La actual oleada de terror desalojando familias enteras a la calle es más brutal que las anteriores porque ocurre en medio de la pandemia Covid-19. El pasado 17 de mayo, una fuerza policial con buldóceres entraron sin previo aviso en el reparto Sierra Maestra, de Santiago de las Vegas, La Habana y demolieron completamente las humildes viviendas de varias familias, en su mayoría madres solteras con sus hijos, que vieron desaparecer las casas que habían levantado con su esfuerzo.

Hay piedra suficiente y brazos de sobra para hacerle a cada familia cubana una vivienda decorosa”, escribió Fidel Castro en su alegato La Historia me absolverá y calificó de monstruosos los desalojos de familias pobres de sus viviendas improvisadas que realizaban las autoridades de turno sobre todo en zonas rurales y en barrios marginales.

A 66 años de aquella promesa de Castro nada menos que 7.4 millones de cubanos (67% de la población) no tienen una “vivienda decorosa”. Y lo peor, la “revolución” constantemente desaloja a familias pobres de sus precarias viviendas, que son destruidas. La crisis de la vivienda es endémica y tan grave o más que la de Haití.

La Constitución de 1976 incluía el derecho a una vivienda digna (1976) y la vigente declara el derecho a una vivienda adecuada. Una muestra más que la Constitución es papel mojado. No solo no hay un plan para cumplir ese precepto constitucional, sino que bajo el reinado de Raúl Castro se ha incrementado el número y ferocidad de los desalojos de los Sintecho en Cuba.

Desalojo y destrucción de viviendas

La Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR) y la Red Femenina de Cuba denunciaron el citado desalojo del pasado 17 de mayo en el reparto Sierra Maestra en una carta al presidente designado Miguel Díaz-Canel, con copia a los Relatores Especiales de Derechos Económicos y Sociales de la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Denunciaron que esas familias ya habían pagado multas de 500 pesos y luego de 1000 pesos, que se suponía les permitían legalizar sus viviendas.

También recientemente funcionarios de Vivienda de La Habana Vieja dieron un nuevo ultimátum de desalojo a seis madres y 12 niños que ocupan desde hace ocho meses un local abandonado en Inquisidor #405.

“Se supone que el país está tratando de que el Covid-19 no se propague, pero a nosotras nos quieren desalojar con los niños. No les importa que se puedan contagiar los menores de edad y las mujeres embarazadas que están aquí», denunció Dayana Despaigne.  Por su parte, Reina Sierra Duvergel dijo que no tiene para dónde ir: «Mi casa se quemó, cuando llueve los palos se hinchan, así que es muy posible que en cualquier momento se derrumbe. ¿Para dónde voy a ir yo?”.

En el Cotorro, La Habana, burócratas municipales pretenden desalojar a unas 1,000 personas que con su esfuerzo edificaron una comunidad en el antiguo patio de la planta Antillana de Acero. Son mayormente personas de las provincias orientales que fueron llevadas para La Habana a trabajar con la promesa de que tendrían una vivienda, cosa que no se cumplió.

Según los escasos datos disponibles, en 2017 el gobierno detectó 127,693 “ilegalidades urbanísticas” (así llama a las viviendas marginales), de las cuales 48,809 fueron destruidas. En el primer semestre de 2018 fueron desmanteladas otras 19,658. Es decir, a 68,467 familias (unas 273,000 personas) pobres les derribaron sus chozas y quedaron en la calle. Y en 2019 fueron detectadas otras 110,200 chozas, y no se sabe cuántas fueron destruidas.

La ironía en estas violentas acciones policiales contra humildes ciudadanos consiste en que al mismo tiempo que dejan nuevamente sin techo a esas madres solteras las estadísticas oficiales mostraran este año una reducción del número de viviendas marginales en el país. Los incautos lo atribuirán a la construcción y entrega de nuevas viviendas por el estado cuando en realidad “el logro” del gobierno ha sido el incremento del numero de cubanos sintecho.

Crisis de viviendas en Cuba: otra promesa incumplida

La crisis habitacional en general se agrava por día. La isla inició 2020 con un déficit oficial de 929,695 viviendas, que los economistas aseguran pasa de 1.3 millones. Cientos de miles de familias no tienen vivienda de ningún tipo y viven hacinadas en “solares” y “cuarterías”, o en albergues colectivos, o en inmuebles a punto de derrumbarse, o en barrios marginales tipo “Llega y pon”.  Es escandaloso, pero en 2020 en Cuba hay 600,000 personas que malviven en “villas miseria”, como las llaman en otros países, muchas más que en otras naciones de Latinoamérica en proporción a la población total.

En La Habana se derrumban 1,000 viviendas cada año

Más del 65% de los inmuebles cubanos están en mal estado, muchos a punto de desplomarse, cosa que ocurre a diario. En La Habana se derrumban como promedio tres viviendas diarias, unas 1,000 al año, según reporte oficial.  El caso más dramático se produjo en enero de 2020 cuando tres niñas escolares, entre 11 y 12 años, murieron al ser aplastadas por un balcón que les cayó encima, en La Habana Vieja.

Lo peor aquí es la desidia de los jerarcas dictatoriales, todos residentes en lujosas mansiones equipadas con todo, que en medio de la peor pandemia mundial que se recuerde echan a la calle a familias incluyendo niños. Es otro crimen que va al expediente delincuencial del castrismo.

Por: Roberto Álvarez Quiñones