La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) desea llamar la  atención sobre los cambios introducidos por el régimen cubano en la metodología represiva y la necesidad de que las organizaciones internacionales y de la sociedad civil que trabajan en su monitoreo diseñen ajustes a sus propios indicadores de manera que puedan medir y dar seguimiento adecuado a las nuevas herramientas de la represión en Cuba.

Después del elevado precio pagado con la repulsa mundial a las condenas dictadas contra 75 opositores y miembros de la sociedad civil independiente durante la ola represiva conocida como la Primavera Negra del 2003 ─el promedio de las sentencias era de 20 años de prisión─ la represión ha ido reajustándose en Cuba. Durante años se enfocó en miles de breves detenciones arbitrarias y sanciones prolongadas, sin dejar de utilizar amenazas, golpizas, actos de repudio y otras formas de coerción de alta visibilidad.

Las detenciones, sin embargo, han disminuido notablemente: de 9,942 en 2016 a 2.873 en 2018 según datos compilados por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, a la que el gobierno se niega a legalizar.

La reducción no se debe a que las autoridades se hayan vuelto más benévolas, sino a la mayor eficacia de las denuncias de cada vez más ciudadanos con acceso a tecnologías digitales conjugada con la creación en el exterior de bases de datos personalizadas con la información sobre los represores, lo que ha provocado ya condenas y sanciones internacionales, así como la deportación de algunos de ellos que se habían establecido en EEUU. Los represores y sus líderes partidistas y estatales desean mantener el mismo nivel de control represivo, pero atenuando su exposición pública.

 Sometidos a esa presión, el régimen cubano ha introducido cambios en la metodología represiva ¿Cuáles son los métodos alternativos?

  1. Bloquear salidas del país para eventos o entrenamientos (los llamados “regulados”).
  2. Recrudecer medidas administrativas contra personas que no militan en organizaciones opositoras, pero que son consideradas críticas.
  3. Inmovilizar a los activistas dentro de sus viviendas, anulando así sus reuniones y otras actividades.
  4. Fabricar casos de criminalidad común para justificar condenas a prisión de líderes opositores o figuras prominentes de la sociedad civil independiente.
  5. Presentar ultimátum para que abandonen el país a personas incómodas, amenazándolas con mayor represión si se quedan.

FHRC exhorta a los gobiernos, así como las ONGs y organizaciones internacionales encargadas de monitorear las violaciones de derechos humanos a:

1. Establecer ajustes y afinamientos a la metodología empleada para la recopilación y registro de las violaciones de derechos humanos que emplean las diversas organizaciones y gobiernos para el monitoreo de la represión en Cuba a fin de que cubran también la nueva gama de abusos estatales como los citados arriba.
En ese sentido se sugiere prestar atención a indicadores ─entre muchos otros-─como los siguientes:

  • Número de personas inmovilizadas en sus domicilios de forma ilegal y arbitraria.
  • Número de personas con restricciones de movimiento en el territorio nacional o impedidas de viajar al exterior.
  • Número de casos políticos o de protesta social que se han criminalizado bajo supuestas causas comunes y/o aplicando la llamada “peligrosidad social preventiva”.
  • Número de sancionados administrativos por razón de sus ideas y creencias.
  • Facilitar aún más el acceso de la población y opositores al conocimiento sobre cómo y dónde pueden denunciar a sus represores.

2.  Establecer bases de datos sobre los represores ─como las que tienen actualmente la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y otras organizaciones─ a fin de recoger y compartir la información sobre los represores cubanos y su actividad.
Dichas bases de datos deben incluir aspectos tales como su identidad, datos personales y acusaciones que se han formulado contra ellos, sea cual sea su rango o jerarquía, bien sean militares, policías o funcionarios administrativos y ejerzan, o estén involucrados, en cualquier tipo de represión (violenta, administrativa, tráfico humano de profesionales, asesoría represiva en otros países como Venezuela).

3. Denunciar a esas personas y sancionarles internacionalmente a ellas y sus familiares cercanos empleando métodos como la negación de visados y la prohibición de remesas.

4. Facilitar aún más el acceso telefónico o por internet de forma protegida, barata y sencilla a los ciudadanos que deseen acceder a los programas de recopilación de denuncias e información personal sobre los represores que existen actualmente y otros similares que puedan creados en adelante por los gobiernos y organizaciones internacionales.

Fundación para los Derechos Humanos en Cuba

 

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