La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) declara que:
Primero. Raúl Castro tiene – ante todo- la obligación de poner fin a esta crisis garantizando la seguridad de los diplomáticos estadounidenses, según lo establece la Convención de Viena de 1961. Adicionalmente debe remover inmediatamente de sus cargos por ineptos al coronel Alejandro Castro Espín, al ministro del interior y al jefe de la dirección de seguridad de las representaciones diplomáticas en Cuba.
Segundo. Raúl Castro tiene la obligación, según lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, de permitir la libre entrada y salida de los cubanos al país en que nacieron cancelando de inmediato la autorización llamada “habilitación del pasaporte cubano”.
Tercero. Raúl Castro tiene la obligación constitucional de permitir de inmediato que los nacionales que hayan adquirido una segunda ciudadanía puedan viajar a Cuba usando el pasaporte de su nuevo país de residencia.
Cuarto. Raúl Castro debe conceder de inmediato una extensión automática –sin cobrarla– a todos los pasaportes cubanos que requieran ser revalidados a fin de que ese trámite no impida viajar a sus portadores mientras dure esta crisis.
Quinto. El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene que dar de inmediato una respuesta razonable y satisfactoria a los cubanos que han pagado por servicios consulares que ahora están paralizados. La maquinaria castrista de desinformación y propaganda intenta vender la idea de que esta crisis ha sido creada artificialmente por la Administración Trump para perjudicar a los cubanos. No se debe facilitar que esa mentira se abra paso.
Puede que Estados Unidos no esté obligado legalmente a devolver ese dinero, pero tratándose del país con más bajos ingresos del hemisferio y sometido a la dictadura más longeva de esta región, la respuesta ofrecida hasta ahora a los afectados ha sido inadecuada y por ello contraproducente.
El dinero ya cobrado a personas cuyos trámites se han visto ahora paralizados debe ser devuelto o se deben adoptar medidas alternativas realistas – no la de viajar a un tercer país- que viabilicen desde Cuba la continuación de los trámites a ese grupo limitado de personas.
Entre otras, una alternativa que pudiera considerar Estados Unidos sería la de hacer los arreglos pertinentes para ofrecer servicios consulares temporales en la Base Naval de Guantánamo. Estos servicios se ofrecerían –por tiempo limitado–exclusivamente para el grupo de personas que ya pagaron y tienen la entrevista pendiente.
El proceso en la Base Naval de Guantánamo se podría llevar a cabo tramitando un número limitado de entrevistas diarias previamente citadas para una fecha, tal y como se hacía en las oficinas consulares en La Habana. Esas personas podrían ser recogidas en un punto cercano, terrestre o marítimo, autorizado por el gobierno cubano a ese fin, llevadas a la Base y luego retornadas a territorio cubano ese mismo día. Esos cubanos no podrían solicitar quedarse como refugiados en la Base ni tampoco continuar su camino hacia Estados Unidos sin obtener primero un visado porque ya no existe la ley de “pies secos y mojados”.
Si el gobierno cubano se negara a aceptar este modo de facilitar las entrevistas, quedará desnudado ante la opinión pública.