Antes de formular nuestras conclusiones y recomendaciones –que presentamos al final de este informe especial– es primero necesario pasar revista a cómo se desató esta tormenta.

La población cubana residente en la isla y en Estados Unidos se ha visto afectada en sus trámites de viajes recíprocos como resultado de la actual crisis bilateral entre ambos países. ¿A quién habría, en justicia, que culpar por ello? ¿Donald Trump, Raúl Castro o ambos?

Hay tres preguntas claves que se repiten una y otra vez. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Quién lo hizo?  ¿Por qué?

Para responder esas preguntas es pertinente recordar el adagio de Donald Rumsfeld en el sentido de  que “hay cosas que sabemos que conocemos; cosas que sabemos no conocemos y cosas que no sabemos que no conocemos”. 

Pese a la insistencia de La Habana en calificar como “misteriosos” los ataques acústicos contra diplomáticos estadounidenses, lo cierto es que sobre esta crisis hay muchas más cosas que ya sabemos que las que nos quedan por conocer.

Veamos.

¿Que “sabemos que conocemos”?

“Sabemos que conocemos” que un grupo de 22 diplomáticos estadounidenses, que vivían en múltiples residencias y habitaciones de dos hoteles en la Ciudad de La Habana, reportaron afectaciones de saludmás o menos graves que fueron corroboradas después por los médicos que los examinaron. A ellos se suman cinco diplomáticos canadienses que en ese periodo reportaron problemas similares. Esto no ocurrió en una sola ocasión, las afectaciones acontecieron entre noviembre de 2016 y agosto de 2017.

“Sabemos que conocemos” que para la contrainteligencia cubana los diplomáticos estadounidenses son un objetivo prioritario y están sometidos a un chequeo total las 24 horas del día. Esto incluye seguimiento a sus movimientos por brigadas de varios automóviles, dispositivos de escuchas en sus comunicaciones, viviendas, así como la filmación y grabación de sus actividades diarias.

“Sabemos que conocemos” que no es posible que un tercer actor no autorizado por el Ministerio del Interior cubano haya realizado estas acciones sin ser detectado. Es sencillamente imposible  que eso suceda bajo  las citadas condiciones de chequeo total y constante a los diplomáticos estadounidenses.

“Sabemos que conocemos” que resulta imposible que los múltiples sistemas de chequeo permanente que realiza el Ministerio del Interior no hayan detectado –a lo largo de 9 meses– que algo inusual solo comparable con una situación epidemiológica, ocurría a los diplomáticos de Estados Unidos. 

“Sabemos que conocemos” que los reportes de las distintas brigadas de chequeo integral aplicadas contra cada uno de esos diplomáticos son luego procesados de forma centralizada y que copia diaria de esos informes son elevados directamente al Coronel Alejandro Castro Espín. Este hijo del dictador cubano es el supervisor de las operaciones estratégicas de inteligencia y contrainteligencia y participó en todas las conversaciones bilaterales con Washington durante la época de Obama.

“Sabemos que conocemos” que, desde el inicio, la Administración de Donald Trump pidió que se tomasen medidas para dilucidar y detener los ataques acústicos,  pero se continuaron reportando nuevos casos hasta el mes de agosto. Sin embargo, ninguna explicación fue ofrecida por el gobierno cubano a Estados Unidos.

“Sabemos que conocemos” que la posición del gobierno cubano desde noviembre de 2016 hasta octubre de 2017 no fue negar que estos hechos eran reales sino declarar su desconocimiento y ofrecer su cooperación para que el FBI los investigase si quería. Estados Unidos agradeció la oferta pero precisó que era responsabilidad del gobierno cubano –no de Washington– encontrar a los culpables porque la Convención de Viena lo obliga a dar protección a todos los diplomáticos acreditados en su territorio.

“Sabemos que conocemos” que la contrainteligencia cubana ha empleado diversas técnicas  para acosar a los diplomáticos de Estados Unidos, pero ninguna de ellas hasta ahora provocaba daños a la salud de aquellos. Pasar la página y tolerarlos habría sentado un nuevo y peligroso umbral de tolerancia hacia las acciones de la contrainteligencia cubana. Lo que estaba sucediendo ahora era inadmisible.

