El deplorable estado de las viviendas cubanas explica porque en La Habana, antes urbe famosa por su belleza y su arquitectura, hoy se desploman como promedio tres viviendas diarias, unas 1,000 viviendas al año, que sepultan mortalmente a niños y adultos.

Unos 2.9 millones de viviendas están en mal estado o “regular

En Cuba hay 3.8 millones de viviendas según datos oficiales, de las cuales más de la mitad están en mal estado o “regular” según jura el régimen a sabiendas de que miente. Los estimados independientes muestran que entre el 65% y el 75% de las viviendas cubanas están en estado pésimo, malo, o regular, incluyendo muchas casi en ruinas y a punto de caerse. El 85% de los edificios de más de tres pisos necesitan reparaciones capitales, de acuerdo con un estudio del economista cubano Carmelo Mesa-Lago.

Unos 600,000 ciudadanos malviven en barrios marginales insalubres, en chozas y casuchas improvisadas con láminas de hojalata, pedazos de madera, cajas de cartón, pedazos de fibrocemento, carrocerías de automóviles, salpicadas de aguas negras, ratones, mosquitos, sin agua potable de un acueducto, ni alcantarillado.

En Cuba, zona de huracanes, las casas tienen que ser sólidas

El hecho de que Cuba está enclavada en una zona de huracanes agrava la irresponsabilidad de la dictadura al insistir en mantener el monopolio de la edificación de viviendas y la producción y venta de materiales de construcción a quienes quieren construirla por su cuenta.

Necesariamente las viviendas en la isla tienen que ser sólidas. Y con buen mantenimiento, constante, para que no se deterioren al punto de que solo en La Habana se derrumban tres viviendas diarias, o sea, unas 1,000 al año, que a menudo aplastan mortalmente niños y adultos.

En 2008 los huracanes Gustav, Ike y Paloma, destruyeron 63,247viviendas. Luego Sandy y Matthew, en 2012 y 2016 derrumbaron o dañaron severamente 42,338. Después en 2017 llegó Irma y derrumbó, le llevó el techo o destruyó parcialmente 158,554 viviendas. En 2018, otra tormenta, Alberto dañó o destruyó total o parcialmente 1,557 viviendas.

O sea, en los últimos 12 años han sido derrumbadas por los vientos más de 150,000 viviendas en Cuba. Si se agregan las destruidas entre 1959 y 2000 son unas 250,000 familias las que han perdido sus viviendas desde que los Castro asaltaron el poder.

El barracón es “albergue” eterno

El monopolio estatal constructor edifica muy pocas viviendas y entrega cada vez menos materiales a los particulares. El resultado es que las familias damnificadas son concentradas en albergues colectivos improvisados en almacenes abandonados, ruinas de viejos edificios y hasta en carpas de tipo medieval. Y per secula seculorum

Solo en La Habana hay 170,000 personas en albergues que recuerdan los barracones de esclavos en siglos pretéritos. Están salpicados de aguas albañales, no tienen agua potable, servicios sanitarios, ni alcantarillado. Pululan las ratas, mosquitos, moscas y chinches. Muchos albergados han muerto de viejos esperando por una vivienda prometida por la “revolución”, pero que nunca llega.

Para colmo, los estragos de la reciente tormenta tropical Laura ocurren en medio de una crisis socioeconómica profunda. Si antes el Estado no proveía suficientes viviendas a los damnificados de cada desastre, menos lo hará ahora que está en la quiebra financiera.

La vivienda en Cuba: ¿problema o conflicto?

Si en Cuba no hubiese hoy un monopolio estatal sobre la solución del problema –que no otra que la creacion de múltiples empresas privadas y de financiamiento para la construcción de viviendas– habría préstamos hipotecarios para construir viviendas y para comprarlas. El gobierno podría entonces dar también facilidades y créditos a ese fin además de proveer ayuda económica de emergencia a los damnificados por los estragos de Laura.

Moraleja. En muchos países arreglar una vivienda, comprarla o alquilar otra y mudarse es un problema personal, porque las personas tienen varias opciones para darle solución. En Cuba es un conflicto social con el estado porque este monopoliza las soluciones y, al final, no resuelve el problema. Poder contar con seguridad alimentaria y una vivienda digna son derechos ciudadanos constitucionales bloqueados por el régimen.