En diciembre de 2016 la Unión Europea (UE) firmó con el gobierno de Cuba un acuerdo de diálogo político y cooperación en reemplazo de  la «posición común» que desde 1996 condicionaba cualquier avance en las relaciones del  bloque con la isla a avances en materia de derechos humanos.

Nominalmente  el nuevo acuerdo se decía encaminado a “apoyar el proceso de transición de la economía y la sociedad cubanas”. En realidad buscaba ampliar las oportunidades de inversión y financiamiento europeos en la isla frente a un insospechado acercamiento entre La Habana y su tradicional enemigo (y principal rival de las economías europeas): Estados Unidos.

El tema de derechos humanos pasó a ser uno más en una agenda dominada por una “plataforma común para la inversión bilateral”.

Sin más remedio que abordar el asunto, la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, declaró entonces que el convenio ayudaría a “reforzar la democracia y el respeto de los derechos humanos», dando por sentado que ambas cosas existían en la isla. Un raro concepto que quedó confirmado cuando un informe global de la UE dado a conocer en octubre de 2017 afirmó que “Cuba es una democracia de partido único en la que se celebran elecciones a escala municipal, provincial y nacional”.

El primer diálogo sobre derechos humanos tuvo lugar en La Habana en octubre de 2018. Se habló del racismo, la xenofobia, los derechos de los LGBTI y las garantías legales en Cuba y en Europa. Sin embargo temas claves para el pueblo cubano como las elecciones libres y el condicionamiento y criminalización de las libertades a través de la constitución y las leyes brillaron por su ausencia, o fueron abordados de pasada.

Ahora la señora Mogherini está en La Habana para la reunión del Consejo Conjunto. Tres años después de la firma del acuerdo de diálogo y cooperación, Cuba sigue sin ratificar los pactos internacionales de derechos humanos;  y el gobierno “de transición” de Miguel Díaz-Canel  ha reforzado la represión y las prohibiciones no solo contra la oposición, sino en las esferas del arte, el periodismo independiente, las redes digitales alternativas y el mundo académico.

Hay una nueva Constitución en la isla, pero una que, como ha indicado el académico Dimas Castellanos,  “conservó al Partido Comunista como el único y como fuerza superior dirigente de la sociedad y del Estado;  y a las libertades, subordinadas a la defensa del modelo totalitario”.

Ni Mogherini, ni ningún miembro de su entourage, se han reunido nunca en sus visitas a Cuba con opositores o miembros de la sociedad civil independiente de la isla. A las ruedas de prensa sobre la reunión del Consejo Conjunto no se permite pasar a la prensa alternativa.

FHRC no se hace muchas ilusiones respecto a la nueva visita a Cuba de la señora Mogherini. Los derechos humanos, si se abordan, lo serán de manera tangencial. Salvo cuatro de los 28 socios europeos de la UE, que están cuestionando el Acuerdo de Diálogo y Cooperación, a los demás solo parece importarles el peligro que están corriendo sus inversiones en la isla con la decisión del gobierno de Donald Trump de activar los títulos III y IV de la ley Helms-Burton, dando así curso legal a más demandas de estadounidenses por tráfico de propiedades confiscadas en Cuba. Como dice el proverbio bíblico: “dinero mal habido, pronto se acaba”

¿Saben los Meliá, Barceló, Iberostar y compañía que los cubanos de la isla o del exterior no tienen derecho a invertir en su propio país? Claro que lo saben. Y quizás hasta se alegran. Algún día les recordarán que fueron compañeros de cama de un régimen egoísta y abusador, y que violaron en Cuba los convenios laborales internacionales. Y con el recordatorio seguramente les entregarán una cordial invitación a abandonar la isla.