En La Habana, Santa Clara y Holguín, 57 cubanos, de ellos 14 adolescentes, serán juzgados esta semana con peticiones fiscales de hasta 30 años de prisión. Todo por participar pacíficamente en las protestas del #11J o compartir videos en las redes sociales.

Bajo el gobierno de facto de Fulgencio Batista los participantes en el asalto al Cuartel Moncada organizado por Fidel Castro no solo derramaron la sangre de los defensores, sino que ocuparon en violación de las normas humanitarias internacionales el hospital Saturnino Lora, tomando a enfermos como rehenes.

Castro, como líder de esa acción sangrienta, tuvo derecho a defenderse y fue sentenciado a 15 años de prisión, pero sólo cumplió 22 meses, que pasó en condiciones bastante confortables, separado de los presos comunes, con radio, hornilla eléctrica y permiso para cocinar, biblioteca, implementos para jugar ping-pong y voleibol, entre otras facilidades. Periodistas de entonces como Juan Emilio Friguls, de Diario de la Marina, y Marta Rojas, de Bohemia, pudieron cubrir las incidencias de su detención y de su juicio.

En cambio, a los juicios que se les están celebrando a los manifestantes del 11-J no tienen acceso ni la prensa extranjera ni medios independientes. Un video de familiares y amigos de los encartados ha mostrado como el Tribunal Provincial de Santa Clara ha sido acordonado con una cinta amarilla, como se hace con la escena de un crimen. Y de hecho lo es, pero la dictadura castrista no quiere testigos de las irregularidades que se cometen, cómo violan hasta sus propias leyes, como los fiscales, los jueces y en muchos casos los abogados defensores, todos empleados del Estado, solo escenifican una farsa para adjudicar condenas previamente acordadas.

En un testimonio ofrecido a nuestro colega Luis Domínguez un exmiembro del aparato represivo cuenta cómo los Jefes del Ministerio del Interior en las provincias han establecido las llamadas reuniones tripartitas MININT-Fiscalía y Tribunal-Órgano de Procesamiento Penal del territorio, reunión de la que emanan realmente las sentencias aún antes de realizarse el juicio y con un mínimo de evidencias o ninguna, ideando alguna causa común. Por si acaso, para asegurar el apoyo del entramado jurídico se instruye a los órganos de la Contrainteligencia reclutar a algunos jueces que faciliten el trabajo.

De modo que no es conveniente para la dictadura que el mundo pueda ver estos procesos. Contra la presencia de la prensa independiente utilizan todo su arsenal represivo, desde detenciones breves o prohibiciones de salir de sus casas hasta golpizas y encarcelamiento, como le ocurrió al periodista Roberto Quiñones Haces cuando en 2019 intentó cubrir en el Tribunal Provincial de Guantánamo el juicio contra dos pastores que querían educar a sus hijos en casa.

Algunos familiares de los detenidos del 11J han implorado entonces a la prensa extranjera que cubra los juicios. Pero la prensa acreditada también ha sido objeto de agresiones y está bajo el dogal del Centro de Prensa Internacional (CPI) del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este órgano ha estado siempre dirigido por espías profesionales, por lo general coroneles de las Direcciones de Inteligencia o la Inteligencia Militar con cobertura diplomática, como José Ramón Cabañas, José Luis Ponce Caraballo y Gustavo Ricardo Machín Gómez Actualmente la dirige por Alberto González Casals, un Teniente Coronel de la Dirección de Inteligencia Militar.

EL CPI filtra a los periodistas extranjeros y descarta la acreditación de los que considere críticos. Requiere para realizar trabajo periodístico en Cuba una visa D-6 que puede suspender, revocar o no prorrogar, incluyendo la expulsión del país del corresponsal si considera que este ha realizado “acciones impropias o ajenas a su perfil y contenido de trabajo, así como cuando se considere que ha faltado a la ética periodística y/o no se ajuste a la objetividad en sus despachos».

Faltar a este estricto, pero deliberadamente impreciso reglamento puede resultar en una reducción del personal de la agencia o la pérdida de la corresponsalía en Cuba. En un caso reciente, en vísperas de la Marcha Cívica por el Cambio convocada en noviembre pasado por la plataforma Archipiélago, el CPI retiró las credenciales a cinco periodistas de la agencia EFE, y luego solo se las devolvió a dos, los únicos que continúan hasta el día de hoy.

La realización de estos juicios estalinistas en Cuba contra los manifestantes del 11-J es una tragedia, pero igualmente trágica es la atmósfera de censura asfixiante en que transcurren.

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba está apoyando la exigencia de la sociedad civil cubana para que se trasmitan en directo por la radio y la televisión estos arbitrarios procesos, otorgando también pleno acceso a la prensa extranjera y el cuerpo diplomático.  Por otra parte, FHRC está incorporando a su base de datos RepresoresCubanos.com al actual director del CPI, Alberto González Casals.

No en balde se considera que el más importante de los derechos humanos es el de la libre expresión e información, porque es la garantía para que podamos ejercer todos los demás.