“Cuando llegaron los boinas negras (…) se lanzaron del carro con las tonfas (bastones) en la mano, y repartieron patadas y piñazos a diestra y siniestra, incluso a menores de edad. Eso generó el descontento de los presentes, que dejaron al violador (de una menor de 8 años de edad) en segundo plano y empezaron a gritarles asesinos a los guardias y a lanzarles piedras. Al principio eran unas pocas piedras que salían de techos y patios, pero luego la ira se generalizó, y todo el que encontraba un pedazo de ladrillo o piedra se lo arrojaba con odio a los guardias”
Así describió los hechos uno de los participantes a Diario de Cuba.
En resumen: una manifestación espontánea en Santiago de Cuba que derivó, de la indignación popular contra el violador de una niña de ocho años, a la riposta improvisada contra la violencia gratuita de unas fuerzas especiales concebidas para sofocar cualquier acto de protesta colectiva espontáneo.
La tarea principal de los boinas negras, según el Ministerio del Interior, es “enfrentar actividades criminales, marginales y antisociales de gran alcance y peligro, particularmente en la ciudad de La Habana”.
Esto es, disolver cualquier aglomeración de cubanos donde pueda caer la chispa de una protesta y comprometer la estabilidad del régimen, cada vez más volátil en estos días de profundización de la crisis
Desde su creación, los boinas negras han sido despachados a controlar desde una riña en un estadio, una conga callejera, o una protesta por la indiferencia del gobierno después del paso de un huracán, hasta una protesta real de estudiantes de medicina pakistaníes en Matanzas, adonde llegaron con bayonetas caladas.
Estos lobos verde oliva cada vez se comportan de manera más violenta, o eso es lo que cuentan imágenes filmadas por la población hace unos días en el humilde barrio Nuevo Vista Alegre en Santiago de Cuba, y semanas atrás en Zulueta, Remedios, en el centro de la isla. (Su jefe, el General de Brigada José Luis Mesa Delgado, ya tiene una ficha en el sitio RepresoresCubanos.com de FHRC)
Como en otras ocasiones, se ha anunciado que serán procesados judicialmente los ciudadanos que respondieron con piedras a los bastonazos, patadas y hasta disparos lanzándoles a los agresores.
El gobierno se propone además acabar con los testigos incómodos que divulgaron los hechos: los reporteros ciudadanos espontáneos que grabaron las escenas de la represión y las divulgaron en redes sociales. Les aplicarían el decreto-ley 370, que autoriza multas y confiscación de celulares a quienes –con los cuatro millones de teléfonos inteligentes que hay en la isla- capten imágenes de la represión y las suban a las redes sociales.
Menuda tarea. Hoy lo mismo se propaga en la noche un cacerolazo, el bloqueo de una calle en reclamo de agua, entrevistas a transportistas en huelga o testimonios de artistas perseguidos. Hoy la gente se defiende a pedrada limpia del cuerpo elite de gorilas del MININT.
Más les vale a los funcionarios que entiendan que los cubanos del 2020 no son los de 1959; que 61 años de opresión, abandono y promesas huecas los han cambiado, posiblemente más allá del punto sin retorno.