La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) hizo un llamado de alerta el pasado 13 de diciembre sobre las nuevas metodologías represivas del gobierno cubano. Hoy, FHRC llama la atención sobre nuevas amenazas a los derechos ciudadanos que ahora son enmascaradas como medidas profilácticas contra la pandemia mundial del Coronavirus
Partimos de las siguientes premisas:
- En sociedades abiertas las pandemias presentan un riesgo político a los gobiernos que no sepan gestionar la crisis. Pero, en sociedades cerradas con regímenes totalitarios, las pandemias también presentan oportunidades a las elites de poder para intensificar sus controles represivos justificándolos con la profilaxis sanitaria. En el caso de Cuba, el miedo a la pandemia puede convertirse en catalizador de rebeldías –si las personas consideran que el estado las desampara y expone a riesgos innecesarios– o de renovada sumisión –si piensan que solo bajo la guía del estado tienen posibilidades de sobrevivir.
- El estado cubano está intentado aprovechar la pandemia para sacar ventajas en el campo financiero y político. Desde la perspectiva política pretende fortalecer el control social y policiaco sobre los ciudadanos cuando se estaba resquebrajando cada vez más con numerosas protestas. En el orden financiero, intensificando sus esfuerzos por exportar servicios médicos y fármacos, además de de haber dado acogida hasta el final a turistas, incluso a aquellos varados en cruceros que eran rechazados en los demás puertos. En el campo de la propaganda política, el gobierno se dedica a relanzar la falsa imagen de un régimen “solidario, humanista y desinteresado” por medio de la explotación de galenos exportados como trabajo esclavo a otros países.
- El régimen intenta establecer una nueva “normalidad” represiva. La elite de poder cubana ha comenzado a transitar del estado policiaco al que nos tiene habituados hacia una circunstancia de aun mayor control social, censura informativa y violaciones de derechos humanos de expresión y movimiento.
Nos preocupa la aplicación de medidas como las que puntualizamos a continuación:
- En un país donde no es posible hacerse pruebas de salud independientes los activistas están a expensas de las que les realicen las autoridades “sanitarias” quienes podrán fácilmente declararlos sospechosos de ser portadores –incluso asintomático– del virus para poder ordenar su reclusión domiciliar obligatoria y su aislamiento de cualquier otro ciudadano. Esta táctica ya ha sido usada por el gobierno de Cuba, de manera selectiva, contra activistas de la oposición apoyándose en falsos positivos de pruebas de VIH. Los agentes de seguridad que estaban apostados en los domicilios de los disidentes podrán en lo adelante encubrir su función represiva como miembros del sistema nacional de salud pública. Ya lo hacen para ganar acceso al interior de sus domicilios disfrazados de inspectores de salud publica, Las regulaciones de viajes nacionales o internacionales de disidentes y opositores podrán a partir de ahora ser justificados como profilaxis para prevenir la diseminación del virus.
- Las protestas públicas de naturaleza económica y social como las que estaban multiplicándose en todo el país en temas de viviendas, cuentapropismo y otros, serán ahora declaradas una amenaza a la salud pública y proscritas sobre esa pretensión apolítica. El estado cubano será quien determine en el futuro cuándo, para cuáles actividades y de qué modo se decretará el fin de distanciamiento social. El derecho a la protesta social no estará entre sus prioridades.
- Las ya crecientes medidas de censura informativa y represión a periodistas independientes se justificarán –ya lo hacen– como regulaciones para garantizar la veracidad de las noticias y asegurar la tranquilidad ciudadana frente a esta pandemia.
- Medidas que al corto plazo se harían inevitables, como la paralización del transporte por la creciente falta de combustible venezolano, serán ahora presentadas como decisiones planificadas de naturaleza preventiva sanitaria, no de debilidad geopolítica.
- Por último, pero no menos importante, la emergencia sanitaria puede abrir la puerta a una transición “constitucional” hacia una abierta militarización del estado –hasta ahora encubierta por instituciones y funcionarios “civiles”– al someter a todas las instituciones a las directrices del Consejo Nacional de Defensa. (Título X, Capítulo II, Artículo 28: El Consejo de Defensa Nacional es el órgano superior del Estado, que tiene como misión fundamental organizar, dirigir y preparar al país, desde tiempo de paz para su defensa, y velar por el cumplimiento de las normativas vigentes relativas a la defensa y seguridad de la nación. Durante las situaciones excepcionales y de desastre dirige al país y asume las atribuciones que le corresponden a los órganos del Estado, con excepción de la facultad constituyente.)
En resumen: En las actuales circunstancias de Cuba la profilaxis sanitaria puede servir para ocultar el transitar hacia la profilaxis política en un estado de sitio. De ese modo será vendida a la ciudadanía como “normal” y necesaria.
Hacemos un llamado de alerta a las fuerzas democráticas dentro y fuera de Cuba a prestar suma atención, denunciar y resistir las nuevas tendencias represivas que pueden ahora enmascararse con el pretexto de la pandemia.