La Constitución en un país comunista, a diferencia de otro occidental con democracia liberal, es un elemento retórico, con enunciados generales que son acotados en la realidad por las leyes, normas administrativas y hasta instrucciones verbales o escritas. Sucede con demasiada frecuencia que las leyes, normas y “orientaciones” contradicen lo establecido por la Constitución y en la práctica prevalecen sobre ella. Eso es facilitado adicionalmente por el hecho de que en Cuba no existe todavía un Tribunal de Garantías Constitucionales, sino los otros encargados de velar por la aplicación de las leyes.
¿Por qué ahora?
Si bien se dice que desde 2013 existe un grupo de personas encargada de estudiar posibles cambios a la Constitución lo cierto es que eso sucede con muchos otros temas que nunca llegan a materializarse en nada concreto. Entonces, ¿por qué este apuro? Puede razonarse que dada la avanzada de Raúl Castro desea “dejar todo atado y bien atado”. Pero también hay otras circunstancias internacionales que dan sentido de urgencia a este asunto.
Los cambios anunciados con el debate sobre la llamada “nueva” constitución representan un conjunto de fuegos artificiales para la nueva ofensiva de propaganda de La Habana –algo apagada desde la elección de Donald Trump- ahora que Venezuela, Nicaragua, Bolivia, y los “compañeros” narcotraficantes de las FARC están a la defensiva.
Se desea reciclar el viejo lema de que “¡ahora si hay cambios!” con la esperanza de atraer inversionistas y -¡quién sabe!- explorar la posibilidad de hacer un acuerdo con el actual presidente de Estados Unidos. Si el norcoreano lo hace, ¿por qué Cuba no podría imitarlo? Mientras tanto, Raúl Castro –que ha reconocido el pasado 26 de julio lo precario de su situación táctica y estratégica- quiere revivir el flujo (de 2014 al 2016) de empresarios “audaces y visionarios” que, tan pronto escuchen estos cantos de sirena, se arriesguen a invertir “para llegar primeros”.
Mientras los ojos del mundo se fijan otra vez en titulares, tan prometedores como falsos, respecto a la “nueva” constitución, los ojos de los cubanos están fijos en la ola paralela de draconianas medidas aprobadas en días recientes contra los cuentapropistas porque en Cuba son esas -no la Constitución- las que normarán su existencia. Por el momento, el debate constitucional y la aprobación paralela de una serie de leyes contra el emprendedor privado transitan cursos opuestos.
¿Cuán reales son los cambios?
- La aceptación retórica de la propiedad privada y la economía de mercado puede en el futuro abrir la puerta a una “piñata” que –sin por ello beneficiar a los emprendedores de la isla y la emigración– transforme a la elite de poder de clase burocrática autoritaria en clase propietaria autoritaria como ha ocurrido en otros países.
- Cambiar la palabra sociedad comunista por sociedad socialista no supone un repudio al Estado político totalitario que permanece inalterable y se considera “irrevocable” en esta nueva versión constitucional.
- La creación de nuevas instancias de dirección –como, por ejemplo, un primer ministro– no supone una distribución del poder. No son nuevos accionistas de la Corporación Castro Brothers sino apenas su nuevos CEOs.
¿Qué queda intacto?
Una sociedad cerrada, sin poderes separados ni Estado de Derecho, que reprime libertades básicas, con un Estado que sigue abrogándose el derecho de regular la economía y cualquier expresión de mercado en la que un grupo reducido personas controla, desde la cima de las instituciones militares y represivas, al partido único, la Asamblea Nacional, los consejos de ministros y de Estado. Un país donde ya es posible cambiar de sexo, pero no desviarse de la ideología oficial.
¿Qué es preocupante?
La capacidad legal que tendrá un Consejo de Defensa Nacional, del que se afirma que es “un órgano superior del Estado que dirige al país durante las situaciones excepcionales y de desastre”. O sea, para el caso de la siempre precaria situación de Cuba…. en cualquier momento.
Si en la primera constitución de la República de Cuba la Enmienda Platt consagraba el derecho de intervención de Estados Unidos si creía amenazados sus intereses en la isla, ahora la elite de poder militar establece constitucionalmente que puede saltarse las reglas y apariencias legales e intervenir todas las instancias del Estado si lo entiende necesario.
Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC)
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