“Sabemos que conocemos” que Washington, frustrado con la falta de respuesta eficaz  por parte del gobierno cubano, decidió el pasado mes de mayo expulsar a dos diplomáticos cubanos como muestra de que Estados Unidos se tomaba este asunto muy en serio y lo que estaba todavía ocurriendo era sumamente grave.

“Sabemos que conocemos” que después de diez meses, ante la falta de respuesta efectiva de parte del gobierno cubano, el Departamento de Estado tomó finalmente la medida preventiva de retirar más del 50% de los diplomáticos de su embajada en La Habana. Esta medida no constituye una sanción sino una acción temporal preventiva mientras continúe el peligro y no se garantice la protección a la salud de los diplomáticos estadounidenses.

“Sabemos que conocemos” que al aplicarse la cláusula de simetría entre el número de diplomáticos radicados en ambas embajadas, La Habana se vio obligada a retirar un por ciento equivalente de funcionarios de su representación en Washington. Esta medida no es tampoco una sanción impuesta por Estados Unidos sino una obligación que tenía que cumplir la parte cubana.

“Sabemos que conocemos” que esta cadena de hechos –originada en la ausencia de garantías efectivas a la seguridad de los diplomáticos estadounidense en Cuba– ha creado una situación administrativa critica en los consulados respectivos. Esto se traduce en la virtual paralización de los trámites de visados de Estados Unidos y Cuba. En el caso cubano eso incluye la expedición de pasaportes y su  “habilitación”, tramite impuesto a los nacidos en la isla que supone obtener la “autorización” del gobierno cubano para visitar el país en que nacieron.

¿Qué cosas “sabemos que no conocemos”?

“Sabemos que no conocemos” qué personas concretas usaron la emisión de frecuencias de ultra sonido contra las residencias de estos diplomáticos y por qué el Ministerio del Interior no hizo nada para detener esta situación pese a registrar la masividad y gravedad de la crisis por medio de sus múltiples sistemas de chequeo durante más de 9 meses.Aun después de la expulsión de los dos diplomáticos cubanos de Washington en mayo –que la Administración Trump usó como un disparo de salva para expresar la gravedad que concedía al tema–  los ataques continuaron hasta el mes de agosto.

“Sabemos que no conocemos” cuál dispositivo concreto se empleó para estos ataques. Sin embargo, existe el antecedente de una crisis similar ocurrida en la Embajada de EEUU en Moscú  cuyo origen fue el uso de micro ondas por la KGB como instrumento para escuchar las conversaciones al interior de ese edificio. Existe la posibilidad de que algún artefacto usado ahora para fines semejantes haya traído daños colaterales no anticipados.

¿Qué cosas “no sabemos que no conocemos”?

“No sabemos que no conocemos” la razón por la cual Raúl Castro ha optado por negar lo innegable en lugar de encontrar los culpables o buscar chivos expiatorios para sancionarlos y dar una salida a esta crisis. Después de todo, la retirada del personal de ambas embajadas – y la suspensión de visados que se genera como consecuencia de aquella- es temporal hasta que garanticen la seguridad de los estadounidenses.

Es evidente que el General no puede investigar a fondo sin que su hijo Alejandro se vea inevitablemente envuelto en el escándalo y prefiere que el país entero se perjudique antes que dañarlo a él.

¿Qué es lo que todos los cubanos sabemos?

Que la responsabilidad por esta crisis y sus consecuencias cae inequívocamente sobre el gobierno cubano. Pero esta crisis, a su vez, ha creado nuevas circunstancias que, en lo inmediato, perjudican a aquellas personas que habían iniciado trámites para solicitar una visa de Estados Unidos. La alternativa ofrecida por el Departamento de Estado es que viajen a un tercer país, para ser entrevistados. Pero a la inmensa mayoría de los cubanos les resulta difícil obtener la visa de un tercer país y carecen del dinero necesario que se requiere para viajar a hacer esos trámites.

