Después de criticar los latifundios privados y el desalojo por la Guardia Rural de cualquier morador ilegal que se radicaba en ellos, las autoridades comunistas monopolizan todas las tierras y terrenos. Hoy el gobierno usa sus fuerzas policiales y funcionarios para desalojar familias y demoler con buldócer sus precarios asentamientos irregulares. Sus humildes moradores son lanzados al desamparo.
El más reciente ultimátum fue formulado contra más de un centenar de familias que levantaron una comunidad en un terreno abandonado del municipio habanero Cerro, cercano a la heladería Ward, después de limpiarlo de basura, escombros, criaderos de mosquitos y la plaga del caracol africano.
¿Qué lógica ampara semejante barbaridad en un país donde el déficit afecta ya a cerca de 3 millones de cubanos, que en el mejor de los casos viven hacinados, generación sobre generación, a veces en minúsculos cuartos de sus abuelos? ¿Donde el gobierno no permite una industria privada de la construcción, doméstica o con inversión extranjera, que se haga cargo de paliar su propia incapacidad para resolver la penuria?
Díaz-Canel prometió entregar una vivienda diaria por municipio. Pero de un plan de construir medio millón y rehabilitar 400 mil en 10 años solo se terminaron 43.000 en 2019.
Mientras se mantenga esa insuficiencia del Estado y su intolerancia a la industria privada lo justo sería poner en moratoria la aplicación de las normas de urbanización, abrir amplio cauce a la empresa privada de construcciones y autorizar que las nuevas comunidades puedan ser legalizadas.
Pero es fácil entender por qué a los jerarcas cubanos no les interesa dedicar recursos a la vivienda y otros acuciantes problemas de la población: se trata de pérdidas para sus arcas, a diferencia de la construcción de hoteles, condominios y campos de golf para el turismo que les generan dólares.
Ellos en cambio viven muy bien. Mapas con cargos, nombres y apellidos confeccionados por el investigador cubano Luis Domínguez, quien ha dedicado tiempo a ubicar sus direcciones, muestran cómo han copado las residencias de los barrios de La Habana donde vivían las clases adineradas de la república: Miramar, Kohly, Nuevo Vedado, Atabey, Siboney, Bosque de La Habana. Y las mejores construcciones nuevas se dedican a oficiales medios de sus fuerzas represivas
Familias de un barrio de La Habana con orden de desalojo deciden protestar./ Captura de video CUBANET
Los moradores del caserío amenazado en El Cerro han prometido organizarse para defenderlo. Así lo hizo, mediante métodos de protesta noviolenta, una comunidad irregular cerca del río Canímar en Matanzas. El caso fue seguido por el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) y culminó exitosamente: recibieron libretas de racionamiento y a algunos ya les han asignado apartamentos. Igual éxito ha tenido otra veintena de protestas, también monitoreadas por el OCC, por problemas de suministro de agua, salideros de aguas albañales y otros en los que los afectados se unieron y se comprometieron a no aceptar evasivas, promesas a largo plazo ni un no por respuesta. Ejemplos que podrían seguir los nuevos vecinos de la heladería Ward.
El mensaje para aquellos que piensan que de nada vale protestar es que quienes se deciden a asumir a defensa de sus derechos a una vida digna tienen la posibilidad de vencer y los que se resignan a esperar porque el gobierno le resuelva el problema no tienen ninguna.