En Cuba es muy peligroso profesar ideas no aprobadas por el Estado. Después de las protestas masivas de julio, el gobierno avanza hacia un escalón más alto de represión mapeando, casa por casa, las ideas, creencias, religión y actitudes de cada familia para facilitar aún más la vigilancia y la represión.

Hasta el pasado mes de julio, el gobierno de Cuba aparentemente se creía su propaganda acerca de que la oposición en la isla se limitaba a unos cuantos pequeños grupos apoyados por Estados Unidos. Los mantenía a raya a través de las tácticas de socavación, divisionismo, descrédito, y sanciones por presuntos delitos comunes ejecutadas por la sección 21 de la Contrainteligencia y sus agentes.

En esa ensoñación, el levantamiento popular del 11 de julio les tomó por sorpresa.

El difunto Fidel Castro no se podía creer en abril de 1980 que tras retirar las postas de la Embajada del Perú se hubieran asilado allí en tres días 10.800 cubanos. Los herederos de los Castro sabían hace dos meses que había descontento popular, pero no les cabía en la cabeza que decenas de miles de cubanos pudieran salir a las calles en más de 50 localidades del país gritando “Libertad” y “Patria y Vida”.

Para sofocar la masiva insubordinación se vieron obligados a desencadenar una ola de violencia con todas las fuerzas de su Ministerio del Interior, grupos paramilitares e incluso algunos cuerpos de las Fuerzas Armadas.

Aquella bofetada de pueblo iracundo les sacó de su ebriedad triunfalista, y ahora se apuran a extremar el control de la ciudadanía para prevenir e inmovilizar a los descontentos que pudieran sumarse a un 11-J Segunda Parte. Y es que la posibilidad de nuevas protestas masivas existe: aunque han ofrecido algunas zanahorias raquíticas mientras dejan caer el garrote de la represión, factores agravantes de la penuria del pueblo como la crisis alimentaria, el colapso sanitario precipitado por la pandemia y las dificultades con la recepción de remesas y otras ayudas desde el exterior se mantienen prácticamente sin cambios.

La planilla «Aspectos a tener en cuenta en el diagnóstico de la familia» se distribuye masivamente por los Comité de Defensa de la Revolución para clasificar a los cubanos que manifiesten problemas políticos-ideológicos o manifestaciones contra la Revolución.

El Estado dibuja el “mapa” de la próxima represión

Para “mapear” y controlar la ciudadanía han habilitado un formulario secreto titulado “Aspectos a tener en cuenta en el diagnóstico de las familias”. No dice de donde viene ni quienes las van a llenar, pero ahora se quiere una valoración familia por familia, algo así como un genoma político de toda Cuba.

La planilla tiene preguntas muy específicas sobre el núcleo familiar: “integración revolucionaria”, dada por la pertenencia a organizaciones afines al gobierno; si no pertenecen a ninguna, el informante deberá colgarles este sambenito: “N.A.P.R” (No Acorde con los Principios de la Revolución).

Otra interrogante se basa en cómo asumen lo miembros de la familia la política de “la revolución”, si positiva o negativamente, y en este caso, si lo manifiestan o no: ambas categorías conllevan un estigma, pero los que se expresan críticamente son considerados más peligrosos.

También interesa saber si en la vivienda tienen radio y/o televisor, y si “observan” los principales programas de adoctrinamiento ideológico, el Noticiero Nacional y la Mesa Redonda. Y a pesar de que el gobierno asegura que el sector privado es parte de la economía socialista, una casilla revela la permanencia de la suspicacia, al indagar si en la casa hay trabajadores por cuenta propia.

La siguiente línea de preguntas se centra en un factor clave de la propagación de las protestas en la jornada del 11 de julio: ¿Tienen computadora? ¿Y acceso a internet? ¿Cómo se manifiestan en las redes sociales? ¿Positivos o negativos?

Cuba se declaró estado laico y no ateo en 1992, y la Constitución aprobada en 2019 prescribe la no discriminación por motivos religiosos. Pregúntese entonces por qué este diagnóstico de la familia pregunta si practican alguna religión, cuál, y si su culto religioso afecta la educación del niño.

Participación en «hechos» 11/7: no se atreven a llamarlo por su nombre: «protestas»

La última casilla, “Participación en hechos 11/7”, revela la motivación última de esta encuesta. Una respuesta afirmativa podría decidir si la Seguridad del Estado asigna una vigilancia permanente a esa familia. Y lo que escriba el informante sobre la última pregunta, “¿Qué hizo?”, podría dar pie a una investigación policial, rematada con un expediente judicial y sanción de cárcel. Según se valoren las respuestas podrían incluso aplicar la prisión preventiva por peligrosidad.

El formulario “Aspectos a tener en cuenta en el diagnóstico de las familias” es parte de la habitual respuesta estalinista de este régimen de 62 años a las críticas, las protestas, y hasta a un estallido social: no reacciona analizando las causas del descontento y efectuando cambios profundos en aquello que lo ocasiona, sino algunas migajas, más palos, y más control “preventivo “.

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