Que el gobierno de la isla viola el derecho de los ciudadanos cubanos de poder entrar y salir libremente del país en que nacieron. En esta crisis se debiera cancelar definitivamente la llamada “habilitación” de pasaporte.

Que el gobierno cubano viola la actual constitución vigente que establece que no se reconoce la doble ciudadanía a quienes adquieran otra. A esas personas nunca debieron imponerle la obligación de viajar a la isla con un pasaporte cubano.

Recomendaciones

Primero. Raúl Castro tiene la obligación de poner fin a esta crisis garantizando la seguridad de los diplomáticos estadounidenses, según lo establece la Convención de Viena de 1961. Adicionalmente debe remover inmediatamente de sus cargos por ineptos al coronel Alejandro Castro Espín, al ministro del interior y al jefe de la dirección de seguridad de las representaciones diplomáticas en Cuba.

Segundo. Raúl Castro tiene la obligación según lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos de permitir la libre entrada y salida de los cubanos al país en que nacieron cancelando la llamada “habilitación del pasaporte cubano”.

Tercero. Raúl Castro tiene la obligación constitucional de permitir que los nacionales que hayan adquirido una segunda ciudadanía viajen a Cuba con el pasaporte de su nuevo país de residencia. 

Cuarto. Raúl Castro debe conceder una extensión automática sin cobrarla a todos los pasaportes cubanos que requieran ser revalidados en medio de esta crisis a fin de que ese trámite no impida viajar a sus portadores.

Quinto. El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene que dar una respuesta razonable   a los cubanos que han pagado por servicios consulares que ahora están paralizados. Puede que no estén obligados legalmente a  devolver ese dinero, pero tratándose del país con más bajos ingresos del hemisferio sometido a la dictadura más longeva de esta región, la respuesta ofrecida hasta ahora solo sirve para alimentar la propaganda antinorteamericana de La Habana.

Otra alternativa que pudiera considerar Estados Unidos sería la de hacer los arreglos pertinentes para ofrecer servicios consulares temporales en la Base Naval de Guantánamo. Estos servicios se ofrecerían –por tiempo limitado–exclusivamente para el grupo de personas que ya pagaron y tienen la entrevista pendiente. 

El proceso en la Base Naval de Guantánamo se podría llevar a cabo tramitando un número limitado de entrevistas diarias previamente citadas para una fecha, tal y como se hacía en las oficinas consulares en La Habana. Esas personas podrían ser recogidas en un punto cercano, terrestre o marítimo, autorizado por el gobierno cubano a ese fin, llevadas a la Base y luego retornadas a territorio cubano ese mismo día. Esos cubanos no podrían solicitar quedarse como refugiados en la Base porque ya no existe la ley de “pies secos y mojados”.

Si el gobierno de Washington en lugar de retornar el dinero prefiriera ofrecer la opción de procesar las visas en Guantánamo y el gobierno cubano se negara a aceptar este modo de facilitar las entrevistas, quedará desnudado ante la opinión pública. Esta actitud evidenciaría su interés en torcer la realidad para presentar a Estados Unidos como el actor insensible ante las dificultades de esos ciudadanos.

Conclusiones

La industria de desinformación de la inteligencia cubana ha movilizado a todos sus agentes de influencia para crear confusión, sembrar dudas, promover pistas falsas, fomentar teorías conspirativas y distraer la atención difundiendo las declaraciones demagógicas de La Habana. Su objetivo es responsabilizar al gobierno de Estados Unidos por el impacto que esta crisis tenga sobre los cubanos.

Alejandro Castro Espín; el Ministro del Interior, Julio César Gandarilla Bermejo; y el jefe del servicio de seguridad a las embajadas extranjeras no pueden rehuir su responsabilidad personal por todo lo ocurrido y  por lo que pueda llegar a ocurrir; sea por acción u omisión.

Esta crisis no se va a disipar ni estancar, solo puede empeorar hasta que se garantice la seguridad de los diplomáticos estadounidenses en Cuba. 

Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC)

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