Durante décadas, incluso después que el tema de los abusos contra los derechos humanos en Cuba cayera bajo el escrutinio de la ONU a fines de los años 80, las cárceles en la isla se han mantenido, salvo raras excepciones, cerradas a cal y canto para observadores imparciales nacionales e internacionales.
“Nuestro país no aceptará monitores. Amnistía Internacional no ingresará a Cuba”, dijo tajantemente en Ginebra el año pasado Pedro Luis Pedroso Cuesta, embajador de Cuba ante la Organización de Naciones Unidas, en una sesión del Consejo de Derechos Humanos dedicada al Examen Periódico Universal de Cuba, refiriéndose a las numerosas peticiones de esa organización especializada en los derechos humanos de los presos para visitar el país caribeño.
Ante esa negativa, denuncias puntuales sacadas clandestinamente de los centros penitenciarios o información proporcionada por sus familiares, y compiladas y enviadas al exterior por valerosos activistas, han constituido mayormente las fuentes para que las organizaciones internacionales y mecanismos especiales de DD.HH. de la ONU pudieran componer el dantesco cuadro de las torturas y golpizas, la negación de atención médica, las infrahumanas celdas de castigo, entre otras muchas violaciones de las normas internacionales sobre el tratamiento a los reclusos.
Ahora un binomio integrado por la consultoría jurídica Cubalex y Foundation for Human Rights in Cuba ha hecho una importante contribución a esa tarea.
El reciente informe “Situación de las personas privadas de libertad en Cuba” es el fruto de consultas efectuadas a 84 cubanos que están detenidos o cumpliendo sanciones en 42 centros penitenciarios de 13 de las 15 provincias en que se divide el país.
Aunque a Cubalex tampoco se le da acceso a las prisiones ni está en capacidad de consultar fichas médicas o judiciales, activistas dentro de Cuba contactaron directamente a los internos vía telefónica y a través de sus familiares. La información obtenida es la muestra más exhaustiva y metódica hasta la fecha en el abultado expediente de estos atropellos, cometidos por décadas al amparo de las garitas, las alambradas y la impunidad que otorga el régimen a sus funcionarios abusadores.
A veces se dice que dos o más es un patrón y en esta investigación se demuestra el patrón con una masa crítica de testimonios: la sistematicidad de la tortura y los malos tratos en el sistema penitenciario; esa aberración del código penal que es la llamada peligrosidad predelictiva (castigar a las personas por lo que son y no por lo que hacen); la ausencia general de garantías procesales; y las terribles condiciones de vida de los reos en el Gulag cubano (hacinamiento, alimentos descompuestos, calor infernal, demora o negativa de la atención médica)
Las cifras son apabullantes. Por ejemplo, El 100% de los consultados manifestó haber recibido algún castigo o sanción que consideró un acto de tortura, y el 91.4 % declararon haber sido sometidos a golpizas en distintas variantes (puñetazos, patadas, bofetones, con tonfas, palos, tubos, mangueras, etc.). El 68% afirmó que no recibieron asistencia médica después de una golpiza; el 16% manifestó haber quedado con daños tales como: paraplejia, afectación temporal de la visión, de la movilidad y cefaleas.
De los que se quejaron a organismos estatales, solo el 18.75%. recibieron respuesta, mientras que el 56.25% lo que recibió fueron represalias por hacer las denuncias.
El informe ya ha sido presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adscrita a la OEA, con una petición para que se haga extensivo al Comité contra la Tortura de la ONU antes de que venza el plazo para presentar información con vistas al próximo Examen Periódico Universal del Estado cubano.
Si llega a ser escuchado en el foro ginebrino, se comprenderá mejor por qué el gobierno de La Habana, en desafío a normas y procedimientos internacionalmente aceptados, se niega de plano a dejar entrar en el país y en sus prisiones a Amnistía Internacional, la Cruz Roja Internacional o a cualquier otro “monitor”, por más profesional e imparcial que sea.