Con la reciente suspensión de vuelos comerciales programados a nueve destinos en Cuba la administración Trump continúa su política de negar más dólares estadounidenses al gobierno cubano, y en especial a sus militares, que participan en la represión interna y sostienen en el poder al nefasto régimen de Nicolás Maduro en Venezuela
Los nueve aeropuertos que no podrán recibir más vuelos regulares procedentes de EE.UU. son: Ignacio Agramonte, en Camagüey; Antonio Maceo, en Santiago de Cuba; Vilo Acuña, en Cayo Largo; Jardines del Rey, en Cayo Coco; Abel Santamaría, en Santa Clara; Sierra Maestra, en Manzanillo; Jaime González, en Cienfuegos; Frank País, en Holguín; y Juan Gualberto Gómez, en Matanzas.
Las aerolíneas tienen 45 días para cumplir con esta medida. La decisión entrará en vigor el 10 de diciembre de 2019.
La medida creará una inconveniencia, pero no cerrará la puerta a los cubanoamericanos que visitan, sin restricciones, a sus familiares en las provincias del interior de Cuba, ya que aerolíneas como JetBlue y American seguirán volando a La Habana. Solamente American opera seis de sus actuales once vuelos diarios a la isla al aeropuerto capitalino José Martí.
Las restricciones que siguen en efecto son las del gobierno cubano contra cientos de miles de cubanos que de hecho son desterrados por haber sido excluidos de forma permanente o por plazos de hasta ocho años de poder visitar su patria. Son ellos los que seguirán sufriendo la injusticia castrista de no poder acompañar a un familiar moribundo en sus últimos momentos, de no ver crecer sus hijos, no conocer sus nietos. Las peores sanciones y restricciones son las del gobierno de la isla contra todos los cubanos que residen en el exterior, considerados ciudadanos de segunda clase, que no pueden invertir en el desarrollo nacional y a cuyos familiares en la isla se les roba el dinero remesado, resultado del sudor de sus parientes en el exterior, con arbitrarios aranceles aduaneros, impuestos de un 10% al cambio de moneda e imponer en sus tiendas precios en divisas que además están sobrevalorados en hasta 400% el costo de su adquisición por el estado cubano. Exigir el cese de inmediato e incondicional esas restricciones y sanciones castristas contra el pueblo cubano debe ser una prioridad para los cubanos que la padecen, vivan dentro o fuera de la isla.
Lo que intenta el gobierno de Estados Unidos con estas medidas es limitar los flujos de divisas dejadas por viajeros norteamericanos al gobierno cubano, especialmente al visitar destinos susceptibles de un turismo velado y prohibido por las leyes estadounidenses. “Al suspender vuelos a un total de nueve aeropuertos, Estados Unidos impide que el régimen cubano obtenga acceso a divisas de los viajeros estadounidenses que se alojan en sus centros turísticos controlados por el estado, visitan atracciones de propiedad estatal o contribuyen de otros modos, alrededor de estos aeropuertos, a las arcas del régimen cubano”, precisó el anuncio del Departamento de Estado.
Se sabe además que el gobierno cubano cobra jugosas tarifas de aterrizaje a los vuelos procedentes de Estados Unidos. Antes del comienzo de los vuelos comerciales programados con la administración Obama en 2016, el diario Tampa Bay Times calculó que solo por los vuelos a La Habana sus ganancias rondarían los $35 millones anuales.
El presidente Trump y otros altos funcionarios de su administración han dejado en claro las razones que les impulsan a apretarle las clavijas el régimen castrista con esta y otras medidas como la suspensión de los cruceros a Cuba, de los llamados viajes de pueblo a pueblo y la negativa de visas a la familia del capitoste comunista Raúl Castro.
Al anunciar las sanciones al clan de los Castro, el secretario de Estado Mike Pompeo señaló: «El desprecio del régimen cubano por los derechos humanos y su empleo de la violencia para apuntalar al régimen de Maduro son responsables de las crisis en curso en Cuba y Venezuela”.
Como expuso la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) en su investigación “Cubazuela, crónica de una intervención cubana”, efectivos élites de las fuerzas armadas y la inteligencia cubanas, hasta el grado de Generales de División, dirigen la intervención cubana en Venezuela y la sangrienta represión contra el pueblo venezolano y los opositores y militares disidentes. Esa es una situación inaceptable. «Castro es cómplice de socavar la democracia de Venezuela y desencadenar la mayor crisis humanitaria del hemisferio, obligando al 15 por ciento de la población venezolana a huir del país y precipitando una escasez de alimentos y una crisis de salud de escala sin precedentes en esta región», agregó Pompeo.
La situación interna en la isla no es muy diferente, con sentencias de cárcel, arrestos arbitrarios, persecución, amenazas, prohibiciones de salida del país y otras represalias contra opositores y críticos pacíficos.
FHRC considera que los de Cuba, Venezuela y otros países como Nicaragua y Bolivia ya no son gobiernos según las nociones tradicionales, sino una mafia criminal transnacional inmersa en el tráfico de drogas, el lavado de dinero, y otros delitos, así como en el sojuzgamiento de sus pueblos y la desestabilización de las democracias de la región.
Cualquier medida que conduzca a su debilitamiento, debe ser bienvenida.