Esta semana asume la presidencia de los Estados Unidos John Biden, el ex vicepresidente de Barack Obama durante lo que se conoció como el “deshielo” con Cuba. Ese hecho plantea interrogantes.
En su libro de memorias “The World as It Is” (El mundo tal como es), Ben Rhodes, el negociador enviado por el presidente Obama a las conversaciones secretas que condujeron al deshielo desde diciembre de 2014, recuerda que durante las charlas el gobierno cubano hizo varias promesas: emprender reformas políticas y económicas (en su mayoría no especificadas), abrir las puertas a los negocios estadounidenses, así como liberar a medio centenar de presos políticos y ampliar el acceso de los cubanos a Internet.
El ex asistente presidencial apunta que luego, en la práctica, cuando el gobierno de Obama colocó sobre la mesa una serie de iniciativas estadounidenses, el gobierno cubano respondió con características estrategias evasivas.
Fueron terriblemente lentos para emitir licencias a firmas estadounidenses interesadas en hacer negocios en Cuba; no abrieron canales fluidos para el comercio con el sector privado cubano, y no resolvieron los reclamos pendientes de propiedades confiscadas de ciudadanos de los EEUU.
En realidad, el gobierno de Raúl Castro aceptó solo lo que le convenía de la oferta estructurada por Obama a través de seis rondas de generosas enmiendas a las Regulaciones sobre Activos Cubanos (CACR).
Esto fue analizado en detalle por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba (USCTEC) en un artículo fechado en agosto de 2016. La entidad encabezada por el empresario John Kavulich observaba entonces cómo el gobierno cubano dio la bienvenida, o correspondió, solamente a las modificaciones de Obama que más dividendos le reportaban, especialmente a los militares.
Los beneplácitos cubanos se concentraron en la esfera de la economía en divisas que es dominada en la isla por el holding militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA, dirigido por el exyerno de Raúl Castro Luis Alberto Rodríguez López-Calleja recientemente sancionado por la administración Trump).
Así, La Habana acogió con agrado la eliminación por Obama de todos los límites a las remesas, que cambiaron a tasas arbitrarias y nunca entregaron en dólares a sus receptores mientras que una gran parte de ellas se queda en las minoristas Tiendas Recaudadoras de Divisas bajo el control de GAESA, a las cuales tienen que recurrir prácticamente todos los cubanos para satisfacer necesidades básicas. Miles de millones de dólares anuales de ganancias que fueron a parar también a los militares cubanos.
También fueron bien recibidas las medidas dispuestas por la Casa Blanca para incrementar y facilitar los viajes autorizados de los estadounidenses, según el USCTEC el grupo que más margen de ganancias deja, y que se convirtió en el segundo mayor de viajeros a la isla después de Canadá.
Con los militares controlando el turismo en Cuba, La Habana dio el visto bueno a la reanudación de los vuelos comerciales programados y los cruceros; habilitó las transacciones en la isla con tarjetas de crédito norteamericanas (bancos Stonegate y Popular), y accedió a que compañías de EEUU (Priceline y Airbnb) hicieran reservas de alojamiento en Cuba, o gestionaran hoteles en el país, incluidos los que son propiedad de GAESA (Starwood). También, firmó acuerdos de roaming para facilitar las comunicaciones desde Cuba de los clientes de las principales compañías telefónicas de EE.UU (Sprint, Verizon, T-Mobile, AT&T).
No ocurrió lo mismo con las medidas de la Casa Blanca que buscaban fortalecer el comercio y las inversiones o beneficiar directamente al pueblo cubano y al sector privado.
La Habana no autorizó a compañías estadounidenses a vender directamente a los emprendedores privados en Cuba ni a estos a exportar sus producciones al país vecino o recibir préstamos de empresas de EE.UU. Solo dejó mantener una presencia física y operativa en Cuba a aerolíneas y firmas hoteleras.
Tampoco accedió a que empresas de internet y telecomunicaciones norteamericanas tendieran un cable de fibra óptica y mejoraran la infraestructura del sector allí. La significativa extensión del servicio de internet telefónico solo ocurrió en 2018, ya bajo la presidencia de Donald Trump.
Pese a que EEUU facilitó que más de 500 empresarios estadounidenses viajasen a explorar negocios en la isla, la única propuesta de inversión estadounidense que el gobierno de Castro aprobó en principio fue la de la compañía Cleber LLC de Alabama para fabricar y vender tractores sencillos a los agricultores cubanos, nunca recibió permiso para establecerse en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.
Tampoco se concretaron nunca las prometidas reformas políticas y económicas ni avances en la situación de los derechos humanos. De hecho, la represión se mantuvo e incluso se incrementó.
Como colofón a la política de manos extendida, los diplomáticos estadounidenses siempre bajo la estrecha vigilancia de los servicios secretos de Castro sufrieron desde fines de la presidencia de Obama, ataques prolongados, repetidos y devastadores a su salud por medio de los llamados ataques acústicos. El gobierno cubano nunca ha querido siquiera reconocer que tuvieron lugar pese a las investigaciones científicas que demostraron su existencia.
En resumen, el régimen de Castro le aplicó a las ofertas de Obama la Ley del Embudo, ancho para ellos, estrecho para todo lo que beneficiara a Estados Unidos o al pueblo cubano. La nueva administración estadounidense debe sacar lecciones de lo ocurrido.
Por Rolando Cartaya