud actuales como peores que en 2015 y el 97.3% consideró que estaba peor el abastecimiento de medicinas, tanto en hospitales como en farmacias.

¿Dónde está mi dinero?

Pese a ese panorama de decrepitud nacional del acceso a servicios de salud y medicamentos la  Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de Cuba informó que el pasado año 2019 solo se invirtieron en Salud y Asistencia Social 96.9 millones de pesos, la cifra más baja de inversión en esas áreas en los últimos cinco años.

Algo no cuadra aquí.

¿Por qué si la exportación de médicos generó en 2018 ingresos superiores a los 6,400 millones de dólares se invirtieron en 2019 sólo 96.9 millones en servicios de salud que el 85.6% de la población considera peor que hace cinco años? ¿Por qué están desabastecidas las farmacias?

La diferencia no es una bicoca. Son unos 3,303 millones de dólares propiedad del pueblo cubano que se arrebataron a los salarios de los médicos cubanos en el exterior, no fueron invertidos en salud pública –como siempre asegura la propaganda oficial- y se han esfumado. ¿A dónde? “¿Dónde está mi dinero?” Se pregunta con razón el ciudadano de a pie.

La Mafia de La Habana

Lo que venimos presenciando en Cuba en este siglo XXI es el surgimiento de un nuevo estado mafioso, controlado por una elite militar que ha transformado la economía política del país en su propio beneficio.

Como subraya Diario de Cuba citando su propia investigación: “Nuevas entidades comerciales, bajo la figura de opacas sociedades anónimas, ocuparon funciones que antes centralizaban los ministerios, sobre todo en las actividades más lucrativas” En ese contexto, “una Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (SMC) se hizo cargo del negocio de exportación de personal de la salud. Ya a finales de 2017, había trabajadores de la salud cubanos en 64 países, con Brasil y Venezuela como principales destinos. El nuevo esquema ha redistribuido radicalmente el panorama de la salud pública en Cuba, afectando tanto a los profesionales como a la población”.

Pero las ganancias que se obtienen de explotar médicos como esclavos van a parar al agujero negro de la nueva elite de poder militar que nadie fiscaliza: ni Díaz- Canel, ni los Consejos de Estado y de Ministros, ni la Controlaría de la República, ni el Tribunal Supremo, ni la Asamblea Nacional del Poder Popular. Nadie. Como nadie tampoco conoce ni fiscaliza sus operaciones ni las ganancias que obtienen en otros sectores lucrativos del país como el turismo, comunicaciones, remesas y las construcciones. La nueva Constitución no aplica a la Mafia de La Habana.

Por esa razón es más curiosa aún la desmesurada desproporción de las inversiones de este año en la construcción cuando el país se aproxima a una hambruna y el sector agropecuario es la cenicienta del presupuesto nacional. No hay dinero para importar alimentos (o sea, el 80% del consumo nacional) pero tampoco para invertir en producirlos. Al mismo tiempo crecen las inversiones en la construcción, no para reparar viviendas, sino en nuevos hoteles.

En ciencias políticas el paradigma de los estados dictatoriales o totalitarios del siglo XX no basta para entender esas paradojas. Es más productivo aproximarse a ellas a través de un nuevo paradigma: el de los estados mafiosos modernos que surgieron en el siglo XXI.

La hipótesis más plausible es que detrás de esas construcciones turísticas –tan innecesarias al aproximarse una hambruna-–se esconden los servicios de lavado de dinero por sobrefacturación que ofrece y cobra a sus socios internacionales la nueva Mafia de La Habana. Ya lo hicieron con la construcción del Puerto del Mariel al que sobrefacturaron artificialmente para que de algo menos de 350 millones que fue su costo real pudieran cobrar casi mil millones de dólares.

Ni torpes, ni tontos. Son canallas.


Por  Juan Antonio Blanco. Publicado originalmente en Diario de Cuba