La cadena hotelera española Meliá ha anunciado en un reciente informe interno la desafiliación de tres de los hoteles a los que presta su nombre en Cuba, a pesar de que ninguno de los que posee en la isla es propiedad suya, solo se ocupa de administrarlos y comercializarlos.
¿Quién es el dueño de esos hoteles? Pues ni siquiera el Estado cubano, sino la cadena cubana Gaviota, una de las empresas del pulpo empresarial militar GAESA. Las oficinas principales de ciertas empresas asociadas a GAESA, como es el caso de CIMEX, están registradas en el exterior y las que operan en la isla aparecen como sus sucursales. Son, a todo efecto, empresas extranjeras que escapan de toda fiscalización nacional sobre sus ingresos y el modo en que son empleados.
El año pasado Estados Unidos sancionó al jefe de GAESA, el general de brigada de las FAR Luis Alberto Rodríguez López Calleja, y al consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer. Y fueron sancionados bajo leyes diferentes, López-Calleja bajo la ley Magnitsky y Escarrer bajo la Ley Helms-Burton, los dos han estado involucrados en la explotación de los trabajadores cubanos por los militares de GAESA con la complicidad de inversores extranjeros como Meliá. Dios los cría y la avaricia los junta.
Un estudio sobre el tema patrocinado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba en 2016 reveló que la explotación de la mano de obra cubana en las empresas mixtas es aún mayor que la de los médicos enviados a misiones en el exterior. Los primeros no son contratados directamente, sino por dos agencias empleadoras del gobierno cubano, una de ellas Almacenes Universal, dependiente de GAESA. Acudiendo a los trucos de magia que han significado las dos monedas, si en una empresa mixta turística la firma extranjera pagara un salario de 420 dólares mensuales, un trabajador de calificación media puede recibir por ejemplo 260 pesos, equivalentes a 9 dólares 80, y la agencia empleadora militar quedarse con los $410.20 restantes.
La información sobre la desafiliación de los tres hoteles Meliá en Cayo Guillermo, parte del archipiélago Jardines del Rey, que es un feudo de Gaviota, precisa que fue de común acuerdo entre la cadena española y la cubana.
En los últimos dos años para mejorará su imagen pública como corporación socialmente responsable, Meliá ha incorporado a sus informes evaluaciones sobre derechos humanos que incluyen temas como “libertad de asociación y negociación colectiva”; dignidad de las personas y “condiciones de trabajo y retribución justas y dignas”. Sin embargo, Cuba es el único país que no está incluido esas evaluaciones. Según Meliá, la corporación ha tomado como marco de referencia los planteamientos definidos por el Danish Institute for Human Rights, los Principios Rectores sobre las empresas y derechos humanos, los 10 Principios del Pacto Mundial, así como los planteamientos del Modern Slavery Act. Si ese fuera el caso de Cuba tendrían que retirarse.
Pero la medida contra Escarrer tiene el impacto simbólico de una sanción estadounidense sobre un alto ejecutivo de una transnacional, y habrá que ver qué hace ahora Meliá para salirse de ella.
Habra que ver qué sucede en el informe de gestión de Melia del 2021. La inclusión o no de Cuba en los análisis sobre derechos humanos de esa empresa este año dará un indicador de cómo andan las relaciones de Meliá con los militares empresarios cubanos.