Desde hace una década, la nueva oligarquía militar cubana ha llevado a cabo un golpe silencioso contra las bases legales del régimen comunista, impulsando una transición gradual que ha transformado al Estado comunista totalitario refrendado por la Constitución en un Estado mafioso totalitario. El abandono definitivo del compromiso comunista con las necesidades básicas de los ciudadanos, incluyendo la atención médica en medio de la pandemia, se hizo aún más evidente con la llamada Tarea Ordenamiento, al tiempo que se recrudeció la represión dictatorial.

El “golpe blando” ya ocurrió. Lo llevó a cabo una élite militar oligárquica

Una nueva élite mafiosa se ha apropiado de manera exclusiva del poder dictatorial que el Artículo 5 de la Constitución le otorga al Partido Comunista. Desplazó del ejercicio de ese poder a las instituciones de dirección de ese partido e incluso del Estado –Buro Político, Consejo de Estado– y las reemplazó de facto con una troika militar bajo su control (GAESA/MININT/FAR).

De aplicarse el Artículo 4 de la Constitución que da a los ciudadanos el mandato de resistir –incluso por las armas– cualquier intento de cambiar el “socialismo”, entonces la ciudadanía, e incluso la Asamblea Nacional, estarían obligadas a detener por traición a los funcionarios y mandos de esa troika.

Pero sucedió lo inesperado: el pueblo se hartó y después de acumular más de dos mil protestas en el primer semestre de 2021, se rebeló masivamente el pasado 11 de julio (11-J). Ahora la élite de poder pretende aplastar la marcha pacífica convocada para el 15 de noviembre. Tras más de seis décadas de proclamarse víctima de agresiones externas, el Estado cubano tiene como enemigo principal al pueblo de Cuba.

La guerra sucia contra el pueblo cubano

Aprovechando el tiempo que la convocatoria transparente y pública a esa nueva protesta cívica ofrece, la élite mafiosa planifica los detalles de su nueva ofensiva contra el pueblo. Miguel Díaz-Canel, mediocre e ilegítimo presidente de un Consejo de Estado que, al igual que él, no tiene ningún poder, ha proclamado que los ciudadanos están “confundidos”, pero el gobierno cuenta con “suficientes” (sic) revolucionarios para hacerles frente. Así, grupos paramilitares fascistoides son exhibidos impúdicamente en las redes sociales portando palos, cabillas y hasta armas largas, correspondiendo al llamado que Díaz Canel hiciera el 11-J a enfrentar a unos cubanos contra otros.

La estrategia no es política, sino militar. El objetivo es doble: aplastar a los coordinadores de las protestas y aterrorizar a la población, devolviéndola al inmovilismo previo al 11-J. Los componentes militares están claros: declaración de maniobras militares nacionales conjugadas con grupos antimotines de la policía y las FAR que actuarán junto a paramilitares coordinados por la Seguridad del Estado.

Medidas activas y guerra psicológica

El plan de contrainsurgencia tiene otro componente de guerra psicológica. Se despliega con la clase de medidas activas a las que la KGB soviética dedicaba más del 80% de su presupuesto. El propósito es sembrar premisas equivocadas en el campo adversario, que lo lleven a actuar de modo que asegure su autoderrota. 

En este campo, el Estado disemina rumores por medio de agentes e informantes. Con su monopolio sobre el aparato de comunicación sustituye la información por desinformación. El aparato de propaganda y el MININT elaboran las matrices de opinión a difundir, e intentan asesinar la reputación de disidentes buscando o fabricando elementos que los desacrediten.

Se emplean también instrumentos de guerra política y cultural del arsenal para conflictos híbridos acumulado por La Habana, Moscú, Beijing y Teherán. Sus múltiples medios (TR, RIA, Sputnik, Xinhua, IRNA, HISPANTV, AJN) se conciertan para ocultar al mundo la magnitud, naturaleza y significado de esta insumisión nacional cubana.

Ningún mensaje estatal es hoy inocente. A algún exfuncionario que ejecutó reformas económicas se le permite resurgir en las redes para crear la expectativa de que quizás cambien a los responsables del desastre. Medidas y leyes por años engavetadas son aprobadas. A eso se suman anuncios de yacimientos de oro supuestamente recién descubiertos, o sea, pronto habrá infinitas riquezas y todo se va a resolver.

Todo ese esfuerzo de guerra psicológica se resume en sembrar dos matrices de opinión: a) no protestes el 15 de noviembre porque hay quienes te esperan para molerte los huesos y luego condenarte a décadas de prisión, y b) no vale la pena correr ese riesgo porque las cosas van camino de solucionarse.

Pero el efecto es contrario al propósito perseguido: los ciudadanos aprenden que solo cuando se protesta en las calles los gobernantes toman nota de las demandas y hacen algo al respecto.

Pese a todo ese despliegue de soberbia y recursos las perspectivas, como apuntó en su informe sobre el mes de octubre el Observatorio Cubano de Conflictos,  no parecen favorecer al gobierno:

“La oligarquía militar no entendió que la Marcha Cívica del 15 de noviembre no es una cita para la ‘batalla final’ contra el ‘enemigo’, sino la invitación que le tendió Archipiélago –cumpliendo la tramitación legal– para que se desnudara como dictadura totalitaria a los ojos del pueblo y la opinión pública mundial (…) El gobierno cubano llega al 15 de noviembre más desprestigiado, débil y aislado de lo que ya estaba el 11 de julio. Pase lo que pase ese día, ya perdió (…) Sin capital simbólico (credibilidad, prestigio y capacidad de influencia), de poco vale el poder que se limita al monopolio sobre el aparato de violencia. Como advirtió Talleyrand a Napoleón: ‘Usted puede hacer lo que desee con las bayonetas, salvo sentarse sobre ellas’”.